Hacienda insiste en la senda de déficit que el Congreso tumbó en julio y pide apoyo al PP

El Gobierno no se mueve un ápice. Tras perder la votación de la nueva senda de estabilidad el pasado mes de julio en el Congreso, ha vuelto a aprobar el mismo techo de gasto y objetivos de déficit. No ha cambiado ni una coma. El Gobierno ha reclamado al Partido Popular que cambie de opinión sin entrar en negociaciones, pero su verdadera esperanza está depositada Junts, quien tiene la llave para desbloquear el rechazo del Congreso. El Gobierno ha rechazado negociar con la oposición modificar la senda de déficit porque "lo que es excelente, es muy difícil mejorarlo", ha explicado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En concreto, la nueva senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros mantiene una progresiva reducción del déficit público desde el 2,5% para el año 2025 hasta el 1,8% en 2027. La clave está en el reparto de este objetivo: con la propuesta del Gobierno, las CCAA podrían tener un déficit del 0,1% del PIB durante los tres próximos años, mientras que los ayuntamientos tendrán que estar en equilibrio.

Montero ha vuelto a advertir al Congreso de que si rechaza esta senda de déficit, entrará en vigor la planificación que incorporó el Gobierno al programa de estabilidad del año 2023. Hacienda cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que justifica la entrada en vigor automática de este objetivo de déficit, sin embargo, instituciones como la Autoridad Fiscal (AIReF) ha señalado públicamente sus reservas sobre esta interpretación. En su opinión, si no se aprueba en el Congreso, la senda no estará vigente. Se trata de un vacío legal no contemplado en la Ley de Estabilidad, porque el legislador no contempló la posibilidad de que un Gobierno no fuese capaz de aprobar en el Parlamento la senda de déficit.

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El objetivo de déficit que el Gobierno incorporó al programa de estabilidad obligaría a las CCAA y a los ayuntamientos a tener un superávit del 0,1% y a los ayuntamientos el próximo año. Montero ha recordado que, sin este ajuste, las CCAA podrán gastar 6.600 millones más y los ayuntamientos, 3.300 millones. Gasto que no implica mejora de financiación, sino menor reducción de la deuda pública.

"Ese mayor margen de gasto se hace en detrimento de la Administración General del Estado", quien tendrá que asumir ese ajuste. El Gobierno ha aprobado un techo de gasto que incorpora este ajuste del déficit en el Estado. Esto limita el margen para el crecimiento del presupuesto estatal. El techo de gasto se incrementará en un 3,2%, una cifra que es la mitad del crecimiento previsto para los ingresos tributarios (del 6,5%). La cifra asciende a 195.000 millones de euros, que asciende a 199.000 millones si se incluyen los fondos europeos.

Montero ha asegurado que el Gobierno presentará en las próximas semanas el proyecto de presupuestos generales del estado. Y lo hará incluso aunque el Congreso tumbe la senda de estabilidad. "Acudo a esta presentación de presupuestos con todo el ánimo de que salgan adelante", ha afirmado Montero. Además, ha pedido a sus socios que no tumben la entrada de los PGE en el Congreso en el debate de enmiendas a la totalidad y que se limiten a trasladar sus reclamaciones a través de enmiendas parciales.