Hacienda asume que entrará en 2025 con los presupuestos prorrogados, ¿y ahora qué?

El año 2025 comenzará con las cuentas de 2023 prorrogadas nuevamente. La falta de apoyos del Gobierno ha provocado que ni siquiera haya querido intentar la tramitación a pesar de los continuos anuncios de que no eludiría su responsabilidad constitucional. El Ministerio de Hacienda ha asumido ya que no conseguirá aprobar las cuentas antes de que acabe el año. Ya no da tiempo, confirma el Ministerio.

La tramitación de los presupuestos, aunque tiene carácter prioritario en las Cortes, está sometido a un largo proceso que dura, en el mejor de los casos, algo más de dos meses. Un tiempo que ya no tiene. La tramitación incluye las comparecencias de altos cargos (tanto en el Congreso como en el Senado), los debates a la totalidad, la discusión de enmiendas y, en el caso de veto del Senado, la devolución al Congreso para su aprobación definitiva. Aunque el Gobierno tuviese los apoyos, no podría tramitar las cuentas por mucho que quiera recortar los tiempos.

Pero el problema no es sólo de tiempos, es de apoyos. El Gobierno se vio obligado a retrasar nuevamente la Comisión de Hacienda del Congreso para ganar algo de tiempo en la negociación de la reforma fiscal. La realidad, hoy por hoy, es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no es capaz de recuperar la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

Si se consolida la derrota en la negociación, cuya votación está prevista para la próxima semana, será el tercer fracaso de la vicepresidenta en el camino hacia los presupuestos. Antes ya perdió la votación de la senda de déficit y tuvo que desistir de su segundo intento ante la negativa de los partidos de la investidura.

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Sin presupuestos, el Gobierno entrará en 2025 sin nuevas cuentas, por lo que necesitará buscar otros cauces normativos para sacar adelante las políticas de gasto que se incorporan a los PGE.

El Gobierno podrá actualizar las pensiones con un real decreto, como ha hecho en los años anteriores, sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin embargo, la actualización del salario de los funcionarios sí tiene que pasar por el Parlamento. Lo mismo ocurre con el IPREM, al que están vinculadas muchas prestaciones públicas. Sí subirá, de forma automática, el Ingreso Mínimo Vital, ya que el incremento de 2025 está incorporado en el Real Decreto-ley 2/2023. También los

El Gobierno necesita los impuestos

El retraso de la votación de la reforma fiscal en la Comisión de Hacienda del Congreso evidencia la necesidad del Gobierno de conseguir esos recursos adicionales. El ritmo del gasto público en lo que va de año complica el cumplimiento del objetivo de déficit de este año y el próximo.

La última previsión de la Autoridad Fiscal (AIReF) apunta un déficit público del 2,7% el próximo año, dos décimas por encima del objetivo fijado por el Gobierno. Y eso sin contabilizar los gastos de la DANA, que se excluirán del objetivo de déficit.

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En cuanto al límite de gasto, la AIReF calcula que, a políticas constantes, el gasto primario neto crecerá un 3,7%, igualando el límite máximo permitido por la Comisión Europea. Esto significa que sin nuevos impuestos no hay margen para más gasto.

El Gobierno todavía tiene tiempo para extender la negociación de la reforma fiscal. Los trámites que le quedan a esta ley: votación en la Comisión y el Pleno del Congreso, remisión al Senado y recogida del texto en el Congreso si lo veta la mayoría del PP en la Cámara Alta durarían un mes aproximadamente. Esto significa que el Ministerio de Hacienda todavía juega con margen, e incluso podría retrasar una semana más la remisión al Pleno.

Senda de estabilidad

El tercero de los trámites parlamentarios que tiene que superar el Gobierno es el de la senda de estabilidad. En este caso, el margen también se le está agotando. En el mejor de los casos, la propuesta no llegaría al Congreso hasta finales de mes y el Senado podría retrasar un mes adicional el veto. De ahí, volvería al Congreso, para su aprobación definitiva con el tiempo muy ajustado.

En cualquier caso, la senda de estabilidad ha pasado ya a un plano secundario. El Gobierno necesita recomponer sus apoyos en el Congreso para dar cauce a los presupuestos a lo largo del primer trimestre del próximo año. Pero, semana a semana, los plazos se van retrasando. Lo que ya está claro es que 2025 empezará con las cuentas prorrogadas de 2023. Una situación que, en otro momento, hubiese forzado a un gobierno a dimitir, pero que ahora se ve con normalidad mientras los socios de investidura siguen inmersos en una negociación fiscal sin final que va saltando entre temas sin concretar ninguno: financiación autonómica, objetivos de déficit, subida de impuestos, quitas de deuda…