El sector público desplaza a la banca y su peso en bolsa vuelve a niveles de 1997

Algo está cambiando en la composición de la bolsa española. Y no es otra cosa que la participación del sector público como agente económico. Un dato lo pone negro sobre blanco. La suma de las participaciones del sector público en los mercados cotizados representó, al finalizar el año pasado, el 3,3% de la capitalización total de la bolsa. Muy lejos ya del 0,2% que representaba a comienzos del siglo.

Aquella cifra, sin embargo, todavía no refleja todos los últimos movimientos. En particular, la entrada de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en Telefónica, con un 10%. Incluyendo esta presencia, aunque dependerá de los cambios en la cotización de las acciones, es muy probable que al finalizar este año la presencia del sector público alcance el 3,5% de la capitalización total. En total, muy cerca de los 27.000 millones de euros. Es decir, ya en línea con la banca, cuya participación ha caído en picado [ver gráfico] en las últimas décadas.

Hay que remontarse a 1997, cuando el primer Gobierno Aznar aceleró el programa de privatizaciones, iniciado unos años antes, para encontrar un mayor peso del sector público entre las empresas cotizadas. Aquel año, el Estado representó el 5,6% del valor de la bolsa, muy lejos del 16,6% que alcanzó en 1992, cuando el ejecutivo de Felipe González, en medio de la crisis económica, impuso la venta de decenas de empresas públicas. La sociedad pública Sepi ha estimado que, desde el inicio del proceso de privatizaciones, el Estado ha vendido más de 120 empresas y recaudado unos 45.000 millones de euros.

Lo significativo, sin embargo, no se sitúa solo en el plano cuantitativo, sino cualitativo. Al fin y al cabo, las familias, de forma directa, poseen todavía en bolsa cinco veces más que el Estado, mientras que la inversión extranjera multiplica por 15 la participación del sector público en la bolsa.

Conglomerados industriales

Lo más relevante radica en que, al finalizar 2024, el Estado tendrá mayor peso en bolsa que la banca, que históricamente ha creado grandes conglomerados industriales a fin de garantizarse un flujo de caja recurrente, además de la influencia política que suponía tener enormes grupos. Esas carteras están hoy prácticamente desaparecidas por imposición del Banco Central Europeo (BCE), que busca que el sistema financiero se centre en su negocio tradicional. La corporación Criteria, vinculada a la Fundación La Caixa, es un caso singular.

Hoy, el peso de la banca se ha reducido hasta ese 3,5% de la capitalización total de la bolsa, es decir, prácticamente una tercera parte de lo que era antes del estallido de la crisis financiera y, desde luego, muy lejos del 15% que alcanzó en los primeros años 90.

Hay otra diferencia cualitativa. Las participaciones industriales del Estado tienen carácter estratégico y hoy el Gobierno no prevé ninguna privatización de las empresas cotizadas en las que participa. Muy al contrario, en los últimos años ha aumentado o recuperado su participación en sociedades muy significativas. En particular, en Telefónica (hasta el 10%) y en Indra (27,99%). En el primer caso, ha desembolsado 2.285 millones, y en el segundo 173,5 millones. Igualmente, mantiene el 20% en Redeia, el operador de la red eléctrica, o el 5% en Enagás, propietario de las infraestructuras de gas, además de un 7,41% en Hispasat.

De hecho, los ingresos por beneficios de las empresas cotizadas, aunque relevantes, no son determinantes, salvo el caso de CaixaBank, donde el sector público, a través del Frob, mantiene una importante presencia. Gracias a ello, el Frob ingresó este año, aunque correspondientes a 2023, unos dividendos equivalentes a 335 millones de euros, cifra que supera con creces lo aportado a la Sepi por las empresas cotizadas.

La mayor aportación a los resultados de la Sepi en 2022, según su último informe anual publicado, proviene de Airbus (donde el Estado mantiene un 4,1%), que contribuyó con 174 millones de euros. A continuación se situaron Red Eléctrica, 133 millones; Indra, 25 millones, y Enagás, 22 millones. Ahora bien, en 2023 los resultados han mejorado. Según la Memoria del año pasado, los dividendos percibidos por las empresas participadas ascendieron a 195 millones de euros, un 7% más.

La presencia del sector público en sectores estratégicos (aviación, distribución eléctrica, telecomunicaciones o defensa), en todo caso, también tiene un componente económico. Entre otras razones, porque gracias a esas participaciones se sanea la cuenta de resultados del sector público.

Pérdidas y ganancias

Las últimas cuentas anuales de Sepi, sin consolidar, muestran unas pérdidas globales equivalentes a 194,4 millones de euros, prácticamente el triple que un año antes. Sin embargo, si se consolida la cuenta de pérdidas y ganancias, el resultado es muy distinto. Se pasa, en concreto, a los 10 millones de beneficios, la cuarta parte que un año antes. El patrimonio neto consolidado del holding público asciende a algo más de 3.150 millones de euros.

La diferencia entre ambas magnitudes tiene una explicación fundamental. La cartera industrial de Sepi tiene algunas empresas muy deficitarias. El año pasado, Sepi tuvo que hacer aportaciones a empresas del grupo por valor de 230 millones de euros, de los que más de la mitad (146 millones) fueron destinados a Hunosa, la antigua compañía minera, para financiar los procesos de reestructuración. También aportó 36 millones a Equipos Nucleares y 25,7 millones a la agencia Efe. Incluyendo las aportaciones por deterioro del valor de los activos, se alcanzan los 332 millones de euros, principalmente a causa de los 126 millones entregados a Correos.

El año pasado, Sepi tuvo que hacer aportaciones a empresas del grupo por 230 M, de los que más de la mitad fueron destinados a Hunosa

En definitiva, la estrategia del Estado en el sector público empresarial va en una doble dirección. Consolidarse en sectores estratégicos en un contexto geopolítico complejo, dado que se trata de empresas rentables, y, al mismo tiempo, financiar con esos recursos las necesidades de otras empresas deficitarias.

El crecimiento del peso del sector público en bolsa no ha supuesto un aumento del endeudamiento. Los datos más recientes muestran una deuda total de las empresas a cargo de la Administración central equivalente a 35.099 millones de euros, lo que representa el 2,4% del PIB. Este porcentaje se sitúa ya lejos del 3,3% que alcanzó tras la crisis financiera. Más de la mitad corresponde a Adif, cuya deuda se ha casi duplicado desde 2012.