La herencia envenenada de Aragonès para Illa: 4.731 millones de facturas en el cajón

Pere Aragonès le dejó a su sucesor en el cargo Salvador Illa un traspaso de poderes modélico, pero también una herencia envenenada: 4.731 millones de euros en facturas en el cajón, obligaciones reconocidas pero pendientes de pago, según consta en el resumen de la Cuenta General correspondiente al año 2023 de la Generalitat y que reflejan la liquidación final del ejercicio. Esta partida evidencia la dificultad de la Generalitat para controlar el gasto corriente, pero también un problema endémico de esta administración.

Desde la conselleria de Economía reconocen la gravedad del problema y avanzan que se está trabajando para ver cómo se puede corregir este incremento del gasto desplazado y buscar la fórmula para atajarlo.

El alivio puede llegar por dos vías: la condonación del FLA que en su momento pactó ERC con el Gobierno, pero sigue pendiente de aplicación; se cuenta con que habrá pasos por parte del Gobierno de España y se negociará algún tipo de solución transitoria hasta que se acuerde el nuevo cupo catalán. La condonación del FLA supondría reducir la deuda en 14.600 millones y los costes financieros en 1.300 millones.

La cifra de gasto desplazado en 2023 es preocupante, y la evolución es aún peor. En 2020, en plena pandemia, las facturas en el cajón sumaban 2.505 millones. Tres años después, la cuantía casi se ha duplicado. Pere Aragonès asumió el cargo en mayo de 2021. Su gobierno debería haber atajado esta sangría, pero no fue así.

El problema puede identificarse de manera simple: el gasto sanitario

En octubre de 2022 llegó como consellera Natalia Mas, también de ERC. Sin embargo, el problema se agravó: el gasto desplazado se disparó un 23% ese año. Ahora, la socialista Alicia Romero, la nueva consellera del PSC, debe lidiar con ese problema.

El problema puede identificarse de manera simple: el gasto sanitario. Como explica una fuente de la conselleria, la raíz del problema se encuentra en que, con el covid en 2020, la Generalitat realizó una serie de desembolsos que, en aquel momento, en medio de una pandemia, se consideraron extraordinarios, pero que han terminado convirtiéndose en estructurales.

Así, en 2023, de los 4.731 millones de gasto desplazado registrados por la Generalitat, un total de 3.131 millones corresponden a gasto sanitario, lo que representa dos de cada tres euros. En 2020, la cobertura de salud era solo la mitad del total.

Sanidad desbocada

Mientras el gasto desplazado del resto de la Generalitat permanece relativamente estable, es el gasto en Sanidad el que genera este déficit. En 2023, creció un 18% y casi se duplicó respecto a 2020.

En el resumen de la Cuenta General se especifica que “la mayor parte del gasto desplazado corresponde al Servei Català de la Salut (SCS) y al ICS, donde tradicionalmente las partidas presupuestarias para conciertos sanitarios y farmacia del SCS, y el capítulo II del ICS, han presentado insuficiencia presupuestaria”.

La Generalitat reconoce en su informe que el gasto desplazado se ha cronificado

El informe añade que “si bien en términos generales estas dotaciones presupuestarias cubrirían la práctica totalidad del gasto anual, el hecho de tener que afrontar el gasto diferido del ejercicio anterior cronifica la existencia de gasto desplazado año tras año”. En otras palabras, el problema de las facturas en el cajón de la Generalitat se ha convertido en estructural.

Gastos generales

Por su parte, el gasto diferido en el caso de la Administración General y las entidades autónomas no responde, en general, a motivos de insuficiencia presupuestaria, según la Generalitat, sino a particularidades específicas de algunos gastos.

Entre ellos, el informe destaca los aplazamientos de pago vigentes en las cuotas sociales, el largo plazo de tramitación de las ayudas de dependencia o el abono de compromisos pendientes en las ayudas a guarderías locales, entre otros ejemplos.