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Los socios del Gobierno cierran las puertas a las grandes subidas de impuestos
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La reforma fiscal vuelve a tropezar

Los socios del Gobierno cierran las puertas a las grandes subidas de impuestos

Los impuestos a energéticas y bancos es el último traspié en la reforma fiscal que pretendía impulsar el Ejecutivo. Antes ocurrió con el impuesto al diésel, los peajes o la eliminación del sistema de módulos

Foto: La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Europa Press/Carlos Luján)
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Europa Press/Carlos Luján)
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El Gobierno quiere reducir la brecha de recaudación que existe entre España y la Unión Europea, que asciende a 4 puntos del PIB, algo más de 60.000 millones de euros. Sin embargo, cada puerta que intenta cruzar, se topa con el candado de sus socios parlamentarios. El último ha sido el impuesto a la banca y las energéticas, que pretendía convertir en permanente y que le prometió a la Comisión Europea.

Esta vez, quien ha echado por tierra las intenciones del Ejecutivo ha sido Junts. La amenaza de Repsol de congelar sus inversiones en Tarragona ha dado resultado y la formación independentista ha anunciado que bloqueará la convalidación de este tributo. La estabilización del impuesto a la banca y las energéticas es fundamental para el Gobierno, ya que suponen la mitad de la reforma fiscal apalabrada con Bruselas para 2025.

Otra de las grandes propuestas del Gobierno eran los impuestos medioambientales. Y entre ellas, una tenía especial relevancia: la eliminación del beneficio fiscal al diésel. Esta fue una de las primeras medidas que impulsó el Ejecutivo en el proyecto de presupuestos del año 2021, con la que pretendía eliminar el incentivo público que existe actualmente a este combustible que es, además, más contaminante.

El PNV informó al Gobierno de que bloquearía las cuentas si no aceptaba una enmienda para eliminar esta subida de impuestos. Y su órdago dio resultado. El Ejecutivo aceptó posponer este endurecimiento del tributo y, aunque lo incorporó al Plan de Recuperación, aún no se ha atrevido a abordarlo. Y todo apunta a que está finalmente descartado.

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Una situación similar ocurrió con la implantación de peajes en las carreteras públicas. El Gobierno incluyó esta tasa en el Plan de Recuperación para introducir el principio de pago por uso. En esa ocasión, la medida no contaba con la oposición del PNV y Junts, pero sí de Esquerra Republicana de Catalunya. La formación independentista siempre se ha mostrado contraria a los peajes que existen en la región y apoyó activamente el movimiento No vull pagar. Sin embargo, además de la falta de apoyos en el Parlamento, el Gobierno decidió retirar la propuesta por la fuerte oposición social con la que se topó.

Otra medida polémica que pretendía impulsar el Gobierno, y que sigue durmiendo en un cajón, es la eliminación del régimen de módulos en el IRPF (sistema de estimación objetiva) para los autónomos. El Ministerio de Hacienda llegó a un principio de acuerdo con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos para eliminar este sistema, a pesar de la oposición de algunos colectivos de autónomos que siguen beneficiándose. Sin embargo, tampoco ha movido ficha y mantiene el acuerdo bloqueado.

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PSOE y Sumar están negociando el diseño de otras subidas de impuestos para compensar los portazos que han recibido hasta ahora. Una de las vías que ya planteó el Gobierno en el Plan de Recuperación es subir los impuestos a las socimis. Sin embargo, el margen recaudatorio de esta medida sería muy limitado, de unos pocos millones de euros. Muy lejos de los casi 2.500 millones que podrían haber recaudado con el tributo a la banca y las energéticas.

También están estudiando una subida del IVA a los propietarios de viviendas que las tengan en alquiler turístico o de temporada. Una propuesta de Sumar que el PSOE ve con buenos ojos y que podría pasar el filtro del Congreso. Sumar también está impulsando la eliminación total o parcial del beneficio fiscal en el IRPF que tienen los caseros por las rentas del alquiler. Sin embargo, esta es una medida que tiene potencial para afectar a más de dos millones de propietarios particulares, por lo que es posible que se encuentre con obstáculos en el Parlamento.

La situación actual de debilidad del Gobierno e incertidumbre sobre la duración de la legislatura alejan a los socios de investidura de las subidas de impuestos más polémicas. El problema para el Ejecutivo es que, si quiere hacer grandes concesiones a los partidos para conseguir su apoyo a los presupuestos, necesita elevar la recaudación para disponer de margen de gasto.

El Gobierno quiere reducir la brecha de recaudación que existe entre España y la Unión Europea, que asciende a 4 puntos del PIB, algo más de 60.000 millones de euros. Sin embargo, cada puerta que intenta cruzar, se topa con el candado de sus socios parlamentarios. El último ha sido el impuesto a la banca y las energéticas, que pretendía convertir en permanente y que le prometió a la Comisión Europea.

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