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Muface es el canario en la mina: el elevado coste del envejecimiento
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CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA ECONOMÍA

Muface es el canario en la mina: el elevado coste del envejecimiento

Muface es el canario en la mina. El envejecimiento afecta al conjunto de la economía en la medida que tiene influencia sobre el consumo, la inversión, el empleo, la recaudación, la productividad y la formación de salarios y precios.

Foto: El elevado coste económico del envejecimiento. (Pixabay)
El elevado coste económico del envejecimiento. (Pixabay)
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La crisis de Muface, la mutualidad de asistencia sanitaria de más de un millón de empleados públicos, aunque el número de beneficiarios real roza el millón y medio, esconde un problema de mucho mayor calado. El envejecimiento –que es una buena noticia desde el punto de vista de la población– amenaza de forma creciente las cuentas públicas, y Muface, con un presupuesto de gasto de casi 2.000 millones de euros, es un buen laboratorio para comprender lo que se avecina por causas demográficas desde el punto de vista presupuestario. Algunos datos lo ponen negro sobre blanco.

Un reciente estudio interno encargado por Segurcaixa-Adeslas ha revelado que la población mutualista de Muface alcanza ya, de media, los 47 años, pero si se tienen en cuenta solo a los titulares (los beneficiarios pueden inscribir a sus familiares), la edad media se sitúa ya en 57 años.

No es un asunto menor teniendo en cuenta, como descubre el informe de los profesores Alberto Montero (Universidad de Málaga) y Román Salmerón (Universidad de Granada), que la población de titulares duplica al de beneficiarios, lo que explica en buena medida los déficits que empieza a generar el sistema de mutualismo público. Las personas mayores precisan mayor asistencia sanitaria, más prestaciones sociales o más gasto en farmacia. Las primas de un mutualista de 74 años, por ejemplo, representan un coste para el Estado de 112 euros por persona, un 52% más que un beneficiario que cuenta con una edad comprendida entre 15 y 44 años.

Lo peor, sin embargo, está por venir, en este caso para el conjunto de los empleados públicos, estén o no adscritos a Muface. En total, 2,97 millones de trabajadores. Las cifras más recientes del Registro Central de Personal al servicio de las administraciones públicas muestran que sólo en los distintos departamentos ministeriales el 57% de la población tiene 50 o más años, mientras que uno de cada seis cuenta con 60 o más años. Por el contrario, apenas el 4,4% cuenta con menos de 30 años, lo que obliga al Estado a aprobar grandes reposiciones de plantilla cada año.

Fuerza laboral

Si las proyecciones se extrapolan al conjunto de la fuerza laboral de España, el resultado es, igualmente, algo más que relevante. Según el Banco de España, y siempre que no se hubiera producido el envejecimiento observado en una década, entre 2012 y 2022, la tasa de actividad (los que tienen empleo y los que lo buscan de forma activa) hubiera sido 3,4 puntos porcentuales mayor que la observada. Hubiera pasado, en concreto, del 58,7% al 62,1%.

Hay más. En la medida en que la población en edad de trabajar vaya decayendo, y siempre que las prestaciones se mantengan, el Estado se verá obligado a aumentar las transferencias al sistema público de pensiones en un contexto de creciente demanda de servicios públicos, cuyo coste tiende a aumentar, en el caso de la sanidad, por la mayor utilización de nuevas tecnologías con costes más elevados.

Foto: Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública. (EFE/Casares)

La AIReF, por ejemplo, ha estimado que el gasto total en pensiones pasará del 13% del PIB actual hasta el 16,2% en 2050. Es decir, dentro de apenas 25 años. A partir de ese año, aproximadamente, las cosas irán cambiando, también por razones demográficas. Es más, a la luz de las previsiones más recientes del informe de envejecimiento que elabora la Comisión Europea, se estima que el gasto sanitario respecto del PIB aumentará entre 1,5 y 2 puntos dentro de los próximos 30 años. Cada punto de PIB, cabe recordar, son 15.000 millones de euros a precios actuales.

Un estudio del departamento de Función Pública añade más luz sobre el estado de la cuestión. Según sus estimaciones, en 2030 todos los empleados públicos que en 2020 tuvieran 60 o más años de edad habrán de estar ya jubilados, lo que mete presión a la Seguridad Social. Para paliar las insuficiencias financieras, en la última reforma del sistema público de pensiones, se aprobó el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un instrumento de recaudación que entre 2023 y agosto de 2024 ha ingresado 4.156 millones de euros mediante las cuotas que pagan los empresarios (0,58%) y los trabajadores (0,12%) respecto de la base cotización por contingencias comunes.

Lo que ocurre, sin embargo, es que esa contribución adicional es hoy por hoy insuficiente para compensar los desequilibrios financieros que incorpora el envejecimiento, tanto desde el lado de los gastos como desde los ingresos. Y hay que tener en cuenta que, de acuerdo con las previsiones demográficas más optimistas, según adelantó el anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante una conferencia en la Universidad de Georgetown, la proporción entre la población de 70 años o más y la población en edad de trabajar (entre 16 y 67 años) aumentará casi en 20 puntos porcentuales en los próximos 25 años, pasando del 24% al 43%.

Nivel de ahorro

No es baladí este fenómeno en términos presupuestarios y financieros. Está acreditado que por razones de ciclo vital (no se gasta lo mismo a los 40 años que a los 60 o 70 años) la propensión media al consumo crece con la edad, y, por lo tanto, menor será la tasa de ahorro. Como recuerda el Banco de España, el mayor nivel de ahorro se produce en la mediana edad, dado que los hogares amortizan las deudas que se suelen contraer en los años más jóvenes, lo que provoca un ahorro de cara a la jubilación. En cambio, cuando se accede a la jubilación se consume la riqueza acumulada, lógicamente siempre que la motivación para dejar herencias no pondere excesivamente.

Esto es importante a luz de los datos que maneja el propio Banco de España. Mientras que los rendimientos de las rentas del capital de los contribuyentes con edades comprendidas entre 26 y 45 años representan, como media, algo menos del 6% de la renta total disponible, en la franja situada entre 56 y 64 años, las rentas procedentes del capital (alquileres, bonos o Bolsa) explican más del 13% de la renta global. Pero es que, en el caso de los mayores de 65 años, estas rentas suponen el 17%.

Por lo tanto, a mayor edad, menor presión fiscal derivada de un doble fenómeno: las pensiones son más bajas que los salarios, sin perder de vista que el IRPF es un impuesto de carácter progresivo. Pero es que también las rentas de capital tributan la mitad que las procedentes del trabajo. Por lo tanto, menos recursos para el Estado. El tipo máximo del IRPF (salvo para las rentas superiores a 300.000 euros) se sitúa en el 45%, mientras que las rentas del ahorro tributan (según la base imponible) entre el 19% y el 28%. Y no hay que olvidar que mientras que el tipo efectivo en el IRPF para los trabajadores con edades situadas entre los 55 y 65 años se sitúa en el 10%, a partir de los 65 años supera ligeramente el 7%.

Hábitos de consumo

En la misma línea, y en el caso de los impuestos al consumo, el tipo efectivo pasa del 16% al 12% en las mismas edades, lo que significa menos recursos para Hacienda por IVA. Entre otras cosas, como se ha dicho, porque el patrón de consumo de un jubilado tiene una tendencia a la adquisición de bienes con tipos más bajos de IVA, ya que afectan a productos básicos, como los servicios sanitarios o la alimentación, generalmente gravados con tipos impositivos más reducidos.

Huelga decir, como decía el exgobernador, que los cambios en el ahorro y la inversión afectan a los flujos internacionales de capital, que tienden a acudir a países de elevada productividad en aras de obtener mayor rentabilidad.

En definitiva, como sostiene Óscar Arce, actual director general de Economía del BCE, el envejecimiento afecta al conjunto de la oferta y la demanda agregadas de la economía en la medida que tiene influencia sobre el consumo, la inversión, el empleo, la productividad y la formación de salarios y precios. Muface es solo el principio. Algo así como el canario en la mina.

La crisis de Muface, la mutualidad de asistencia sanitaria de más de un millón de empleados públicos, aunque el número de beneficiarios real roza el millón y medio, esconde un problema de mucho mayor calado. El envejecimiento –que es una buena noticia desde el punto de vista de la población– amenaza de forma creciente las cuentas públicas, y Muface, con un presupuesto de gasto de casi 2.000 millones de euros, es un buen laboratorio para comprender lo que se avecina por causas demográficas desde el punto de vista presupuestario. Algunos datos lo ponen negro sobre blanco.

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