El fin de Muface tensionaría más la sanidad en la España Vacía y apenas se notaría en Euskadi

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está en peligro, pero su desaparición no sería igual de dramática en todo el país. La falta de acuerdo entre el Gobierno y las tres aseguradoras privadas (Adeslas, DKV y Asisa), que prestan en última instancia el servicio sanitario a los funcionarios que así lo elijan, puede conducir a esta fórmula con medio siglo a sus espaldas a un callejón sin salida. Las compañías denuncian que el incremento de costes les produce unas pérdidas de 200 millones al año, por lo que quieren revisar el convenio, que caduca el 31 de diciembre, para aumentar las primas hasta un 40%. Y, como publica este domingo El Confidencial, no van de farol: si no hay acuerdo, —el Ejecutivo ofrece, de momento, un 14% más—, 1,5 millones de funcionarios tendrá que pasarse a la sanidad pública.

Durante estos días, se han multiplicado las voces de alarma sobre el posible colapso de la atención sanitaria si finalmente todas esas personas se viesen abocadas a transitar del sistema privado al público prácticamente de un día para otro. Muface y la Seguridad Social no son compatibles, así que la desaparición de la primera implicaría automáticamente un trasvase masivo hacia la segunda: salvo algunos inmigrantes irregulares que perdieron su derecho por una reforma aprobada durante la Gran Recesión —y que están a punto de recuperarlo con otra que está en trámite parlamentario—, el Sistema Nacional de Salud tiene un carácter universal.

Sin embargo, la ministra del ramo, Mónica García, no parecía especialmente preocupada por el asunto en una reciente entrevista concedida a la Cadena Ser. El Gobierno solo regula la cartera básica de servicios, pero el grueso de las competencias sanitarias pertenece a las comunidades autónomas. Serían ellas, a través de sus propios servicios de salud, las que tendrían que asumir la avalancha de antiguos funcionarios mutualistas. Todo ello en un momento en que el sistema, que se come 4 de cada 10 euros de los presupuestos de muchas regiones, arrastra problemas de infrafinanciación, al menos desde la pandemia, y se halla muy tensionado —especialmente la Atención Primaria— en el conjunto de los territorios.

Sin embargo, algunos deberían estar más preocupados que otros. El fin de Muface tendría un impacto muy desigual a lo largo del país. Mientras Osakidetza (el servicio de salud del Gobierno vasco) podría esquivar el problema sin demasiadas dificultades, algunas comunidades autónomas tendrían que prepararse en menos de un trimestre (si no hay acuerdo, el 1 de enero los mutualistas desaparecen) para una situación que puede llegar a ser límite en algunas provincias, especialmente en el interior, si no se incrementan los recursos necesarios para atender a los nuevos usuarios del sistema público. La llamada España Vacía, que ya sufre un déficit creciente de médicos, sería la más afectada por la crisis.

El mapa habla por sí mismo. En contraste con el discurso extendido durante los últimos días, que señalaba a Madrid como el posible gran damnificado por su elevado volumen de funcionarios y las deficiencias que arrastra su sistema sanitario, la realidad es que las provincias menos pobladas son las que verían su sistema más tensionado. Y varias de ellas pertenecen a las comunidades autónomas con los servicios de salud más colapsados, lo que agravaría la situación.

Los datos se obtienen del recuento oficial que ofrece Muface en 2023, y comparan el número de quienes optaron por este sistema con la población total del territorio en cuestión. En general, las provincias del interior y más envejecidas son las que tienen una mayor proporción de mutualistas, porque también es ahí donde hay más funcionarios respecto al conjunto de la población, a diferencia de las más dinámicas (entre ellas la propia Madrid), donde el peso del sector privado resulta muy superior.

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Óscar Giménez

Además, existen algunas peculiaridades territoriales. Solo así se explica, por ejemplo, el dato de Ávila, donde 1 de cada 10 ciudadanos es miembro de Muface. O el bajísimo porcentaje de los territorios históricos de Euskadi: en Guipúzcoa, la proporción ni siquiera llega a 1 de cada 100. Más allá del origen de estos desequilibrios, lo cierto es que una eventual desaparición de Muface aumentaría 10 veces más la cartera de usuarios de los centros de salud abulenses que la de los vascos, lo que refleja hasta qué punto las posibilidades de responder al problema serían muy desiguales en caso de que no hubiese una dotación de recursos extraordinaria para afrontar la crisis.

Andalucía y Extremadura, peor preparadas

Por supuesto, el incremento de la cartera de la sanidad pública en cada territorio no tiene por qué ser directamente proporcional al alza de la presión sobre su sistema de salud, ya que otros factores —algunos más inciertos que otros— entran en juego: desde la edad de los mutualistas hasta la cultura de uso del servicio que exista en cada lugar. Sin embargo, el escenario a priori indica cómo algunos están mejor preparados que otros para afrontar el repunte que podría llegar tras el fin de Muface. Precisamente, varios de los que parten de una posición más débil estarían entre los más afectados.

Andalucía y Extremadura se llevarían la peor parte. Como se puede ver en el gráfico, estas regiones superan con creces la media nacional de mutualistas (3,2%), y también la del tiempo de espera para una consulta (101 días), según el registro del Ministerio de Sanidad a 31 de diciembre de 2023. Este ámbito, más que el de las cirugías, sería el más afectado en el día a día, y donde existe un verdadero riesgo de colapso del sistema. Aunque Castilla y León, que es la comunidad con más mutualistas (4,6%), está por debajo de la media en tiempo de espera, este también es elevado (90 días), por lo que también se podría ver muy afectada, especialmente en algunas provincias. Asturias, Murcia y Aragón son otros de los territorios donde la tensión del sistema tendría más papeletas para desbordarse.

En principio, Galicia y Castilla-La Mancha podrían absorber mejor el notable aumento de usuarios que experimentarían en caso de que Muface desapareciese, porque gozan de servicios de salud menos saturados. Algunos que parten de posiciones muy comprometidas, como Canarias y Navarra, podrían aguantar mejor el golpe, ya que no recibirían tantos nuevos usuarios. Una vez más, el País Vasco parte de la mejor situación: está bien colocado en ambas clasificaciones.

La próxima semana será clave para saber si las aseguradoras y el Gobierno finalmente son capaces de llegar a un acuerdo. A la espera de la resolución del conflicto, resta una certeza: algunos gobiernos autonómicos deberían estar preparando planes de contingencia con mucha más urgencia que otros.