El Gobierno promete a Bruselas una subida de impuestos de 4.500 millones en 2025

El Gobierno está negociando con la Comisión Europea una subida de impuestos equivalente al 0,3% del PIB, unos 4.500 millones de euros, que entrará en vigor el próximo año. Una buena parte de la subida de impuestos son medidas ya anunciadas, como la conversión en tributos permanentes las figuras extraordinarias a banca y energéticas o el levantamiento de las reducciones del IVA. El Gobierno ha incorporado este ajuste al plan fiscal remitido a la Comisión Europea como parte del esfuerzo fiscal que prevé realizar España para conseguir un ajuste algo más moderado (un plan a siete años).

Fuentes del Ejecutivo explican que esta subida de impuestos forma parte también de la reforma fiscal comprometida ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación. En concreto, la reforma fiscal forma parte de los hitos que tiene que cumplir España para el quinto pago de los fondos Next Generation. El Gobierno quiere aprovechar esta reforma fiscal comprometida para asegurar a Bruselas que tiene pleno compromiso con la estabilidad presupuestaria. Paso imprescindible para que la Comisión Europea permita una senda de ajuste algo más suave.

Las negociaciones con la Comisión Europea siguen activas, pero también lo están con sus socios parlamentarios, porque no hay visibilidad alguna de que el Gobierno vaya a conseguir la aprobación del Congreso. La única medida ya aprobada es el final de las rebajas del IVA, ya que estas tenían incorporado un límite temporal en su diseño. De hecho, las rebajas del IVA a los productos energéticos ya han desaparecido. Sin embargo, como estuvieron en vigor durante la primera mitad del año, su levantamiento implica un aumento de los ingresos en el año 2025.

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El Gobierno también incluye en esta reforma fiscal la conversión en permanentes de los impuestos especiales a la banca y las energéticas, que reportan actualmente más de 2.000 millones de euros anuales. Estos impuestos temporales decaen este año, por lo que su recaudación no se considera estructural. En el momento en el que el Gobierno logre este objetivo, se incorporará como parte del ajuste fiscal realizado por el país, aunque no suponga un aumento de la recaudación en el próximo año.

El problema para el Gobierno es que no cuenta con los apoyos parlamentarios para aprobar la conversión de estos dos tributos. Si no lo ha hecho hasta ahora es porque el PNV no los apoya, en especial el energético. Y en el caso de dar su apoyo, reclama la introducción de bonificaciones a las inversiones que supondrían una merma importante de su recaudación.

Además de estas medidas ya anunciadas, el Gobierno está negociando con la Comisión Europea otras subidas de impuestos adicionales aún no anunciadas. Una de ellas es la subida del IVA a los alquileres turísticos al 21% como solicita Sumar. El ala socialista del Gobierno ve con buenos ojos esta propuesta que contribuiría a desincentivar este tipo de alquiler por la vía de la subida de su precio. Fuentes próximas al Gobierno señalan que esta es una de las subidas de impuestos que se está negociando con la Comisión.

Un ajuste de 6.000 millones

Esta subida de impuestos no supone un ajuste más rápido del déficit público, sino que forma parte de las medidas que tiene en cuenta la Comisión Europea para permitir a España un ajuste algo más lento. Sin embargo, la recaudación adicional conseguida con la reforma fiscal podrá ser aprovechada íntegramente para subir el gasto. Porque la nueva regla europea da margen a los países para subir su gasto por encima del límite fijado si se financia con nuevas medidas de ingresos.

El Gobierno realizará el ajuste del déficit con un control más férreo del gasto público. En concreto, el gasto neto de medidas de ingresos crecerá un 3,7% el próximo año. Y a partir de 2026 este crecimiento se modera hasta caer al 2,4% en 2031. En todo este periodo, el gasto anual crecerá un 3%, dato que contrasta con el aumento del 4,5% registrado entre 2018 y 2023 (exceptuando 2021).

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En definitiva, lo que va a ocurrir es que el gasto crecerá por debajo del crecimiento potencial de la economía, lo que implica un ajuste silencioso por el cual, el peso del gasto público en el PIB será más bajo cada año. El ajuste anual requerido por la Comisión Europea es del 0,4% al año, unos 6.000 millones anuales.

El ajuste se reparte de forma homogénea a lo largo de los siete años contemplados por el plan fiscal. Sin embargo, como las previsiones de crecimiento potencial son más altas en los primeros años que en los últimos, el crecimiento nominal del gasto permitido para cada año es decreciente a lo largo del horizonte de proyección. De esta forma, el Gobierno dejará una herencia muy delicada a su sucesor, que será quien tenga que asumir un crecimiento del gasto prácticamente nulo en términos reales.