Los impuestos pactados por Montero y Junts: diésel, pisos turísticos, banca y tabaco

La reforma fiscal, que el Gobierno había aplazado una y otra vez, entra en su fase decisiva. Después de un día de una intensísima negociación parlamentaria, liderada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el PSOE ha presentado sobre la bocina un larguísimo documento de 139 páginas con nuevos impuestos y varias modificaciones en otros ya existentes. Las enmiendas, que se incluirían en el proyecto de ley para transponer la directiva que armoniza el impuesto de sociedades a las multinacionales, contemplan la equiparación de la tributación del diésel y la gasolina, la imposición del IVA a los pisos turísticos, la extensión del impuesto a la banca por un tiempo "limitado" y un nuevo tributo sobre los cigarrillos electrónicos. No así el impuesto extraordinario sobre las energéticas, que decaerá.

Según han confirmado a este periódico fuentes de Junts, las enmiendas presentadas por los socialistas están pactadas con la formación independentista, que resulta clave para que puedan salir adelante durante la tramitación parlamentaria. Con la aquiescencia expresada por el PNV en un comunicado y a falta de los socios de izquierdas, con quien tendrá que negociar, este es el boceto de la reforma fiscal prometida por el Ejecutivo, que había quedado en un cajón por la pandemia y la posterior crisis inflacionista. España tiene que llevarla a cabo para recibir los 7.500 millones de euros del quinto pago de los fondos europeos.

Cambios en el impuesto a la banca

El pacto entre PSOE y Junts mantiene el gravamen a la banca, aunque con cambios significativos. El primero es el nombre, porque pasa a denominarse 'impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras'. Además, el texto prevé una vigencia de tres años, en vez de hacerlo permanente como quería el Gobierno. Lo que no se contempla, como se había reclamado desde algunas fuerzas políticas y organizaciones empresariales, son bonificaciones por financiar pymes o sectores como las renovables.

La propuesta, recogida en las enmiendas socialistas, modifica el tributo y lo extiende a casi toda la banca. Esta era una crítica habitual entre los grandes bancos españoles, aludiendo a un impacto negativo en la competencia frente a entidades pequeñas o extranjeras que operan en el mercado. En los dos últimos años, el impuesto estaba circunscrito a grupos que facturaran más de 800 millones entre margen de intereses y comisiones netas. Ahora se aplicará a todos los bancos o establecimientos financieros de crédito (EFC) que operen en España, aunque con un tipo progresivo.

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El impuesto pasa de tener un tipo fijo del 4,8% a una escala con un 1% hasta 750 millones de ingresos, un 3,5% entre 750 millones y 1.500 millones, un 4,8% entre 1.500 millones y 3.000 millones, y un 6% en adelante. Eso sí, se contabilizarán todos los ingresos por márgenes y comisiones. Los bancos habían pedido que, en caso de que se mantuviera el tributo, se contabilizaran solo los ingresos por el negocio tradicional de intermediación entre captar y prestar dinero.

El texto pactado también recoge novedades en torno a deducciones. La base imponible se reducirá en 100 millones, para dejar fuera a las entidades más pequeñas, y de la cuota líquida se minorará el 25% de la cuota líquida en sociedades. Además, también se incluye un ajuste para reducir la tributación en caso de una caída de la rentabilidad, algo que preocupaba a los bancos. Es decir, que tuvieran que tributar aunque una caída de los tipos merme la rentabilidad, algo que no está ocurriendo por ahora en el nuevo ciclo de política monetaria. El PSOE y Junts han pactado una fórmula para aplicar una deducción cuando la rentabilidad sobre el activo (ROA) sea inferior al 0,7%.

Equiparación de diésel y gasolina

De todas las medidas contempladas, la más impopular es, sin duda, la equiparación tributaria del diésel y la gasolina. Se trata de una propuesta que viene de largo, y ya había sido defendida por el comité de expertos designado por Hacienda para la reforma fiscal.

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Actualmente, el impuesto especial sobre la gasolina es un 30% superior al del diésel. La sin plomo 95 se grava con 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general, mientras que el tipo general del gasoil es de solo 307 euros por 1.000 litros. En ambos casos, hay que sumarle 72 euros de tipo especial. El PSOE propone modificar la Ley de Impuestos Especiales para llevar el tipo general de diésel al mismo nivel que la gasolina, aunque no afectaría al gasóleo de uso profesional y el bonificado, con el objetivo de no dañar la competitividad de los sectores que más lo utilizan.

La enmienda de los socialistas dibuja una excepción: el tipo se quedará en 350 euros (una subida del 14%) si el precio medio nacional del litro supera los dos euros durante dos meses consecutivos —algo que nunca ha ocurrido— y, al mismo tiempo, la media aritmética del precio del barril de Brent durante el segundo de esos meses es superior a la del primero.

Con esta salvaguarda, el Gobierno pretende conjurar el descontento ante una medida especialmente impopular, como demuestran todas las encuestas que se han hecho al respecto en España. No hay que olvidar que en Francia, una medida parecida estuvo en el origen del movimiento de los chalecos amarillos. Precisamente por eso, el Gobierno siempre había sido muy cauto a la hora de plantear la equiparación, defendida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y comprometida con Bruselas en el plan de recuperación. El objetivo es desincentivar la demanda de un combustible que ha sido puesto en la diana de las autoridades comunitarias por su elevada emisión de micropartículas contaminantes: si suben los impuestos, sube el precio y, con ello, se dará una señal para utilizar menos el gasoil.

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IVA a los pisos turísticos

Al contrario que la equiparación del diésel y la gasolina, la imposición del IVA a los pisos del alquiler turístico es una medida muy popular. En un momento de alarma social por los precios de la vivienda, el PSOE ha conseguido que Junts entre en el juego de gravar este modelo de negocio, que hasta ahora había gozado de una ventaja fiscal frente a sus competidores.

El objetivo de la medida será equiparar la tributación de los pisos turísticos con las de los hoteles, para que no se produzca una competencia desleal. Y, al igual que con el diésel, actuar sobre la señal de precios: un impuesto del 21% encarecería los alquileres turísticos, lo que reduciría la demanda de este servicio y daría más margen para que una parte de estos inmuebles se dedicase al alquiler convencional, aumentando la oferta y abaratándolo.

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Sin embargo, no resulta tan sencillo. El Gobierno no lo puede hacer de un día para otro, ya que el IVA es un impuesto de carácter europeo. En ese sentido, la enmienda del PSOE recoge el compromiso del Ejecutivo para impulsar la modificación de la directiva armonizada del IVA, y transponerla con carácter de urgencia. La medida solo se aplicará a aquellos inmuebles que ofrezcan alquileres durante un plazo máximo de 30 días en las zonas declaradas como tensionadas al amparo de la nueva ley de vivienda.

En el caso de los inmuebles que estén en plataformas, como Airbnb, serán estas las encargadas de abonar el impuesto. A efectos prácticos, poco cambia: al final, el IVA se acaba repercutiendo al cliente en el precio que paga.

Incentivos a las socimis

Para contribuir a resolver el problema de la vivienda, el PSOE también propone cambiar la ley que regula las Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, más conocidas como socimis. Aunque no lo dice expresamente, el texto deja entrever que se podrían dar incentivos fiscales. El objetivo es que estas sociedades incrementen la oferta a corto plazo para ayudar a resolver las necesidades de las personas vulnerables a través de la llamada 'vivienda asequible incentivada', recogida en la nueva ley del sector.

Cigarrillo electrónico

Hacienda propone crear un nuevo impuesto que grave el líquido utilizado para los cigarrillos electrónicos, dado el incremento del consumo entre adolescentes y jóvenes. Actualmente, estos sistemas no tributan como labores del tabaco y sólo están sometidos al IVA. La Comisión Europea está impulsando una directiva para gravar este producto, pero el Gobierno quiere adelantarse con un impuesto nacional temporal que afectará también a las bolsas de nicotina y a otros sustitutivos de las labores de tabaco. La enmienda presentada contempla la equiparación de los cigarrillos electrónicos al resto de labores de tabaco, por lo que tendrían el mimos tipo de gravamen.

Hacienda plantea una subida del IRPF a las rentas del ahorro que superen los 300.000 euros

Tabaco convencional

Se propone una subida de las labores de tabaco para elevar la recaudación y desincentivar el consumo. Se trata de un incremento que afecta a cigarros, cigarrillos y tabaco de liar. El impuesto mínimo aplicable a los cigarros se incrementaría hasta 47 euros por cada 1.000 unidades, un alza que llega hasta el 13,3%. El impuesto mínimo de los cigarrillos sube de 131,5 euros a 150 euros por cada 1.000 unidades, un incremento del 14%. Por último, el impuesto sobre la picadura de liar pasa de un mínimo de 98,75 euros por kilo a 112 euros, un alza del 13,4%.

IRPF al ahorro

Hacienda plantea una subida del IRPF a las rentas del ahorro que superen los 300.000 euros anuales, esto es, afectará exclusivamente a grandes patrimonios. Sería un incremento de un punto, pasando del 28% actual al 29%. En 2023 el Gobierno creó un tramo para rentas de 200.000 a 300.000 euros en el 27% y otro para rentas de más de 300.000 euros del 28%, y que anteriormente estaban gravados al 26%.

Esquerra Republicana también ha presentado una enmienda que incrementa en mayor medida el tipo aplicado al tramo más alto. En concreto, su propuesta es elevar hasta el 34% el impuesto a rentas superiores a 300.000 euros.

Bajada a las pymes

No todo son subidas de impuestos, en buena medida, porque Junts exigía un alivio fiscal a las pymes. El Gobierno propone un recorte paulatino del impuesto sobre sociedades para las empresas con una cifra de negocios anual inferior a los 10 millones de euros (siempre que no sean entidades patrimoniales), actualmente gravadas con un tipo general del 23%

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En el caso de las microempresas, con una cifra de negocios inferior al millón de euros, se crean dos tramos. El primero, para la parte de la base imponible que va desde 0 hasta 50.000 euros, sería del 17%. Y el segundo, para la parte de la base imponible que supere los 50.000 euros, se situaría en el 20%. En ambos casos, inferior al 23% actual.

Esta bajada sería paulatina: en el primer año (2025), el tipo aplicable al primer tramo sería del 21% y el del segundo, del 22%. En el segundo año, el tipo sería del 19% y 21%, respectivamente. En el tercer año, se llegaría al nivel final del 17% y 20%.

También se reduce el tipo general al 20% para las empresas con una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros, con algunas excepciones, como las entidades patrimoniales o las que formen parte de un grupo. También en este caso se aplica una reducción paulatina en tres años.