Sánchez anuncia 10.600 M de ayudas y el pago del 100% de los gastos a ayuntamientos
El paquete incluye ventajas fiscales para familias y empresas, 5.000 millones en créditos ICO, una incapacidad temporal extraordinaria y el pago del 100% de los gastos de los ayuntamientos
Lluvia de millones para hacer frente a las consecuencias de la DANA en el Levante español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una primera fase de 10.600 millones en ayudas, aprobadas en un decreto del Consejo de Ministros que declara la zona catastrófica en los 75 municipios afectados. Entre las acciones, están un sinfín de ayudas directas a familias y empresas para paliar los desperfectos, una incapacidad temporal extraordinaria para los trabajadores, 5.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que también podrán pedir los hogares, numerosas ventajas fiscales y el pago del 100% de los gastos que tendrán que afrontar los ayuntamientos de la zona para afrontar la emergencia.
El Gobierno desarrollará estas y otras medidas a través del Plan de respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana, que se articulará en tres fases: la de respuesta inmediata, durante las próximas semanas, la de la reconstrucción de las zonas afectadas y la de relanzamiento, para "adaptar el territorio a la emergencia climática", en palabras del propio Sánchez. Todas las acciones se irán publicando en un banner que el Ejecutivo incluirá esta misma tarde en la página oficial lamoncloa.gob.es. De momento, estas son las anunciadas por el presidente.
Incapacidad extraordinaria
El Gobierno creará una nueva figura de incapacidad temporal extraordinaria "para todas las personas dañadas física o psicológicamente" por la gota fría. Esto les permitirá cobrar el 75% del salario desde el primer día en que sea concedida la IT. Además, y conforme al Real Decreto 307/2005, que regula las subvenciones para las zonas catastróficas, ofrecerá un pago de 72.000 euros para aquellos que sufran una incapacidad permanente como consecuencia de la DANA.
Exenciones fiscales
Sánchez ha anunciado un amplio paquete de exenciones fiscales, similares a las que ya se aplicaron durante la pandemia y la erupción del volcán de La Palma.
Los afectados no tendrán que pagar el IBI de las viviendas en 2024. Tampoco las tasas de tramitación de la baja de los vehículos que hayan quedado inutilizados o la expedición de los documentos oficiales extraviados, mientras que las ayudas por daños personales quedarán exentas de tributación en el IRPF.
Además, las empresas que suspendan la actividad a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, al menos hasta febrero de 2025. Las compañías también se beneficiarán de una reducción del impuesto de actividades económicas en el ejercicio 2024, así como de la reducción en el IRPF y el IVA para las explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada.
Por último, y como ya había anunciado este lunes el Ministerio de Hacienda, se ha aplazado el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025, lo que beneficiará a 200.000 contribuyentes afectados por la DANA.
Moratoria hipotecaria
Aquellas personas que tengan una hipoteca o un crédito al consumo podrán posponer el pago íntegro de los mismos durante tres meses y el pago de los intereses durante nueve meses adicionales. Esto permitirá que los primeros tres meses, los hipotecados no paguen ni un euro, y que una hipoteca media solo tenga que afrontar el pago de 300 euros mensuales durante los nueve meses siguientes. La medida, que ha sido pactada con las entidades financieras, también beneficiará a las empresas que facturen menos de seis millones de euros.
Préstamos ICO
El Gobierno recuperará los avales del ICO, que se habían puesto en marcha durante el covid y ofrecen a los afectados préstamos respaldados por el Estado en unas condiciones muy favorables. Esta medida contará con un presupuesto de 5.000 millones de euros, y se irá activando de forma progresiva. De momento, el primer tramo, de 1.000 millones de euros, se podrá solicitar a partir de la próxima semana a través de las diferentes entidades financieras. Es una cantidad similar a la que se solicitó en la provincia de Valencia durante la crisis del covid.
La novedad respecto a la pandemia es que estos préstamos no solo estarán destinados a las pymes y a los autónomos, sino que también podrán acogerse a ellos los hogares, para apoyar las labores de limpieza y reparación. Sin embargo, las medidas más importantes para adecentar las viviendas y los negocios perjudicados son las ayudas directas.
Ayudas directas a hogares
Sánchez ha anunciado que se multiplicarán por cuatro las ayudas contenidas en el Real Decreto 307/2025 de subvenciones para situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Serán ayudas destinadas a la reparación o reposición de los bienes personales dañados por la riada y que son adicionales a la cobertura de los seguros individuales que tuvieran contratados. Las subvenciones tendrán un alcance universal, por lo que podrán beneficiarse todos los afectados con independencia de su renta.
Las ayudas serán de entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas dañadas
Las ayudas serán de entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas dañadas y de hasta 10.300 euros para reparar o cambiar muebles, electrodomésticos y otros enseres afectados. También se establece una línea de ayudas a las comunidades de vecinos para reparar zonas comunes, como portales o ascensores, cuya cuantía puede llegar a un máximo de 37.000 euros. Estas ayudas se cobrarán en un periodo máximo de 30 días y el Gobierno eliminará la práctica totalidad del papeleo, ha anunciado el presidente.
Además, las personas que reciben el ingreso mínimo vital (IMV) o alguna prestación no contributiva las verán incrementadas en un 15% durante los próximos tres meses. Las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad se asimilarán a las derivadas de accidentes laborales, lo que supone un aumento de la cuantía y una mejora del cálculo, que se hará con base en los ingresos totales del último año.
En cuanto a los vehículos siniestrados por la DANA, el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, ha comenzado a realizar los primeros pagos este martes. El Gobierno elevará la indemnización en un 20% por encima del valor de tasación de cada vehículo.
Ayudas directas a empresas
Las ayudas a empresas también serán universales, pero beneficiarán especialmente a autónomos y pymes, por ser quienes tenían presencia mayoritaria en las zonas afectadas. En total, el Gobierno activa un presupuesto de 838 millones de euros. Solo podrán acceder a estas ayudas las empresas y autónomos con domicilio fiscal en los 75 municipios beneficiados por el plan.
De forma individual, las ayudas a autónomos serán de 5.000 euros y las de empresas oscilarán entre 10.000 y 150.000 euros en función del volumen de negocios, aunque no ha precisado cuáles son los umbrales. El Gobierno calcula que las ayudas llegarán a 65.000 autónomos y 30.000 empresas, fundamentalmente pymes.
Como ocurre con las ayudas a las familias, el Gobierno pagará en un periodo de 30 días sin papeleo. Las empresas solo tendrán que presentar un número de cuenta para cobrar las ayudas.
Las empresas tendrán derecho a solicitar un ERTE de fuerza mayor para sus trabajadores mientras no puedan seguir desarrollando su actividad, cuya cotización estará exonerada en un 100%. Para las que puedan continuarla, se habilitará la opción de solicitar aplazamientos a un tipo de interés reducido del 0,5% durante los próximos cuatro meses, o bien moratorias a un año con interés cero.
Los autónomos tendrán derecho a solicitar el cese de actividad extraordinario, incluso aquellos que no tengan el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación. La cuantía de esta ayuda ascenderá al 70% de la base reguladora de cada autónomo.
Ayudas a ayuntamientos
El Gobierno también ha optado por que sea el Estado quien asuma el grueso del coste de limpieza y reconstrucción de las zonas afectadas por las riadas, para que el coste no recaiga sobre los ayuntamientos ni las diputaciones provinciales.
En primer lugar, el Estado financiará el 100% de los gastos de emergencia que tengan que acometer las corporaciones locales para la limpieza, la reparación de los suministros de agua potable, el alojamiento y la manutención de la población afectada. Posteriormente, el Estado asumirá el 50% del gasto en inversiones para la reparación de todas las infraestructuras públicas de competencia local, desde carreteras hasta centros deportivos o inmuebles de titularidad pública.
El Gobierno se ha comprometido a reforzar la red de juzgados y registros de la propiedad
El Estado también compensará a los ayuntamientos por la suspensión de algunos impuestos transferidos a las corporaciones locales, como es el caso del IBI.
Estos municipios necesitarán reforzar su red de juzgados y registradores de la propiedad para canalizar todos los trámites burocráticos derivados de los destrozos provocados por las riadas. En muchos casos, los locales habilitados a estos servicios se han visto dañados, por lo que no están prestando servicio. El Gobierno se ha comprometido a reforzar estos servicios con la apertura de nuevas oficinas en los municipios afectados y la creación de un portal de emergencias registrales por satélite.
Fondos europeos
Por último, el Ejecutivo ha pedido la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y ha solicitado al Consejo Europeo y al Parlamento la aprobación de un nuevo reglamento que permita reprogramar los fondos de cohesión que corresponden a España para dedicar parte de los recursos a la respuesta a catástrofes naturales. "Estaremos con nuestra gente hasta el final para relanzar las zonas afectadas y recuperar la normalidad", ha concluido Sánchez.
Lluvia de millones para hacer frente a las consecuencias de la DANA en el Levante español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una primera fase de 10.600 millones en ayudas, aprobadas en un decreto del Consejo de Ministros que declara la zona catastrófica en los 75 municipios afectados. Entre las acciones, están un sinfín de ayudas directas a familias y empresas para paliar los desperfectos, una incapacidad temporal extraordinaria para los trabajadores, 5.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que también podrán pedir los hogares, numerosas ventajas fiscales y el pago del 100% de los gastos que tendrán que afrontar los ayuntamientos de la zona para afrontar la emergencia.