Era difícil dejar más agujeros en la cobertura que el IMV: el bono social lo ha logrado

La burocracia y el desconocimiento están dejando enormes lagunas en las políticas sociales del Gobierno. El Ejecutivo presume de haber reforzado la protección a los más desfavorecidos en numerosos ámbitos, pero la realidad es que muchas de esas medidas resultan ajenas a gran parte de las familias para las que fueron pensadas. El caso más polémico es el del ingreso mínimo vital (IMV), pero el fracaso de las ayudas afecta a la mayoría de las aprobadas durante la crisis inflacionista, e incluso también a las que venían de antes y se reforzaron durante aquella época. El bono social, que ha ampliado sustancialmente las cuantías, es el mejor ejemplo.

Según un informe del laboratorio de ideas EsadeEcPol y la ONG Oxfam Intermón, la ayuda para pagar la factura de la luz tiene una tasa de cobertura incluso inferior a la del IMV. Si en este último caso solo el 36% de los potenciales beneficiarios lo reciben —son datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal—, en el del bono social la cifra todavía es inferior: el 24,5%. Es cierto que la penetración de la medida aumentó 1,3 puntos en 2022, año al que hacen referencia las cifras y en el que el Gobierno flexibilizó los requisitos para que llegase a las clases medias bajas afectadas por la inflación. Sin embargo, sigue siendo un dato bajísimo. Y, lo que es peor: oculta importantes problemas de equidad, que han ido empeorando tras los cambios introducidos por el Ejecutivo.

El descuento para la luz llega a pocos, y una buena parte de ellos "no son familias vulnerables", según denuncia la investigación de Natalia Collado y Ángel Martín. En concreto, uno de cada tres beneficiarios no tiene rentas bajas, principalmente por la incidencia de las familias numerosas, que pueden acceder a él independientemente de su nivel económico. Aquí es donde se produce la mayor contradicción: entre los hogares de tres o más hijos con ingresos altos, más del 60% reciben la ayuda, que no llega al 40% entre aquellos de ingresos bajos. De hecho, ser familia numerosa incrementa la posibilidad de recibir el bono un 27%, mientras que estar en la parte más humilde de la distribución de ingresos solo la potencia un 4%.

Además, la cobertura entre los hogares con todos los miembros nacidos en España (27%) duplica a la de los que cuentan con algún nacido en el extranjero (13%). Esta última condición supone una reducción del 12% en las posibilidades de recibir el bono. Los hogares en alquiler que tendrían derecho a la ayuda se benefician menos que los que poseen una vivienda en propiedad y están en la misma situación, mientras que la brecha entre las familias monomarentales y las que tienen dos progenitores no ha parado de aumentar: la tasa de cobertura entre las primeras roza el 20%, 12 puntos menos que entre las segundas.

"En comparación con los hogares formados por dos adultos con menores a cargo, los hogares unipersonales con un adulto en edad de jubilación, los monomarentales y las familias numerosas tienen mayor probabilidad de recibir el bono social eléctrico", concluyen los expertos. En definitiva: los mismos problemas que se venían arrastrando antes de la crisis energética, y que limitaban el alcance de la medida en algunos de los colectivos más necesitados, se cronificaron después de las mejoras implantadas por el Gobierno en 2022.

Las causas

Lo que ocurrió es que el Ejecutivo, lejos de cambiar el planteamiento de la medida, se limitó a rebajar los umbrales de acceso para intentar ampliar el número de perceptores. Pero, en realidad, lo ha conseguido a un ritmo muy lento: este se estancó durante aquel año en torno a los 1,3 millones de hogares, frente a los 1,9 millones que preveía el Ejecutivo (hoy ya alcanza los 1,7, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). El policy brief de EsadeEcPol deja muy claro dónde está la clave del fracaso: "Existen problemas de diseño que limitan que la política tenga el alcance deseado en origen".

El refuerzo del bono social no ha servido para compensar la espectacular subida de la luz

El bono social se introdujo en 2009 para ayudar a las familias necesitadas a pagar la luz. Su esquema actual se remonta a 2017, como un descuento aplicado directamente por las comercializadoras de referencia en la tarifa regulada de aquellos hogares que cumplan unos requisitos de renta y composición, y tengan una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios (kW). Está financiado por las propias compañías, así que un aumento del número de perceptores supone un coste para ellas, que normalmente imputan a sus clientes a través de un recargo en la factura. Son unos 800 millones de euros al año.

Los tramitadores no están, por tanto, especialmente interesados en agilizar el proceso, "ponen excesivas trabas a los consumidores y dilatan innecesariamente los tiempos", según denuncian asociaciones de consumidores como Facua. Las asimetrías en la información completan el círculo vicioso. En resumen: buena parte de los destinatarios del descuento ni siquiera saben que tienen derecho a él, y entre los que sí son conscientes, un número significativo acaba atrapado en la tela de araña burocrática. Así era antes de la crisis energética y así sigue siendo ahora, pese a los cambios introducidos por el Gobierno, como la concesión automática —en teoría— a los perceptores del IMV o la sustitución de la unidad familiar por la unidad de convivencia como potencial beneficiario.

Las consecuencias

Las consecuencias están a la vista: pese a todas las mejoras, los refuerzos en el bono social no han servido para compensar la espectacular subida de los precios de la electricidad durante la crisis energética. Como resultado, los principales indicadores de pobreza energética en España (temperatura insuficientemente cálida en invierno, retraso en el pago de las facturas, gasto desproporcionado, gasto insuficiente y pobreza energética oculta severa) se incrementaron en 2022 hasta máximos de la serie histórica recogida por los investigadores, que comienza en 2019. "El porcentaje de hogares que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno se ha triplicado, superando el 20%", destaca el informe.

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Como publicó El Confidencial, el Ministerio de Transición Ecológica sigue sin actualizar los datos de 2022, como se comprometió en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que caduca este año. El pretexto es que está preparando un nuevo plan, adaptado a las circunstancias actuales. Es por ello que los autores usan otros datos, como los de la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), o los del Energy Poverty Advisory Hub, que reflejan que España fue, junto a Portugal, el país donde un mayor porcentaje de hogares declaraba no poder mantener su casa a una temperatura adecuada y uno de los que había sufrido un mayor empeoramiento de la situación en 2023.

Las soluciones

Para luchar contra esta lacra, los autores del informe proponen varios cambios de fondo que ayuden a mejorar la eficacia del bono social. A su juicio, la reforma se debería centrar en las familias más vulnerables, trasladar el peso de la solicitud a la Administración, aligerando la carga que soporta el usuario, y armonizar la ayuda con otras ya existentes y que han proliferado con el actual Ejecutivo, como el ingreso mínimo vital.

Pese a que el IMV da acceso automático al bono social, el solicitante tiene que hacer los trámites dos veces: uno ante el Estado, para el subsidio de Seguridad Social, y el otro ante su comercializadora de último recurso, para el energético. "La armonización de estas ayudas simplificaría los trámites y podría favorecer significativamente la tasa de cobertura del bono social eléctrico, dado el mayor alcance comparativamente que está mostrando el IMV", aseguran los autores.

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El informe de EsadeEcPol también se abre a la posibilidad de que este tipo de ayudas se concedan de forma automática, como establece la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, aunque exhorta a estudiar antes las posibles implicaciones del cambio. En cualquier caso, los investigadores abogan por mejorar la comunicación con la ciudadanía, e incluso por que sea la Administración quien identifique de oficio a los posibles perceptores.

Más allá de las cuestiones burocráticas, el documento propone que se lleve a cabo otra de las promesas de reforma del Ejecutivo que han quedado en el tintero: el establecimiento de un tope de renta a las familias numerosas que quieran percibir el descuento en el recibo de la luz. Esta sería una de las vías para reducir los problemas de equidad que, tras un sinfín de reales decretos para ampliarlo y modificarlo, todavía presenta el bono social. Solo así se podrá evitar que algunas de las familias más ricas del país se beneficien de esta rebaja en la factura eléctrica, que también da acceso automático a la ayuda para la calefacción (bono social térmico).