Los auditores avisan: la auditoría de fondos de la UE de España sigue siendo insuficiente

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha avisado este jueves en su informe anual sobre la ejecución del presupuesto de la Unión Europea de “ineficiencias persistentes en los sistemas de control de los Estados miembros” que ya habían notificado en 2022. En el caso de España, Alejandro Blanco Fernández, miembro español del Tribunal de Cuentas, señala que el “sistema de información no contiene información completa sobre el progreso de hitos u objetivos incumplidos ni sobre titulares reales, fuentes de financiación de la UE e importes pagados”. Los informes de la institución no tienen fuerza jurídica y buscan guiar y hacer recomendaciones a la Comisión Europea.

Blanco Fernández ha explicado que España “no es uno de los países en los que menos controles hay, al contrario, pero creemos que la deficiencia de 2022 persiste”. En aquel año, el Gobierno de Pedro Sánchez debía completar la puesta en marcha del Sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Su establecimiento era un requisito del primer desembolso del Fondo de Recuperación, que la Comisión Europea autorizó, aunque faltaba dicho hito por cumplir. El Fondo es el programa de la Unión Europea para la reactivación de la economía tras la pandemia del coronavirus y del que España es la segunda máxima beneficiaria.

En su informe de 2022, el Tribunal de Cuentas alertó sobre esa deficiencia, aunque la Comisión Europea dio el visto bueno en febrero de 2023 a los cambios que se habían realizado y dio carpetazo público al hito 173 del Plan Nacional de España. En Bruselas sabían que el sistema de auditoría todavía no estaba totalmente implementado, pero consideraban que las bases ya estaban puestas y que era suficiente. Los sistemas son CoFFEE, que es el central y que permite seguir el cumplimiento de hitos y objetivos, y un sistema de detección de conflictos de intereses, conocido como Minerva. En todo caso, los auditores solamente encuentran deficiencias en el primero, aunque subrayan que se trata de problemas relacionados con la actualización de datos, que no ponen en duda su robustez y fiabilidad.

El sistema de control, según estaba definido en el plan español, debería permitir "cargar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la información sobre la aplicación y el seguimiento de la consecución de los hitos y los objetivos" y que facilitar "preparar las declaraciones de gestión y el resumen de auditoría, así como las solicitudes de pago". Por último, debía servir para "recopilar y almacenar datos sobre beneficiarios, contratistas, subcontratistas y beneficiarios efectivos, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se elaborará un informe de auditoría específico sobre el sistema utilizado. En caso de que el informe identifique deficiencias, el informe de auditoría recomendará medidas correctoras".

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El Tribunal de Cuentas cree efectivamente que “con ese sistema” el Gobierno ya está “en vías de resolver” esa deficiencia, aunque al no estar completamente subsanada han decidido incluirlo en el informe del 2023. La institución también avisa de deficiencias en Francia, donde el “sistema de gestión e información no estaba interconectado con otros sistemas informáticos para gestionar medidas” del Fondo de Recuperación, y en Croacia, donde este sistema todavía no proporciona datos sobre las convocatorias de propuestas que habían sido ya otorgadas antes de que se pusiera en funcionamiento el sistema de monitoreo.

Recientemente, la misma institución alertó del riesgo de que los fondos vinculados al programa pandémico se pierdan, ya que la fecha límite de 2026 se acerca con una parte muy importante del dinero todavía sin utilizar. Los auditores ponen una especial atención en España e Italia porque “casi la mitad de los fondos” van a estos dos países, como explicó Ivana Maletic, la responsable del documento.

La institución critica que en este hito “no se especifica el alcance de la obligación"

Además, el Tribunal de Cuentas señala que algunos de los hitos que los Estados miembros acordaron con la Comisión Europea, y que deben cumplirse para que Bruselas apruebe el desembolso, son demasiado vagos. Al ser amplios y poco concretos, los auditores consideran que eso da mucha manga ancha para que el Ejecutivo comunitario pueda considerarlos como superados, aunque su ejecución sea deficiente. Como ejemplo, el Tribunal pone precisamente un hito español, referente a la “Modificación del Código Técnico de la Edificación y del Reglamento electrotécnico para baja tensión y aprobación de un Real Decreto para regular los servicios públicos de recarga”.

La institución critica que en este hito “no se especifica el alcance de la obligación, en particular el número o el porcentaje de puntos de recarga que han de instalarse. En consecuencia, cualquier modificación, aunque sea poco exigente, bastará para el cumplimiento satisfactorio del hito”. Además, el Tribunal de Cuentas critica también que en algunos casos como en un hito del plan de Italia, la Comisión Europea ha dado su aprobado a pesar de no haberse cumplido el objetivo acordado aprovechando ese margen de discrecionalidad que da el lenguaje vago y abierto.