Cuatro grandes retos para Ribera al frente de Competencia en un momento de 'giro copernicano'

Teresa Ribera ha sido designada este martes como vicepresidenta a cargo de Transición Limpia, Justa y Competitiva con control de la cartera de Competencia, convirtiéndose en uno de los pesos pesados de la próxima Comisión Europea. Aunque la actual vicepresidenta del Gobierno tiene todavía que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo, ya se perfila como una de las figuras centrales en el Ejecutivo comunitario para el próximo ciclo, con algunos de los retos centrales de lo que queda de década.

La española había mostrado inicialmente su preferencia por carteras relacionadas con Clima y Energía, pero las negociaciones de Moncloa y la Representación Permanente de España ante la Unión Europea han llevado a una vicepresidencia que aunque en título incluye las ideas de clima y justicia social, está fundamentalmente enfocada a competencia, una de las carteras 'duras', con colmillo, con poder claro y directo. Así, Ribera tendrá bajo ella la dirección general de Competencia, una de las más poderosas de la Comisión, no sin retos.

Controlar el corral

Ribera es uno de los seis vicepresidentes que tendrá la Comisión Europea en los próximos cinco años, y más allá de Competencia, sobre la que tendrá control total, algunos elementos de su trabajo se solapará con el de varios comisarios. Por eso la española tendrá que saber gestionar los roces y las posibles batallas con los tres comisarios que tiene por debajo: el holandés Wopke Hoekstra, que estará a cargo de Clima con el control además de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, la sueca Jessika Roswall, que estará a cargo de Medioambiente, y el danés Dan Jørgensen, comisario de Energía.

Con Jørgensen el trabajo será más sencillo porque forma parte de la familia de los socialdemócratas europeos (S&D), lo que en principio debería hacer la colaboración con Ribera algo más sencilla. Roswall y Hoekstra con del Partido Popular Europeo (PPE), aunque en principio el comisario holandés tiene una agenda que no es incompatible con la de Ribera en asuntos climáticos, por lo que la sueca es el gran interrogante.

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Pero Ribera no tendrá que mirar solamente hacia abajo, también tendrá que hacerlo hacia arriba. Von der Leyen tiene un largo historial de atar en corto a las figuras de más peso de su Comisión Europea, como durante los últimos años hizo con el holandés Frans Timmermans o con la danesa Margrethe Vestager, dos de sus tres vicepresidentes ejecutivos en la anterior legislatura.

Nueva era de Competencia

Como señala Von der Leyen en su carta de misión a Ribera, la futura vicepresidenta de la Comisión Europea tendrá que modernizar la política de Competencia y adaptarla a una nueva era. Esta es su gran misión y el gran reto al que se enfrenta. Uno de los aspectos más delicados que tendrá que afrontar Ribera es el creciente peso de la competitividad en el debate europeo. Y, en lo que se refiere a Competencia, la relación entre tamaño y competitividad, producto de la tensión existente entre que la se garantice la competencia dentro del Mercado Interior o que se adapten las reglas con un enfoque en que las empresas europeas puedan competir globalmente.

"Algunos consideran que el control de las fusiones es incompatible con el desarrollo de 'campeones nacionales' europeos"

Así, la presidenta de la Comisión señala que deberá revisar las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales, con el objetivo de que tenga más en cuenta las necesidades de la economía europea "en materia de resistencia, eficiencia e innovación, los horizontes temporales y la intensidad de inversión de la competencia en determinados sectores estratégicos, así como el nuevo entorno de defensa y seguridad". Recientemente, Fiona Scott Morton, una académica americana que iba a ser economista jefa de la dirección general de Competencia antes de que Francia derribara su candidatura, ha escrito respecto al reto que afrontaba el futuro comisario o comisaria de Competencia. "Algunos consideran que el control de las fusiones es incompatible con el desarrollo de 'campeones nacionales' europeos", señalaba la académica.

"El argumento es que, por ejemplo, tal vez una combinación de dos empresas europeas de tamaño medio pueda crear una gran empresa europea que luego competirá con una gran empresa china o estadounidense a escala mundial, y esto aportará a Europa beneficios que las dos empresas medianas no podrían aportar. Gestionar las ayudas de Estado para que, más allá de ser neutrales, fomenten la competencia, es todo un reto. La presión política para utilizar las ayudas estatales de forma perjudicial, como la creación de campeones nacionales, en lugar de utilizarlas para mitigar las externalidades que impiden la entrada y la competencia, es significativa", explicaba Scott Morton en un documento del think tank económico Bruegel.

Y es así. La presión por demoler la política de Competencia tal y como la conocemos está ahí. La idea de que los gigantes europeos son la solución a la competencia global ha cogido cierta fuerza en los últimos tiempos. En su reciente informe sobre el futuro de la Competitividad de la Unión Europea Mario Draghi, antiguo presidente del Banco Central Europeo, abogaba por una adaptación de la política de Competencia que muchos han evaluado como una petición de relajarla, aunque es cierto que identifica que en algunas ocasiones las normas europeas de Competencia "posiblemente inhiben la cooperación intraindustrial".

La realidad es que el italiano hace un análisis más granular y pone el foco en algunos de los retos que afrontará Ribera, como por ejemplo un factor difícil de medir y de identificar: el potencial de innovación. En su informe, Draghi señala que "dado que la innovación en el sector tecnológico es rápida y requiere grandes presupuestos, las evaluaciones de las fusiones deben valorar cómo afectará la concentración propuesta al futuro potencial de innovación en áreas de innovación críticas". Este es un ejemplo clásico de las peticiones de tener en cuenta la innovación como un nuevo factor en las decisiones sobre fusiones y adquisiciones, alejándose de un análisis centrado únicamente en el efecto de la operación sobre los precios.

Venimos de una era "expansiva" de la política de Competencia. Durante los últimos diez años Vestager ha estirado al máximo las posibilidades y ha ampliado su poder. La justicia europea ha respaldado recientemente su decisión de obligar a Irlanda a recuperar 13.000 millones de euros en impuestos no pagados por Apple como parte de un “acuerdo fiscal” (tax ruling) que la Comisión decidió calificar como ilegal, cruzando un nuevo Rubicón en la política de competencia. La danesa deja su puesto habiendo cimentado su lugar como látigo de los gigantes digitales y como abre caminos de la Comisión Europea en cuestiones de competencia. Ribera no tiene un trabajo sencillo por delante.

Ayudas de Estado

En la nueva era de la política industrial, la corriente de pensamiento llama a una mayor presencia del Estado a través de subsidios en sectores críticos, por eso las ayudas de Estado es otro de los asuntos en el centro del tablero. En su carta de misión, Von der Leyen encarga a Ribera "perseguir una mayor simplificación de las ayudas estatales, dando prioridad a los trabajos sobre las ayudas más distorsionadoras" y sacando lecciones de los marcos temporales que durante estos años, desde la crisis del coronavirus, han dado manga ancha a las ayudas de Estado.

La idea de que los gigantes europeos son la solución a la competencia global ha cogido cierta fuerza en los últimos tiempos

Esa política de manga ancha ha llevado a que las ayudas de Estado estén llegando de manera caótica, descoordinada y fundamentalmente vinculada al espacio fiscal de cada Estado miembro. Así, es claramente Alemania la que más está dedicando a ayudas de Estado, lo que ha provocado cierta preocupación ante una posible fragmentación del Mercado Interior. Los expertos, como Scott Morton, explican que no hay un "un conflicto intelectual inherente entre la competencia y la política industrial", pero que esta debe ser "procompetitiva". No tiene sentido dar carta blanca para que un país salve con subsidios a una empresa zombie mientras en otro país sin espacio fiscal para ese subsidio una empresa con potencial se ahoga.

Una manera de afrontar esta situación es potenciar y flexibilizar los requisitos para los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE, por sus siglas en inglés), proyectos transfronterizos que, a ojos de análisis como el realizado recientemente por Draghi, imponen un marco europeo. El equilibrio es muy delicado, como apuntaba recientemente Anselm Küsters, del Centrum für Europäische Politik: "Permitir ayudas de Estado más flexibles podría considerarse una respuesta sensata para reforzar las industrias estratégicas dentro de Europa y protegerlas de la inestabilidad mundial. Sin embargo, este enfoque debe equilibrar las medidas de protección a corto plazo con la necesidad a largo plazo de preservar la integridad del mercado único y evitar distorsiones que, en última instancia, podrían debilitar la competencia dentro de la propia UE".

Tareas pendientes

Ribera tiene una tarea pendiente antes de mudarse definitivamente a Bruselas. El Gobierno debería haber enviado la actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 el 30 de junio, pero la consulta ambiental previa acaba de terminar. La Comisión Europea fijó esa fecha para que los 27 gobiernos europeos le enviasen sus planes de energía y clima. Los únicos que cumplieron con esa petición fueron Suecia, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca. Italia llegó un día tarde. Desde el Gobierno explican a este medio que se está terminando de revisar a la vista del resultado de la Evaluación Ambiental Estratégica, que estuvo en audiencia durante junio y julio.

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Desde el Ministerio para la Transición Energética aseguran que es deber se realizará "en las próximas semanas". Los planes nacionales de energía y clima buscan encajar dentro de la estrategia comunitaria, en la que Ribera tendrá mucho que decir a partir de diciembre. Según se anunció a principios de año, el incumplimiento de esta presentación podría provocar la apertura de procedimientos de infracción contra los países incumplidores. España, al igual que la mayoría, no ha cumplido.