Marlaska recula y relaja el decreto 'Gran Hermano' que regula los datos de los turistas

Acercamiento. La reunión que han mantenido esta mañana el Ministerio del Interior con representantes del sector turístico (hoteleros, agencias de viaje y empresas de alquiler de vehículos) ha acabado con un compromiso del Gobierno para relajar las exigencias del Real Decreto que ordena un registro de viajeros para su aplicación a partir del 2 de diciembre. Según fuentes del sector consultadas por El Confidencial, Interior impulsará una orden ministerial que desarrollará el Real Decreto, "que creaba muchas incertezas y era de aplicación difícil". Además, Interior ha dado su palabra de que ninguna empresa recogerá más datos de sus clientes de los que ya hacen en su operativa habitual, al menos en esta primera fase de la entrada en vigor.

"Sabemos lo importante que es la seguridad del Estado, pero ahora nos centraremos en cómo antes de en el qué. Había un cierto enconamiento y demasiadas interpretaciones con el que era muy complicado llegar a un acuerdo. Ahora se trabajará en las cuestiones de procedimiento para que no se dejen en el aire", resaltó un directivo turístico en declaraciones a este diario.

La norma tiene su origen en un Real Decreto de octubre de 2021 cuya entrada en vigor ha ido aplazándose por la resistencia del sector hotelero a su implementación, que se opone a la medida y ha venido pidiendo más tiempo para poder adaptarse. El pasado mes de septiembre, a dos semanas del penúltimo plazo fijado para la puesta en marcha, la patronal hotelera española CEHAT advirtió del "caos" en el que podría entrar el sector "debido a la imposibilidad de cumplimiento de la normativa".

Interior no modificará el decreto, pero modulará su implementación. Las partes ganan tiempo

Tras un nuevo aplazamiento, está previsto que el 2 de diciembre entre en vigor, tal como se acordó este viernes en la reunión que mantuvieron responsables de Interior con la CEOE, representada por la directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte, Inmaculada Benito, y las organizaciones representativas de cada uno de los sujetos obligados por el Real Decreto 933/2021, como son la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (FENEVAL), la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) y la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR).

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Las patronales e Interior difundieron tras la reunión un comunicado en el que señalaron el consenso en tres puntos. El primero es que no habrá nueva prórroga. El segundo recoge el compromiso más celebrado por el sector: se activará el nuevo registro, pero rebajado en sus exigencias. No se solicitará a los sujetos obligados la recopilación de datos adicionales "más allá de los que ya se recaban en los procedimientos habituales de sus actividades". Será a partir de una orden ministerial (tercer punto) cuando se defina el posterior desarrollo y ejecución del reglamento. Esto se hará "en diálogo con los representantes del sector", señalaron fuentes del Ministerio del Interior.

¿Significa esto que la orden rebajará en el futuro las nuevas exigencias que figuran en el Real Decreto 933/2021? Todo indica que el acuerdo de hoy pretende ganar tiempo para una mejor adaptación y asimilación de la medida por todas las partes implicadas, también los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que debían hacer su propio desarrollo. Pero Interior sostiene que no habrá una modificación de los anexos en los que se recogen todos los datos que habrá que añadir. La orden ministerial servirá para habilitar las formas de hacer ese compendio de forma consensuada y tecnológicamente posible, indicaron las mismas fuentes.

Los tabloides británicos ya han bautizado la norma como 'el Gran Hermano' del turismo español. Supone multiplicar casi por tres (hasta 43 referencias) el número de datos personales que los clientes de hoteles, alojamientos turísticos, agencias de viajes o alquiler de coches deben proporcionar a los establecimientos, que a su vez han de comunicarlos al Ministerio del Interior. Ya no sería suficiente con que los clientes enseñen el DNI. En el futuro tendrán que informar también de su lugar real de residencia, su teléfono móvil o grado de parentesco cuando viajen con un menor. Otro de los aspectos del decreto era que los hoteles debían crear un registro de las transacciones económicas para remitirlo a Interior, con el medio de pago, los números de tarjetas bancarias y fecha de caducidad, uno de los puntos que más rechazo generaba en el sector, por las dificultades de habilitar electrónicamente ese seguimiento.

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"El sector hotelero, que siempre ha venido colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encontró con la sorpresa de que tenía que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte) tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real… Tal y como CEHAT viene señalando desde hace meses, esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir", señalaba la patronal hotelera hace poco más de quince días.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha justificado por razones de seguridad y lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada el contenido del decreto. Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el propio Marlaska consideraba pertinente la regulación y señalaba que no fue impugnada en ninguna instancia cuando se promulgó hace tres años. Además, señaló que el Consejo de Estado avaló su legalidad y no detectó incompatibilidades con la legislación europea de protección de datos personales, como sostienen las patronales del sector.

Según CEHAT, la recolección y almacenamiento de datos, tal como estaba planteada, no respeta los principios de "proporcionalidad y minimización, lo que podría generar sanciones, acciones judiciales y mayor inseguridad jurídica para los sujetos obligados". Según los hoteleros, el Real Decreto implica "una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios sin ofrecer salvaguardias claras, limitando la recolección masiva de datos a casos específicos y justificados".

Opinión

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Los hoteleros también cuestionaban las "complejidades operativas" de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios, lo que "las expone a importantes sanciones"; la falta de adecuación tecnológica a las obligaciones del registro de viajeros y la desventaja competitiva que podía suponer con respecto a otros destinos europeos, que no tienen una normativa tan rigurosa en materia en captación de datos.

Joan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, ha destacado en declaraciones a El Confidencial que se trata de "un sinsentido" el registro de viajeros. "La medida se cae por su propio peso y no la hay en ningún lado del mundo", aseguró Molas. "No tiene ni pies ni cabeza y lo primero que tenía que haber hecho el Ministerio es haberse dirigido al sector privado".

Para el dirigente turístico, el registro solo redundará en "multiplicar la burocracia" y sostiene que al final no se podrá aplicar. "Como ha ocurrido en este Gobierno muchas veces con el turismo, oyen la música y no saben el instrumento ni la nota a aplicar", señaló Molas a este diario.