El plan del Gobierno para atraer extranjeros y sumar 3.000 millones al PIB en siete años
El Ejecutivo quiere regularizar 300.000 personas al año con el nuevo reglamento de extranjería, una previsión que mejora la de Escrivá y que aliviaría las cuentas de las pensiones
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El BOE publicará a lo largo de esta semana un real decreto que contiene el nuevo reglamento de extranjería, una normativa comprometida con la Comisión Europea como una de las reformas para extender el Plan Fiscal Estructural de cuatro a siete años, lo que permitirá a España suavizar el impacto del ajuste anual. A raíz de su entrada en vigor, dentro de seis meses, el Gobierno aspira a regularizar anualmente a 300.000 extranjeros que impulsen la economía, sin aportar más cálculos desagregados del impacto de la norma. Por tanto, el objetivo de las modificaciones es económico, aunque también incluye novedades en el ámbito social, para agilizar las solicitudes de protección internacional.
Se trata de una de las reformas principales para elevar el crecimiento potencial de la economía española, que el Gobierno aspira a que se sitúe en tasas cercanas al 2%, frente al entorno del 1% de la década anterior. Para ello, el Plan Fiscal refleja un impacto de la reforma del reglamento de extranjería de 0,2 puntos de PIB en los próximos siete años, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros. De manera adicional, el Ejecutivo también compromete con Bruselas un impacto de una décima de PIB por una normativa sobre homologación de títulos que prevé aprobar en 2025, con lo que ambas sumarían unos 4.500 millones. Si se compara la magnitud, este impacto esperado de ambas reformas en materia de extranjería supera al de la reforma laboral de 2022, por la que el Gobierno espera sumar 0,2 puntos al PIB en el periodo de ajuste, entre 2025 y 2031.
Las principales novedades en materia laboral del nuevo reglamento tienen que ver con los permisos para buscar empleo o realizarlo y con las contrataciones en origen. En concreto, los visados para buscar un trabajo en España se extienden de tres a 12 meses, cambio que tiene la finalidad de "facilitar que las personas consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y que las empresas encuentren los profesionales que necesitan”. No obstante, esta figura continúa restringida a extranjeros que son hijos o nietos de españoles y todavía no se han definido las ocupaciones ni los ámbitos territoriales en los que se podrá aplicar. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esto se regulará en una orden ministerial posterior.
En materia de arraigo, las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, las modalidades se extienden a cinco, entre las cuales se mantienen las dos que tienen que ver con el empleo: el sociolaboral, que exige tener un contrato de trabajo; y el socioformativo, destinado a estudiantes. En este último se reducen los trámites para que los estudiantes extranjeros puedan quedarse a trabajar en España desde el primer día en el que encuentren empleo, sin tener que solicitar de forma expresa una autorización inicial de trabajo por cuenta ajena, algo que, reconocen en el ministerio, estaba provocando pérdidas de oportunidades laborales. Por otra parte, la principal novedad en las actividades de temporada cubiertas por extranjeros es que se crea una autorización específica de residencia y trabajo que permite a las empresas contratar en origen tanto a nivel individual como colectivo, aunque no han trascendido más detalles al respecto.
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Pese a las elevadas expectativas de impacto económico que el Gobierno ha comprometido con Bruselas por el reglamento, su memoria de impacto normativo no cuantifica cuánto empleo se podrá crear ni qué perfil de trabajadores se pretende atraer. Desde la cartera de Elma Saiz apuntan a que todavía es pronto para dar datos concretos y se limitan a señalar en la memoria que la reforma tendrá un "impacto económico positivo por razón de la atracción y retención de las personas extranjeras en el mercado de trabajo y por su contribución a la economía". En especial, el Gobierno aspira a que el reglamento ayude a cubrir las necesidades de mano de obra que manifiestan algunos sectores clave, como el de la construcción, según reflejan el 60% de las empresas del sector encuestadas por el Banco de España en la EBAE.
Mantener el estado del bienestar
Hay un motivo económico y demográfico más profundo en los esfuerzos por atraer extranjeros que el de cubrir las necesidades productivas inmediatas. "España necesita entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado del bienestar", declaró con rotundidad Elma Saiz durante la presentación del reglamento en el Consejo de Ministros de este martes. Una cifra que resulta optimista en perspectiva histórica y que se encuentra incluso por encima del crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social de los extranjeros entre 2022 y 2023 (227.201 en términos medios), años en los que se produjo el pico de la segunda oleada migratoria del siglo.
Desde el ministerio resaltan que la figura del arraigo jugará un papel clave en la consecución de dichas cifras. Su optimismo viene de que la afiliación a la Seguridad Social entre las personas con este tipo de permisos ha aumentado un 30,4% entre 2022 y 2023, lo que se ha traducido en la regularización de 97.036 y de 126.573 trabajadores, respectivamente, muy por encima de los de 2019 (25.757), de manera que los afiliados a través del permiso de arraigo ya suponen la mitad de la creación de empleo extranjero registrado en la Seguridad Social. El Gobierno atribuye parte de este auge a su reforma de 2022, que introdujo la tipología por formación, aunque ha coincidido con el boom de llegadas.
Según Elma Saiz, gracias a ambas reformas, "estimamos que se podrían regularizar unas 300.000 personas cada año en los próximos tres años", cifra que coincide con la que señala para mantener el estado del bienestar y que supone incrementar anualmente en 90.000 personas el dato de 2023 (210.334), que ya es el mayor de la serie e incluye tanto a trabajadores como a otras personas no afiliadas a la Seguridad Social. De cumplirse esta elevada previsión de regularizaciones, aliviaría notablemente las cuentas de las pensiones en el corto plazo. El dato enunciado este martes mejora incluso la estimación publicada en el informe de 2023 de proyecciones de gasto en pensiones, elaborado por José Luis Escrivá, en el que se anticipó una inmigración neta por debajo de las 300.000 personas desde 2024, con una caída progresiva hasta las 200.000 en 2031.
El BOE publicará a lo largo de esta semana un real decreto que contiene el nuevo reglamento de extranjería, una normativa comprometida con la Comisión Europea como una de las reformas para extender el Plan Fiscal Estructural de cuatro a siete años, lo que permitirá a España suavizar el impacto del ajuste anual. A raíz de su entrada en vigor, dentro de seis meses, el Gobierno aspira a regularizar anualmente a 300.000 extranjeros que impulsen la economía, sin aportar más cálculos desagregados del impacto de la norma. Por tanto, el objetivo de las modificaciones es económico, aunque también incluye novedades en el ámbito social, para agilizar las solicitudes de protección internacional.