50.000 millones en préstamos europeos sin destino claro a dos años de que venza el plazo

España aún no ha concretado qué hará con 50.000 millones de euros de los préstamos europeos. A menos de dos años de que acabe el plazo para que estas partidas lleguen a sus destinatarios, nuestro país todavía no las ha comprometido, según un informe de la consultora LLYC (la antigua Llorente & Cuenca). Esto quiere decir que no se ha puesto negro sobre blanco cómo se van a articular estos fondos, a través de la firma de los convenios pertinentes con las partes implicadas.

El avance en el despliegue de los llamados NextGenerationEU resulta muy desigual entre sus dos grandes patas: las subvenciones, que la Comisión Europea otorga a fondo perdido a los Estados gracias a las emisiones mutualizadas de deuda, y los préstamos, que las capitales deben devolver. En el primer caso, ya está casi todo comprometido a través de convocatorias y licitaciones, mientras que en el segundo todavía queda un largo camino por delante.

Tras la adenda (añadido) al plan de recuperación original, España contará con 80.661 millones en transferencias no reembolsables y 83.140 millones en préstamos, de acuerdo con los cálculos de LLYC. Son cifras muy similares, lo que permite comparar fácilmente el ritmo al que progresan ambos mecanismos: mientras que de las subvenciones a fondo perdido solo quedan 4.840 millones por comprometerse, de los préstamos todavía restan 50.466 millones.

En total, España aún no ha concretado cómo desplegará 55.306 millones de euros, un tercio del total. En el caso de las transferencias, solo falta un 6%, mientras que en el de los préstamos, que la Comisión Europea ofrece a un tipo de interés muy inferior al del mercado y al que se financian los Estados miembros —las emisiones mancomunadas de deuda para los NextGenerationEU son muy competitivas—, esta cifra se dispara hasta el 61%. En otras palabras: tres de cada cinco euros en créditos blandos todavía no están comprometidos. Son datos hasta el 30 de septiembre de este año.

La explicación de este retraso tiene mucho que ver con el hecho de que España decidió no pedir los préstamos en el plan de recuperación original (2021), a diferencia de otros países, como Italia. Las dudas sobre si las empresas tendrían apetito por participar de esta herramienta, que implica la devolución de los fondos, se disiparon un año después: ante la expectativa de subidas de los tipos de interés, el Ejecutivo decidió incluir en la adenda la solicitud de los créditos blandos.

Está previsto que los 83.000 millones en préstamos se vehiculen a través de 14 fondos diferentes. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) participará en varios de ellos, por un valor de 40.000 millones, mientras que los 20.000 del fondo de resiliencia autonómica contarán con la intermediación del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La quinta parte del total (unos 17.000 millones) irá a parar a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes), orientados a la transformación de los sectores productivos.

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Finalmente, el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) aprobó la adenda el 17 de octubre de 2023, 27 meses después del plan de recuperación. Ese es el decalaje que hace que los préstamos pendientes de comprometer sean 10 veces más que las transferencias en la misma situación. El problema es que ambos mecanismos cuentan con la misma fecha de caducidad: en agosto de 2026 tienen que estar gastadas todas las subvenciones y concedidos todos los préstamos. A la vista de los datos actuales, lo primero va por mejor camino que lo segundo.

Mucho camino por recorrer

Sin embargo, en ambos casos todavía queda mucho por recorrer. Las cifras anteriores aluden en todo momento al diseño del plan, que habilita, desde un punto administrativo, la distribución de los fondos. Es decir, hacen referencia a las convocatorias o licitaciones que ya se han lanzado para canalizar las transferencias y los convenios firmados para poner en marcha los préstamos. Pero eso no significa, ni mucho menos, que los que figuran como comprometidos hayan llegado ya a la economía real. Y ni siquiera asegura que lo vayan a hacer algún día.

"Los fondos comprometidos no se pueden considerar como efectivamente gastados, ya que el pago del importe previsto en las convocatorias depende de que exista la suficiente concurrencia, de que los proyectos se ajusten a los requisitos establecidos en las convocatorias abiertas y de que se ejecuten correctamente", aclara el informe de LLYC. En otras palabras: es posible que haya convocatorias que queden desiertas, como ocurrió, por ejemplo, con el 70% de los casi 3.000 millones de la primera parte del proyecto estratégico del vehículo eléctrico (Perte Vec), lo que obligó a volver a comprometerlos en posteriores procesos.

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La fórmula más útil para conocer el avance real del despliegue de los fondos es atender a la resolución de las licitaciones y convocatorias (cuando se decide a quién se conceden) y el nivel de adjudicación de las mismas (fondos resueltos menos fondos desiertos). Dada la complejidad del proceso, que es gestionado en gran medida por las administraciones territoriales, LLYC solo recoge lo que ha pasado con la parte que está en manos de la Administración General del Estado (AGE). "De las comunidades autónomas se sigue sin disponer de datos completos y actualizados", justifica el informe.

Del total de fondos comprometidos por la AGE (46.684 millones), ya se han resuelto 36.458, el 78% del total. Y de estos últimos, más del 80% han sido adjudicados. "El nivel de resolución de las convocatorias y licitaciones de la AGE (...) ha aumentado casi 10 puntos respecto de hace un año, aunque en el último trimestre parece haberse ralentizado. El porcentaje de adjudicación sobre lo convocado y licitado sigue aumentando también (aunque ligeramente, algo menos de un punto respecto a hace un año)", añade el documento.

Esto último ha favorecido que los remanentes, es decir, los fondos no adjudicados de las convocatorias ya resueltas, se hayan reducido un 6% desde el anterior informe de LLYC, que ofrecía datos hasta junio. Aunque todavía quedan más de 7.000 millones que tarde o temprano tendrán que ser convocados de nuevo, la principal preocupación no está ahí, sino en las dudas sobre cómo se van a articular los créditos blandos, según resumen fuentes de la consultora: "Hay un problema evidente con los préstamos. No hay apetito por ellos y hay riesgo de que se quede mucho dinero en el cajón".