Por qué el Gobierno no necesita unos nuevos presupuestos para las ayudas por la DANA

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Las ayudas públicas a los afectados por la DANA se han convertido en un argumento para el Gobierno en su intención de tramitar los Presupuestos Generales del Estado. El presidente Pedro Sánchez vinculó el martes las futuras ayudas al desbloqueo de las cuentas públicas: "Buscaremos los vehículos [de gasto] más eficaces y ágiles, en el marco de los presupuestos. [...] Espero que tengamos el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar unos presupuestos, que hoy son más necesarios que ayer".

La ayuda a los afectados es un instrumento muy poderoso para presionar a los distintos grupos políticos. Sin embargo, es un argumento incompleto, porque los presupuestos no son imprescindibles para canalizar las ayudas. De hecho, sería la primera vez que se necesitan unos presupuestos para abordar una política fiscal considerada imprescindible. Las experiencias no faltan, porque las emergencias han sido recurrentes en los últimos años, desde la pandemia hasta la crisis energética o la inflación de los alimentos.

El Gobierno ha tirado de la figura del real decreto ley para poner en marcha todos esos paquetes de ayudas. Por ejemplo, en el año 2022, el de la invasión de Ucrania, el Gobierno puso en marcha medidas extraordinarias por valor de 22.000 millones de euros, más del doble de la cantidad anunciada ayer, incluyendo subvenciones a los combustibles, rebajas en el IRPF, avales ICO…

Todas esas medidas se aplicaron sobre unos presupuestos que estaban recién actualizados, algo que no ocurre en la actualidad, en el que los presupuestos están prorrogados. Y esto podría ser un argumento a favor del Gobierno si no existiese el precedente del año 2020. Durante la pandemia, el Ejecutivo desplegó todo su escudo social sobre unos presupuestos que llevaban dos años en vigor. Los últimos aprobados fueron los de 2018, los últimos de Mariano Rajoy.

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Las restricciones legales a la modificación de los presupuestos en vigor son mínimas, por no decir, inexistentes. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado en innumerables ocasiones a su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, por aplicar una limitación que no existía. Se trataba de vincular la actualización de la financiación autonómica a la aprobación de los presupuestos, para así presionar a los gobiernos autónomicos del PSOE.

Montero no deja pasar la ocasión para enmendar la plana a Montoro: "El señor Montoro, cuando era ministro de Hacienda, siempre dijo y sostuvo que no era legal darle las entregas a cuenta actualizadas a los territorios sin que se hubiesen aprobado los presupuestos correspondientes. Hemos demostrado que no era así", reiteró hace apenas unos meses.

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El margen legal que tiene el gobierno (y el Parlamento) para aprobar modificaciones presupuestarias es muy amplio. Y es lógico que sea así, ya que es la forma de poder reaccionar ante eventos imprevistos que ocurren a lo largo del año. Esta vez no es diferente. Pero las modificaciones presupuestarias no se limitan a circunstancias excepcionales. En lo que va de año, el Ministerio de Hacienda ha realizado ampliaciones de crédito y usos de remanentes por valor de más de 25.000 millones de euros, a los que se suman casi 30.000 millones de transferencias entre partidas ya aprobadas. Esto es, modificaciones que superan los 50.000 millones de euros (incluyendo la actualización de las entregas a cuenta) que se han realizado sin necesidad de unos nuevos presupuestos.

Si esto ha sido posible, también lo será la incorporación de las inversiones para reconstruir los municipios afectados por la DANA. Es más, estas partidas realmente tendrán la consideración de gastos de extraordinaria urgencia y necesidad para canalizarse con la figura del real decreto-ley.

El debate sobre la necesidad de los presupuestos es meramente político. La única obligación es la que fija la Constitución: el gobierno de turno tiene que presentar el proyecto de presupuestos antes del final de septiembre de cada año. Una vez ignorado este mandato constitucional, el debate es puro relato.

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El mejor ejemplo ocurrió hace justo un año. Cuando Sánchez logró la investidura, el Gobierno comenzó a argumentar que los presupuestos eran imperativos para canalizar el segundo tramo de los fondos europeos (los de la adenda). Nadia Calviño, ya como presidenta del BEI, afirmó que "los presupuestos son el instrumento para poder canalizar todos los fondos europeos". Y Montero, en comparecencia en el Congreso, explicó que los presupuestos "están ligados con el despliegue de los fondos Next Generation, especialmente con la adenda que, como saben, acabamos de acordar".

Sin embargo, cuando el Gobierno asumió que no contaría con la mayoría suficiente para aprobarlos, tiró por tierra su propio argumento. En palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la prórroga presupuestaria "no supone ningún freno" para la ejecución de los fondos europeos. Y tenía razón. La existencia de unos presupuestos en vigor nunca ha sido un impedimento para aplicar la política fiscal deseada por el gobierno o por el Parlamento. Y es comprensible que sea así. De hecho, hasta las nuevas reglas fiscales europeas permiten aplicar cambios en los planes fiscales sobre la marcha ante eventos imprevistos.

El esfuerzo presupuestario

Los 10.600 millones en ayudas aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes suponen el 0,7% del PIB del país. Eso no significa que vayan a aumentar el déficit en siete décimas, lo que en condiciones normales echaría por tierra cualquier esperanza de cumplir con la regla de oro del 3% establecida por Bruselas: no todas las ayudas son gasto público, sino que, por ejemplo, casi la mitad (5.000 millones) corresponden a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las empresas y las familias afectadas.

Además, el Gobierno ya ha anunciado que pretende sufragar una parte de estas medidas con fondos comunitarios. Esto se hará de dos formas distintas. Por un lado, ha iniciado el trámite para solicitar el Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE), que permitirá recibir subvenciones para financiar parte de los daños directos causados por la DANA y sus repercusiones. Por el otro, ha pedido al Consejo Europeo y al Parlamento la aprobación de un nuevo reglamento que permita reprogramar los fondos de cohesión, con el objetivo de dedicar parte de los recursos que corresponden a nuestro país a la respuesta a catástrofes naturales como la de la semana pasada.

Ninguna de las medidas anteriores se financian con recursos del Reino de España, por lo que no computan para el déficit. De la misma manera, las posibles reasignaciones de fondos de los presupuestos generales del Estado para la respuesta a la catástrofe tampoco lo harán, ya que suponen un juego de suma cero: se quitan de una partida para meter en otra.

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Respecto al dinero extra que sí saldrá de las arcas de Hacienda, la Comisión ha anunciado que el déficit adicional que provoque no se contabilizará. Tampoco el que se genere por los préstamos europeos del Fondo de Recuperación (NextGenerationEU), que el Gobierno podría desviar a este nuevo objetivo, pero sí tendrá que devolver a las autoridades comunitarias.

En ese sentido, resulta imprescindible hacer una precisión: el hecho de que Bruselas no lo tenga en cuenta para abrir un procedimiento de déficit excesivo contra España no significa que ese saldo negativo extra en las finanzas públicas no exista. Y esto es fundamental para hacer numerosos cálculos económicos, empezando por el cuadro macro del Ejecutivo.

"Tendremos que revisar el impacto sobre el déficit público y la deuda pública"

Moncloa calcula que España llegará al objetivo del 3% este año, medio punto menos que el año anterior. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha avisado este mismo martes de que la cifra no se moverá en 2024, si se mantiene la previsión de incremento del gasto público que estima la propia Hacienda.

En otras palabras: ya antes de la DANA, el déficit no iba por el buen camino, una realidad que solo puede empeorar, aunque sea ligeramente, con las medidas extraordinarias anunciadas este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, sobre todo, con las que están por venir en la segunda y tercera fase del plan para las zonas afectadas, que se irá desarrollando durante los próximos meses (o incluso años).

El propio Sánchez ha reconocido este extremo durante su comparecencia ante los medios: "Son muchos recursos económicos, y vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias y otros que tendremos que desembolsar de nuestras cuentas públicas. Eso nos va a hacer revisar el impacto que va a tener sobre el déficit público y la deuda pública". Aunque la UE no los vaya a tener en cuenta para abrir un expediente fiscal a España, el dato no va a desaparecer y obligará, con toda seguridad, a realizar un nuevo esfuerzo de gasto.