UGT y CCOO exigirán la equiparación salarial de laborales y funcionarios para cubrir 10.000 vacantes

UGT y CCOO exigirán la equiparación salarial del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) con la de los funcionarios de carrera para atraer talento e intentar cubrir las 10.000 vacantes que existen actualmente entre los técnicos contratados. Los sindicatos han anunciado este lunes que denunciarán el convenio actual, lo que equivale a iniciar el proceso para negociar el próximo. La subida de las retribuciones será la principal reivindicación, con el objetivo de cerrar la brecha que existe para puestos que requieren la misma cualificación.

El personal funcionario (regido por el derecho administrativo) y el laboral (regido por el derecho laboral) de la AGE están afectados por convenios distintos y, por tanto, tienen escalas salariales diferentes. Esta brecha para el mismo nivel de cualificación hace muy difícil que el Estado pueda atraer trabajadores para cubrir los puestos laborales, normalmente de carácter técnico, y sujetos no a una plaza de carrera, sino a un contrato. Entre ellos están los conductores, los fisioterapeutas, los psicólogos de la Administración de Justicia, los profesionales de explotaciones hidráulicas o los trabajadores sociales de instituciones penitenciarias, por poner algunos ejemplos.

La mayor remuneración que reciben estos puestos en la Administración local o autonómica y la creciente competencia de las empresas privada, donde los perfiles procedentes de la formación profesional cada vez son más demandados, dificultan todavía más la captación de talento.

En este contexto, UGT y CCOO denuncian que existen unas 10.000 plazas, de las 40.000 a las que afecta en llamado Convenio Único para este ámbito, sin cubrir. Una parte de ellas procede de los recortes de la década pasada, cuando las ofertas públicas de empleo (OPE) se congelaron y se externalizaron numerosos servicios. Sin embargo, el contexto económico ha cambiado, y en los últimos años se han sacado una lluvia de plazas, muchas de ellas vacantes. Los sindicatos denuncian que las últimas convocatorias se están cubriendo al 50%, y algunas ni eso. Todavía quedan por adjudicarse 5.000 plazas de las OPE de 2021 y 2022, y otras tantas deberían cubrirse cuando se convoquen las de 2023 y 2024.

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Para facilitar que las plazas se cubran, CCOO y UGT han anunciado en una rueda de prensa que el 4 de noviembre denunciarán el Convenio Único —vigente con efectos a 1 de enero de 2018—, el primer paso para constituir en menos de un mes una nueva mesa de negociación donde se incluirán las reivindicaciones salariales. "La situación actual nos obliga a llevar [a la mesa] unos incrementos salariales de acuerdo con la captación de talento de la Administración", ha dicho Vidal Cruzado, de Comisiones Obreras.

Aunque los sindicatos no han desvelado cuál será la petición concreta, sí han deslizado que están dispuestos a que se lleve a cabo de forma progresiva, de tal manera que, al cabo de unos años, se pueda producir la equiparación salarial entre el personal laboral y el funcionarial. Actualmente, las diferencias son ostensibles. Un ejemplo: un electricista, al que se le exige un grado medio de formación profesional, cobra 3.500 euros brutos al año menos que un administrativo de nivel C1, al que se le pide la misma cualificación.

Brecha con las autonomías

Otro de los factores que dificulta que se cubran las vacantes es la brecha salarial entre la AGE y otras administraciones. Solo con la Comunidad de Madrid, los sindicatos la cifran en el entorno del 8% o 10% para el mismo puesto. Existen indicadores objetivos, como los trienios, que reflejan el agravio: cada uno de esos complementos asciende a 30 euros mensuales en el caso del Estado, mientras que en Madrid es de 43, lo que favorece que los trabajadores opten más por la Administración autonómica que por la central.

"Existe una discriminación escandalosa entre personal funcionario y laboral en la AGE, no sucede en ninguna Administración pública", ha resumido Elena Tarjuelo, de UGT. Los sindicatos pondrán esta realidad en la mesa del nuevo ministro del ramo, Óscar López, que también tendrá un ojo puesto en el nuevo Acuerdo Marco para los próximos tres años, que afecta al conjunto de la AGE y deberá sustituir al que finaliza este 31 de diciembre.