España encara el debate sobre la reducción de jornada con datos de hace quince años

El debate sobre la jornada laboral y los usos del tiempo en España ya es imparable. Y se ha precipitado en los últimos días. Lo que había empezado como una bandera de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alcanzó la categoría de compromiso gubernamental tras el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, que contemplaba una reducción a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Ahora, mientras la patronal bloquea la reforma en el seno del diálogo social, el PP ha entrado de lleno con una propuesta para mejorar la conciliación: propone concentrar la semana en cuatro días, pero siempre con el acuerdo de la negociación colectiva y sin perder productividad.

Todos hablan, todos discuten y muestran informes ad hoc para reforzar su posición, pero lo cierto es que en la mesa faltan dos de las herramientas clave para conocer realmente cuál es la situación actual y evaluar ex ante las consecuencias de los posibles cambios. El debate está teniendo lugar con datos oficiales de hace 15 años y, si Trabajo cumple su plan de aprobar la reforma antes de final de año, lo hará sin el aval del organismo clave para entender su impacto en la economía española: el recién creado Consejo de la Productividad, cuyo informe al respecto no estará listo hasta bien entrado 2025.

Tampoco se conocerá hasta esa fecha la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que es la base de datos oficial más completa para saber cómo distribuyen los españoles su jornada diaria, sea para menesteres laborales, familiares o de ocio. Esta estadística recoge datos como las horas de sueño, el reparto de tareas, el tiempo dedicado al trabajo remunerado, los turnos en que este se realiza… y, en definitiva, refleja diferentes patrones en función de una serie de características socioeconómicas, como la edad, el sexo o la clase social. Se trata, por tanto, de la herramienta indispensable para poner encima de la mesa un debate global sobre los usos del tiempo en España, como el que ha planteado Díaz con su gran apuesta para esta legislatura —la reducción de la jornada legal es solo una pata— o el que ahora pretende introducir el Partido Popular.

El problema es que la encuesta se elabora de forma esporádica —no tiene una periodicidad fija con una serie histórica continua, como otras, ya que el diseño va variando en las diferentes entregas—, y solo ha conocido dos ediciones hasta ahora: la de 2002-2003 y la de 2009-2010. Mientras todos hablan de conciliación, de permisos para el cuidado, de trabajar menos horas o de distribuir la jornada de forma flexible, los datos oficiales con los que cuenta España —y que en algunos casos son utilizados como evidencia de las diferentes propuestas— son de una época en la que Glovo ni siquiera era un proyecto, los móviles inteligentes apenas se empezaban a introducir y el teletrabajo sonaba a escena de Hollywood ambientada en una habitación pintoresca con vistas a Central Park.

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Hoy, todo ha cambiado. El asunto ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, hasta convertirse en una de las cuestiones centrales en el debate político, social y económico de las democracias más avanzadas. El cambio de mentalidad auspiciado por la pandemia, los valores de las nuevas generaciones, con una mayor preferencia por el tiempo libre, la creciente implicación del varón en los cuidados y de la mujer en puestos de dirección o la introducción de algunas disrupciones en el mundo laboral (especialmente la inteligencia artificial) han dejado obsoletos los diseños metodológicos anteriores.

En ese contexto, Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, ha introducido una serie de criterios para homogeneizar estas encuestas en los diferentes países europeos. Y el INE lleva años trabajando en esos cambios, pero va con un poco de retraso. En el Plan Nacional Estadístico 2021-2024, el organismo ya había incluido la EET, con un presupuesto cercano a un millón de euros. A lo largo de este período, se han ido dando pasos, como la realización de un primer estudio piloto, pero no fue hasta el programa de 2024 cuando se planificó el trabajo de campo, que debería haber empezado a principios del segundo semestre y prolongado durante un año completo. El pasado lunes, el Boletín Oficial del Estado publicaba la adjudicación de este proyecto, que tuvo lugar el pasado 2 de agosto.

Los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo se conocerán, como pronto, en 2025

En definitiva: el trabajo de campo de la encuesta empezará a finales de 2024 y se extenderá durante casi todo 2025, por lo que, en el mejor de los casos, los datos se conocerán en otoño de ese año. Para entonces, la reducción de la jornada laboral ya se habrá cerrado, en uno de los tres sentidos posibles: con el apoyo del Congreso, con un no de los grupos parlamentarios que impida su entrada en vigor o con la renuncia de Díaz a llevarla a las Cortes ante la falta de apoyos. El concurso de la CEOE, que de momento no ha dado su brazo a torcer ante la oposición frontal de las pymes —serían las más afectadas—, resulta fundamental para asegurar la viabilidad política de la ley, por lo que Díaz se está afanando en atraerla al consenso entre el Gobierno y los sindicatos.

La ministra, que al principio tenía mucha prisa, ha dado margen para la negociación, pero fuentes al tanto de las conversaciones aseguran que ha transmitido su intención de finiquitar la mesa antes de final de año. En definitiva: pase lo que pase, la resolución, fruto de la negociación y el cálculo político, se dará sin conocer los datos actualizados. Los que hay preguntan, por ejemplo, por la informática y el consumo de DVD, pero no por el teléfono móvil o el teletrabajo.

Es cierto que existen otras fuentes fiables para abordar el debate sobre la reducción de jornada, como la Encuesta de Población Activa del INE, que refleja el número de horas trabajadas, o la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, que recoge la duración de la jornada acordada por la patronal y los sindicatos en los diferentes niveles de la negociación colectiva. Sin embargo, ninguna de ellas radiografía los usos del tiempo de una forma global, que es el marco que ha establecido Díaz para "mejorar la vida de la gente", o el que propone Feijóo cuando sugiere reducir la semana a cuatro días para mejorar la conciliación. Una vez más, en el debate público nacional se mezclan varios asuntos diferentes al mismo tiempo, y los actores caminan a ciegas, guiados por propuestas electoralistas débilmente sustentadas en datos.

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¿Cómo afectará a la productividad?

Pero si ya falta información para hacer una radiografía de la situación actual, esta todavía es más escasa cuando se quieren conocer las consecuencias de las reformas que se proponen. Muchos han recurrido durante los últimos meses a la política comparada, explicando lo que pasó en otros países (por ejemplo, Francia) que decidieron reducir la jornada. Sin embargo, el mercado laboral español y su estructura económica y empresarial es muy diferente a los de algunos de nuestros vecinos, por lo que resulta muy aventurado afirmar que las recetas que funcionaron (o no) en un sitio vayan a tener el mismo efecto aquí.

Más allá de la mejora de la calidad de vida, el gran argumento de los defensores de la reducción de la jornada es el incremento de la productividad. Cobrar lo mismo trabajando menos horas es posible, dicen, porque se producirá lo mismo, debido al incremento de la productividad por hora trabajada. Esta mayor eficiencia, muy intuitiva (el trabajador estará más motivado y descansado debido a sus mejores condiciones), no se puede suponer, automáticamente, en todos los casos. Al menos no en los sectores en los que la propia realización del trabajo depende del número de horas, como la hostelería: si un bar deja de abrir media hora al día porque se reduce el horario del camarero, dejará de tener ingresos durante ese tiempo, a no ser que todos los clientes que antes acudían a esa hora lo hiciesen a otra y se les pudiese atender con el mismo personal.

Conocer la relación entre el tiempo de trabajo en los diferentes sectores de la actividad y la producción se antoja, por tanto, imprescindible para estimar el impacto de la reducción de jornada sobre la productividad. Y no es solo una cuestión de darle o quitarle la razón a la ministra, sino de abordar de forma correcta uno de los principales puntos débiles de la economía española, que lastra su crecimiento.

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Para afrontarlo y cumplir una recomendación de las autoridades europeas, el Gobierno decidió crear el Consejo de la Productividad, un organismo independiente, aunque adscrito a la Secretaría de Estado de Economía, que se encargará de realizar estudios sobre este problema. Aunque el ministro del ramo, Carlos Cuerpo, ya ha anunciado su presidente (será Juan Francisco Jimeno, un economista del Banco de España, con una larga trayectoria en este ámbito), el resto de los puestos aún no han sido asignados, por lo que la institución aún no se ha puesto en marcha (aquí se explican todos los detalles sobre el proceso de elección de sus miembros, que asegura la preponderancia de Economía frente a Trabajo).

Según ha sabido El Confidencial, el plan es que la primera reunión tenga lugar a finales de octubre. Después, todavía habrá que constituir los diferentes grupos de trabajo y elaborar un plan anual que deberá ser enviado al Ministerio en enero. Aunque la intención es que uno de los documentos prioritarios verse sobre el impacto de la reducción de jornada sobre la productividad, los primeros informes no verán la luz hasta bien entrado el año que viene.

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En definitiva: la reforma quedará vista para sentencia sin el pronunciamiento del organismo más cualificado —y legitimado— para avalarla. Si lo que se persigue es el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, lo ideal habría sido esperar a conocer el parecer del Consejo de la Productividad antes de tomar una decisión "para los próximos 40 años", según dejó entrever el secretario de Estado de Trabajo.

En el tintero, quedan por clarificar procesos que todavía se desconocen, por las dificultades de estudiar conjuntamente bases de datos distintas que ayudarían a entender la relación entre la jornada laboral, la estructura empresarial y la productividad. Una de las líneas de investigación del Consejo consistirá, precisamente, en juntar las cifras de facturación y actividad de las empresas que manejan el Ministerio de Hacienda y el Banco de España (Central de Balances) y las de tiempo de trabajo y afiliaciones, que dependen del INE y de la Seguridad Social. Hasta ahora, las barreras burocráticas lo han impedido.

Hacen falta recursos y también tiempo. Pero los políticos tienen prisa: en la España actual, los debates duran mucho menos que el desarrollo de una encuesta o la elaboración de un informe.