La morosidad se hunde y vuelve al pinchazo de la burbuja pese a la subida de tipos

Casi dieciséis años. Este es el tiempo que ha tardado la banca española en recuperar los niveles de créditos dudosos que había inmediatamente antes de que estallara la doble burbuja en 2008, ambas muy vinculadas. Una relacionada con el crédito y otra con la inversión en activos inmobiliarios. La ratio de dudosidad, en concreto, ha caído hasta el 3,42% del total de créditos concedidos por las entidades financieras. En total, 40.248 millones de euros.

Lo singular es que este descenso se ha producido en un contexto de subida de tipos de interés por parte del BCE nunca visto desde su creación, sólo atemperada en los últimos meses. El euríbor pasó del -0,49% en 2021 (media anual) al 4,16% en octubre de 2023. Tampoco la inflación, que llegó a alcanzar el 10,8% en julio de 2022, ha pasado factura a la morosidad, pese a que cualquier incremento por encima de los salarios tiene un coste en términos de renta disponible.

La causa, lógicamente, tiene que ver con la salud de la economía y con los criterios más restrictivos de los bancos a la hora de conceder créditos obligados por las normas macroprudenciales. Es decir, una especie de cortafuegos del riesgo que limita la política crediticia de los bancos.

Tras alcanzar la dudosidad (paso previo a la mora) un máximo del 13,6% en diciembre de 2013, coincidiendo con la segunda recesión de la economía española, todo han sido descensos, y ni siquiera la irrupción de la pandemia, que deterioró la renta disponible de las familias, supuso un cambio de tendencia. La ratio de dudosidad siguió cayendo entre 2019 y 2021, lo que ha permitido sanear la cuenta de resultados de las entidades financieras, que se han abstenido de hacer fuertes provisiones para cubrir los créditos fallidos, como sucedió tras estallar la burbuja. Las provisiones actuales de la banca por deterioro de sus activos (principalmente inmobiliarios) ascienden a 81.180 millones de euros, lo que da idea de esta rúbrica para su cuenta de resultados. En 2020, coincidiendo con la pandemia, se alcanzaron los 105.000 millones de euros.

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La tasa de dudosos recoge aquellos créditos que han entrado en situación de mora. Es decir, aquellos instrumentos de deuda que, en cualquiera de sus versiones, acumulan importes vencidos, ya sea por el impago del principal o de los intereses. Para eso es necesaria una antigüedad del impago superior a tres meses o bien por un importe superior al 25% de la deuda, salvo que la entidad ya lo haya clasificado como fallido.

Morosidad y desempleo

La caída en picado de la morosidad es coherente con el frenazo a la concesión de créditos que se ha producido en los últimos años. La deuda de los hogares llegó a situarse en diciembre de 2013, inmediatamente antes de que comenzara la recuperación tras un quinquenio en crisis, en el 77,6% del PIB, pero al finalizar el segundo trimestre de este año ese porcentaje se ha hundido algo más de 32 puntos del producto interior bruto (hasta el 45,2%). Es decir, un ajuste en la política de créditos nunca visto en la economía española en su historia reciente por diferentes causas, tanto coyunturales como estructurales.

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Los bancos son más exigentes a la hora de conceder créditos, pero las familias, igualmente, son más prudentes a la hora de pedirlos a la banca pese a que hasta el verano de 2022, y casi durante una década, la eurozona ha disfrutado de tipos de interés reales negativos. Lógicamente, a ello también ha contribuido la renta disponible de las familias, que permanece prácticamente estancada, lo que hace que sea más difícil pedir un préstamo.

En particular, en el caso de las cohortes más jóvenes, cuyas necesidades de gasto son mayores en bienes que necesitan financiación, sobre todo vivienda o equipamiento doméstico. Los más mayores, por el contrario, tienen mayor propensión al ahorro hasta la edad de la jubilación, que es cuando comienzan a desahorrar, como ha acreditado la literatura económica. Los datos del Banco de España también muestran que las empresas han seguido el mismo camino de los hogares, lo que explica, de la misma manera, el descenso en la tasa de morosidad.

Esto sugiere que quienes han pedido un crédito y ha sido concedido tienen capacidad de pago suficiente, mientras que, por el contrario, no lo han logrado quienes tienen más riesgo, sobre todo jóvenes o trabajadores con rentas bajas, contratación temporal o contrato indefinido en actividades de mayor riesgo crediticio.

Otra de las causas del frenazo a la morosidad tiene que ver, como ha asegurado la Asociación Española de Banca (AEB) en algún trabajo, con la tasa de desempleo, que es la variable fundamental en la renta disponible de los hogares. Frente a lo que sucedió en la última crisis financiera, el desempleo (salvo en un corto periodo por razones de la pandemia) ha seguido bajando, haciendo posible un viejo principio que conocen bien los banqueros: lo último que deja de pagar una familia es la vivienda en la que vive. A comienzos de 2014, cuando la tasa de morosidad rozó el 14% (máximo histórico), el desempleo se situó en el 26% (también récord histórico), lo que indica que hay una correlación casi perfecta entre nivel de empleo e impagos de los hogares. De hecho, más de la mitad de los créditos dudosos (21.700 millones) se concedieron a actividades productivas.

La morosidad hipotecaria, históricamente, es inferior a la del resto de préstamos. También los códigos de buenas prácticas firmados por la banca han podido contribuir algo al descenso de la morosidad, toda vez que se han introducido criterios más flexibles a la hora de la devolución, tanto del principal como de los intereses. El último factor que explica el descenso de la mora se relaciona con la exposición del sector inmobiliario, que en la última crisis financiera (sobre todo el crédito al promotor) fue el desencadenante del fulgurante aumento de los fallidos, muy superior al de otras convulsiones financieras y económicas.