El IMV no ha servido para atajar la pobreza infantil. Para lograrlo hace falta mucho más dinero

Las promesas se las lleva el viento, los cargos dependen de las veleidades políticas, pero la realidad permanece. Y se enquista, si en lugar de una estrategia consistente y de largo plazo para transformarla, se recurre a promesas que no se acaban de traducir en hechos y puestos de quita y pon. El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, creado a iniciativa del presidente del Gobierno, estimó en 2020 que el ingreso mínimo vital (IMV) reduciría esta lacra en un 65% y sacaría a 400.000 menores de la pobreza extrema. La institución, entonces representada por Ernesto Gasco, llegó a acordar con el Ministerio de Inclusión la puesta en marcha de un grupo de trabajo para estudiar el impacto del subsidio, recién estrenado en ese momento, entre los menores de edad.

Cuatro años después, el Alto Comisionado ya no existe, Gasco dirige el Hipódromo de la Zarzuela, nadie conoce quién formó parte de ese grupo de trabajo y tampoco hay constancia de informe alguno. Pero los datos de todo tipo de fuentes públicas y privadas certifican una realidad: la pobreza infantil en España, lejos de reducirse, tiende a aumentar, y nuestro país se sitúa a la cabeza de Europa en este triste ranking. Nadie sabe cuál hubiera sido la situación sin el IMV, pero lo cierto es que el IMV no ha servido para atajar el problema. Expertos y políticos piden buscar otras soluciones, y emerge una por encima de las demás: una prestación universal para la crianza. El pero es que resulta mucho más cara que el ingreso mínimo.

La idea puede parecer una excentricidad, que resuena desde hace tiempo en sectores de la izquierda y Sumar ha puesto como una de sus condiciones en la negociación con el PSOE para los presupuestos del año que viene. Nada más lejos de la realidad. Igual que nuestro país era una excepción en Europa por no disponer de una renta mínima garantizada antes de la aprobación del IMV —solo existía en algunas autonomías—, ahora lo sigue siendo en lo que a las políticas de crianza se refiere.

Casi todas las medidas están relacionadas con beneficios fiscales y permisos, que se han incrementado —con gran éxito— en los últimos años, pero todavía seguimos siendo una de las 10 naciones de la UE, la mayoría del sur del continente, que no cuenta con una prestación universal en este ámbito; hay 17 que sí la tienen, además de otras 12 en el resto del mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El propio Partido Popular ha llegado a pedir a la Comisión Europea que inste al Gobierno español a desarrollar este subsidio para luchar contra la pobreza infantil; el Consejo Económico y Social (CES), principal órgano asesor del Ejecutivo en materia sociolaboral, ha hecho lo propio.

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Los expertos coinciden en que es hora de actuar. España es el segundo país europeo en que peor han funcionado las políticas contra la pobreza infantil, según un informe del Centro Común de Investigación (JRC) —dependiente de la Comisión Europea— explicado con detalle en este artículo. El IMV, que debería haber servido como medicina para esta enfermedad estructural de la sociedad española —una "lacra lacerante" y una "inmoralidad como país", según Antón Costas, presidente del CES—, ha demostrado su ineficacia: si en 2020, cuando se aprobó la ayuda, la tasa de pobreza infantil ascendía al 27,4 %, ahora llega al 28,9 %, según Eurostat. En ese tiempo, ha habido una pandemia y una espiral inflacionista, pero también un crecimiento económico sostenido durante más de tres años y un discurso político que prometía no dejar a nadie atrás.

Los problemas son recurrentes, y se refieren principalmente a la insuficiente tasa de cobertura: de cada 100 familias que tendrían derecho a la ayuda, solo la reciben 36, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El desconocimiento y la excesiva carga burocrática dejan fuera a buena parte de quienes más lo necesitan. Como se refiere aquí, una ayuda universal para la crianza garantizaría que los hogares que, pese a tener gravísimas carencias, se quedan excluidos del sistema de subsidios, recibieran el apoyo público, aun a costa de que otras familias que viven desahogadas también lo hiciesen.

Sin embargo, el origen de las limitaciones del IMV es mucho más profundo. No se refiere solo a la aplicación de la medida, sino a su propio diseño: pese a aquella promesa extemporánea del Alto Comisionado y al desarrollo de un complemento de ayuda a la infancia (CAPI) en función del número y edad de los menores en cada hogar, no está enfocado a acabar con la pobreza infantil. Olga Cantó, de la Universidad de Alcalá de Henares y una de las investigadoras de referencia en España en las políticas para la infancia, considera que la lacra va mucho más allá de ese 10 % paupérrimo al que se dirige el ingreso mínimo vital y el CAPI. Hace falta reenfocar el debate. "En España, la discusión va de qué es mejor, si una ayuda universal u otra focalizada, pero todos los países que luchan bien contra la pobreza infantil tienen los dos tipos, porque el sistema de prestaciones no puede tratar igual a todas las rentas y a las más bajas", asegura.

Las cuantías de las desgravaciones fiscales, a las que se puede acoger un colectivo mucho más amplio que el del IMV, resultan anecdóticas en comparación al esfuerzo económico que supone la crianza. "Las diferencias [en la declaración de la renta] entre tener un hijo o no son mínimas", denuncia la experta. Es decir, no sale a cuenta, por lo que se genera una injusticia que afecta a las clases populares o incluso medias que, sin cumplir los exigentes requisitos para acceder al ingreso mínimo, también afrontan dificultades para hacer frente a esos gastos. Es necesario, reivindica Cantó, que las medidas actuales se compaginen con una prestación que llegue a todos y conjure el riesgo de pobreza infantil en esos sectores.

Polonia, mejor que España

Los ejemplos abundan. Los Países Bajos dan más de 250 euros al mes por cada hijo, independientemente del nivel de renta de la familia, y Alemania, 240, que se complementan con otros subsidios similares al ingreso mínimo. Pero incluso Polonia, con un PIB per cápita muy inferior al de España, ha desarrollado una prestación universal de 230 euros (todos estos datos se dan en paridad de poder de compra, para poder comparar las políticas de los diferentes países independientemente de su nivel económico). Cantó califica los resultados polacos de "espectaculares". Efectivamente, la pobreza infantil ha caído nueve puntos en la última década, y es la mitad que en España, siempre según Eurostat.

La prestación contribuirá a reducir la pobreza infantil en función de lo que se quiera gastar

Los gobiernos ultraconservadores de ese país han puesto como prioridad la política para las familias, pero aquí nunca ha estado entra las preocupaciones de los políticos. En el caso de la izquierda, asegura Cantó, las han considerado hasta hace poco como algo más propio del franquismo, mientras que en la derecha las han desechado por el coste económico que suponen. Como resultado de esta inacción, las tasas de pobreza infantil se han cronificado, aunque ahora las cosas empiezan a cambiar a uno y otro lado del espectro político, a la vista del contraste entre el fracaso español y el éxito de las experiencias más cercanas.

El propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el entorno de Sumar han prestado interés a los trabajos de Cantó, Luis Ayala y otros miembros del equipo de investigación Equalitas, que llevan un cuarto de siglo estudiando tema, hasta situar la prestación universal en el debate político, en paralelo a la tramitación de la nueva ley de familias. Desde el partido de Yolanda Díaz destacan que una medida de este tipo contribuiría a reducir la pobreza infantil en un 50 %. Los diferentes estudios realizados hasta la fecha ofrecen cifras similares, por lo que avalan la efectividad del subsidio. El grado depende, eso sí, de cuánto se quiera gastar cada Gobierno.

¿Cuánto cuesta?

Según una investigación que preparan Cantó y otros académicos, la medida propuesta por Bustinduy, que ascendería a 200 euros por hijo, supondría un coste total de algo más de 23.200 millones de euros. Sin embargo, su coste diferencial —es decir, eliminando otras políticas que se solaparían— se reduciría hasta los 19.300. Esta última cifra es la que realmente refleja el esfuerzo para el erario público, y resulta muy similar a la que estima un informe reciente del instituto Iseak.

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Los desembolsos bajarían notablemente si se limitase la ayuda a 150 euros (unos 14.400 millones) o 100 euros (unos 9.600). En todos los casos, la profesora de la Universidad de Alcalá calcula que el número de hogares perceptores superaría los cinco millones, con más de ocho millones de menores beneficiados.

Como resulta lógico, cuanto más se gastase, más se reduciría la pobreza infantil. Con los datos de la investigadora en la mano, el número de menores pobres se reduciría un 52% si se diesen 200 euros por cada hijo, y la intensidad de esa pobreza caería más de un 40%. Iseak también cuantifica en un 40% la reducción de la pobreza extrema. Con 150 euros, estaríamos hablando de un 24% y un 35%, respectivamente, y con 100 euros, de un 22% y un 25%. En resumen: la medida que plantea Sumar llevaría la pobreza infantil a datos inferiores a la media europea, y una cuantía universal, pero más reducida, nos equipararía a nuestros países vecinos.

Aunque es más prudente, un reciente estudio de la OIT también certifica la efectividad de una política como esta. En él, se realiza una simulación de qué pasaría si los países que no tienen una prestación universal desarrollasen una equivalente a la media del montante de las que sí lo tienen, siempre en paridad de poder de compra, y que representa el 6% del salario medio. En España, eso significaría unos 135 euros al mes, y ayudaría a reducir la pobreza infantil en un 25%.

La cuantía de la prestación sería muy inferior a la del IMV, pero la clave es que llegaría a todos

Por supuesto, la clave en todos estos cálculos no es el montante de la prestación, que se situaría muy por debajo de las que garantiza el ingreso mínimo vital —la cuantía media asciende a unos 500 euros—, sino el número de hogares afectados, que se multiplicaría por nueve. Muchos de ellos no lo necesitan, y Cantó aboga por que tengan que tributarlo en la declaración de la renta para devolver una parte al Estado. Pero el carácter universal aseguraría que todos los que sí precisan y no reciben el IMV —en muchos casos, al permanecer fuera del radar de las instituciones por no cumplir el mínimo para presentar el IRPF— quedarían cubiertos. La otra cara de la moneda de llegar a tantas familias sería el coste de la política, que superaría con creces los en torno a 4.000 millones anuales del ingreso mínimo.

En definitiva: el IMV se ha revelado impotente para luchar contra la pobreza infantil, pero la política que sí es efectiva, según el consenso académico, supone un esfuerzo económico hasta cinco veces mayor. La prestación universal la recibiría el hijo del hombre más rico del país, pero también cientos de miles de niños que viven en unas condiciones impropias de un Estado de bienestar europeo, sin que este responda a la urgencia de una situación que se cronifica y dificulta la movilidad social.

¿Qué compromiso queremos alcanzar como sociedad? La experta lo tiene claro: "El coste económico de no actuar es muy superior al de la prestación universal". El último informe del Alto Comisionado lo situaba en más de 60.000 millones de euros al año, casi el 5% del PIB. Claro que eso fue antes de que el presidente del Gobierno eliminase la institución sin dar explicación alguna.