El CES entra en la pugna por la ley de los créditos morosos: la banca lleva algo de razón

Los bancos y fondos oportunistas están en pie de guerra con el Gobierno por la nueva ley para créditos morosos y el Ejecutivo, que debe transponer una directiva para regular dicha gestión, se ha encontrado con otra voz discordante (en parte), el Consejo Económico y Social (CES). Así, el órgano consultivo presidido por Antón Costas ha dado parte de razón a las entidades financieras tras la petición de que emitiera un dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Administradores y Compradores de créditos, que ha sido aprobado este jueves.

El escrito del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes fue remitido a la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad del CES a mediados de octubre y, pese a contar con una valoración positiva, ha realizado diversas observaciones al anteproyecto. Una de ellas ha sido sobre la obligación de que las entidades ofrezcan al prestatario en situación de vulnerabilidad económica, cuyo préstamo haya devenido dudoso, la posibilidad de seguir ligado a la entidad mediante el cumplimiento de un plan de pagos individualizado ante la venta o cesión de su préstamo a un tercero, incluyendo un esquema de quitas.

Este plan de pagos, a juicio del CES, condiciona la capacidad de maniobra de las entidades financieras españolas a la hora de gestionar los riesgos de impago. De ahí que soliciten al Gobierno un "mejor equilibrio entre la necesidad de crear un entorno apropiado para que las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito puedan hacer frente a los créditos dudosos en sus balances y reducir el riesgo de una acumulación futura, y el de mejorar la protección de los consumidores, en concreto de aquellos en situación de vulnerabilidad económica", tal y como han manifestado en su sesión ordinaria del pleno celebrado este 14 de noviembre.

Así, el órgano consultivo ha recordado en su dictamen que la norma europea, cuya transposición va con retraso al vencer el plazo en diciembre, busca la armonización en el tratamiento de los créditos no dudosos para que pueda darse un entorno competitivo equilibrado para el sector bancario comunitario. "Imprescindible, como señala la Directiva, para mantener la estabilidad financiera y fomentar la concesión de créditos, a fin de generar empleo y crecimiento en la Unión", recalcan.

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El legislador español, de hecho, ha ido más allá de lo dispuesto en la Directiva para ofrecer una protección especial a los prestatarios en situación de vulnerabilidad económica, haciendo uso de la libertad que tienen los Estados miembros para imponer medidas adicionales en esta política de renegociación de deudas. "Esta protección especial se concentra en los créditos al consumo para las personas físicas, ya que los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad se encuentran protegidos por los códigos de buenas prácticas" le parece positiva al CES.

La situación de vulnerabilidad económica queda concretada en el anteproyecto en los beneficiarios reconocidos del ingreso mínimo vital. A este respecto, el CES ha llamado la atención sobre los problemas de implementación del IMV y su brecha de cobertura en relación con los potenciales beneficiarios, de forma que, en 2023, un 53% de estos potenciales beneficiarios no accedió al mismo.

El otro punto discordante, según argumenta el CES, se refiere a la información suministrada a los compradores potenciales de créditos dudosos. Desde el órgano consultivo consideran positivo que se contemple el derecho de los posibles compradores de recibir la información necesaria para la valoración de los créditos, aunque "adolece de una falta de concreción sobre esta información, lo que podría generar inseguridad jurídica para los diferentes actores". En concreto, la referencia realizada al 'posible comprador' (artículo 14) "no delimita suficientemente el ámbito subjetivo de las entidades que tienen derecho a recibir la información y resultaría conveniente circunscribir en mayor medida estas entidades, en línea con el Reglamento de Ejecución que se refiere a posibles compradores que estén seriamente interesados".

"El origen de la norma europea se encuentra en la necesidad de crear un mercado secundario de créditos en la Unión Europea"

Las dos reticencias del CES al anteproyecto están en línea con las quejas de los fondos que se dedican a comprar y gestionar carteras de créditos impagados o que han tenido problemas de mora en el pasado, y también de los propios bancos, que temen perder capacidad de gestionar los riesgos de su balance con trato directo con los morosos o ventas de portafolios. Fuentes del mercado apuntan a que desde la banca y desde la industria de fondos oportunistas, representados por la patronal Angeco, ya se habían transmitido a Economía las mismas advertencias que ha realizado el CES.

También algunos expertos han alertado de consecuencias negativas si el anteproyecto ve la luz en su formato actual. "Del contenido del anteproyecto, en las últimas versiones que han sido conocidas, y aunque su evolución ha sido positiva, destacaríamos el riesgo de que, en el loable intento de proteger a la población vulnerable, pueda terminar produciéndose de facto su exclusión en la financiación de los activos de mayor valor (como un automóvil, por ejemplo) debido a la posibilidad que se recoge en el anteproyecto en su versión actual de que pueda producirse una condonación total de la deuda transcurrido un período de pago en el que solo una pequeña parte de ella hubiera sido satisfecha", arguye Francisco Uría, socio global de Banca y Mercados de Capitales de KPMG.

Uría también recuerda que el anteproyecto afectará a los servicers y al conjunto del sector financiero. "El origen de la norma europea se encuentra en la necesidad de crear un mercado secundario de créditos en la Unión Europea que tuviera la capacidad efectiva de contribuir al saneamiento y fortaleza del sector financiero en su conjunto. Para ello, se establece un régimen jurídico relativamente armonizado con una autorización obligatoria del supervisor local (el Banco de España en nuestro caso) lo que obligará a los servicers a efectuar un trabajo previo de adaptación a la norma", agrega el socio de KPMG.