Sanidad plantea suprimir Muface e integrar a los usuarios en la sanidad pública en 9 meses

El Ministerio de Sanidad entra de lleno en la polémica en torno a la renovación del convenio de Muface, que presta atención sanitaria a 1,5 millones funcionarios. El ministerio que dirige Mónica García plantea incorporar en nueve meses a la sanidad pública a los beneficiarios que reciben asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas por considerar que el "modelo Muface no es sostenible en la actualidad".

En el informe "MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud" elaborado por Sanidad, el Ministerio informa de que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 personas han escogido la sanidad de aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV), lo que supone el 67,3 % de la población mutualista.

Argumenta Sanidad en el informe que "el modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso". Por franjas de edad, el 42,4% de los usuarios están entre los 35 y 64 años, mientras que el 32% tiene más de 65.

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Las aseguradoras que venían prestando el servicio anunciaron recientemente su renuncia a concurrir a la licitación del concurso para los dos próximos años, al entender que las condiciones planteadas por el Gobierno (que planteaba una mejora de la oferta del 17%) supondría incurrir en pérdidas millonarias. Así, el informe elaborado por Sanidad recuerda que estas empresas demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación. Ante esta situación, desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se señaló la intención de preparar una nueva oferta.

Frente a esta intención, Sanidad plantea una prórroga de nueve meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la ley de Contratos del Sector Público. En ese periodo se haría un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud. Según sus cálculos, el paso de los mutualistas al sistema público apenas supondría un incremento de los pacientes del 2,12%, por lo que lo considera "viable".

En el informe se señala, de hecho, que una parte importante de los servicios sanitarios a los actuales mutualistas (los casos más graves y caros) ya los viene asumiendo la sanidad pública, ya que, denuncia, las aseguradoras hacen una "selección de riesgos".

Pacientes en terapia, los últimos

En esos nueve meses se podría plantear una incorporación paulatina, teniendo en cuenta a pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisan continuidad y que deben ser los últimos traspasados al sistema sanitario público.

En este tipo de pacientes y en caso de existir alguna contraindicación a la transferencia sanitaria (situación de final de la vida o muy alta complejidad de procesos oncológicos) se podría valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.

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Además, el informe abre la posibilidad en estos nueve meses a un plan de transición para garantizar la atención de pacientes crónicos en sus centros hospitalarios de referencia sin necesidad de pasar por el cauce común de una primera consulta.

También contempla un plan de transferencia para la información clínica que evite la duplicidad en las pruebas diagnósticas y terapéuticas y otro de comunicación para resolver cualquier duda.

El informe elaborado por Sanidad expone un escenario muy diferente al que plantean otros estudios, que en las últimas semanas han advertido del incremento del gasto y las listas de espera que se derivaría del cierre de este servicio. Así, un informe elaborado por la UCM auguraba un incremento de las listas de espera de especialistas de hasta el 266% y del 115% en quirúrgica.

El pasado 8 de octubre el Consejo de Ministros autorizó a Muface a celebrar conciertos para el aseguramiento a la prestación de la asistencia sanitaria a los beneficiarios que opten a recibirla a través de entidades de seguro. Para ello se realizó una oferta de 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026, lo que supone un incremento del 17% respecto al concierto anterior. Ninguna empresa decidió optar, quedando desierto.