¿Están infrafinanciadas las CCAA? Su gasto ha aumentado tanto como las pensiones

En algo menos de una década, el gasto anual de la Seguridad Social ha aumentado en 70.000 millones de euros. En 2023 tuvo un gasto de 228.000 millones de euros, frente a los 158.000 millones del año 2015. Las pensiones son un amante exigente, como es bien conocido por toda la sociedad. Lo que no es tan conocido es la situación de las comunidades autónomas. Los partidos políticos han conseguido imponer un relato de escasez permanente de recursos en los territorios, en parte gracias a las prórrogas de un sistema que lleva diez años pendiente de ser revisado (que no caducado). Sin embargo, su gasto en la última década ha crecido incluso por encima que el de la Seguridad Social, sumando 74.000 millones de euros más cada año.

El último en pedir más recursos para las comunidades autónomas ha sido el Partido Popular, al reclamar este mismo viernes la dotación de 18.000 millones de euros adicionales. Esta queja por la infrafinanciación ha sido compatible con un rápido crecimiento del gasto de las comunidades autónomas. Desde el año 2013, cuando tocaba revisar el modelo, el gasto de las comunidades autónomas se ha disparado un 44% (con datos de ejecución al cierre de 2023).

En total, las CCAA gastaron en 2023 74.000 millones de euros más que en 2013 (excluyendo las transferencias a otras administraciones). Y, con el ritmo del gasto registrado en la primera mitad del año, el crecimiento acumulado al final de año estará cerca de los 87.000 millones de euros. La realidad es que las regiones han gozado de años de abundante financiación sin necesidad de haber renovado el sistema.

En total, en once años el gasto habrá crecido cerca de un 50%. Un dato que comparece mal con el discurso de la queja contra el sistema de financiación actual. Sobre todo, porque en estos años no se ha producido un aumento significativo de las competencias de las CCAA, por lo que estos recursos se han destinado a mejorar los servicios ya transferidos.

Es cierto que las CCAA se vieron obligadas a ejecutar un gran ajuste durante la crisis financiera por la caída de recursos que sufrieron en esos años. Sin embargo, los recortes se han revertido íntegramente sin necesidad de modificar el sistema de financiación. El gasto autonómico se prevé que se estabilice por encima del 15% del PIB. En 2023 fue el 15,2% y la Autoridad Fiscal (AIReF) prevé que se aproxime al 16% al cierre de 2024 (el 15,5% sin fondos europeos).

Se trata de niveles de gasto muy elevados en comparación con los niveles históricos. Por ejemplo, antes de la pandemia, el gasto autonómico era del 13,7% del PIB, esto es, dos puntos por debajo de los niveles de este año 2024. Son niveles que en el pasado solo se han superado en las fases de crisis, tanto la financiera como la pandemia. En las crisis sube la ratio de gasto/PIB precisamente por la caída del denominador.

En 2024 la crisis de la pandemia ya es historia. El aumento del gasto público ya se puede considerar estructural. Las CCAA han utilizado los mayores recursos del sistema de financiación para reforzar los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y dependencia. La partida que más ha crecido es la de salarios públicos, con un incremento de casi 34.000 millones de euros. Con estos recursos han revertido los recortes de la crisis financiera, consolidando las contrataciones realizadas durante la pandemia. Según los registros de la Seguridad Social, en los diez últimos años las comunidades han aumentado sus plantillas en 600.000 trabajadores, un aumento de casi el 50%.

Las comunidades también han optado por externalizar la producción de servicios para facilitar la ejecución de todos los recursos. La partida en la que se observa este cambio es en la de consumos intermedios, que ha aumentado su dotación en casi 13.000 millones de euros. Y también han mejorado otros servicios públicos subvencionados (como el transporte), con un aumento del gasto de 10.000 millones de euros en una década.

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Todos estos datos chocan con el discurso de escasez de recursos de las comunidades autónomas. Sus niveles de gasto, en relación con el PIB, están claramente por encima de los que tuvieron en los años de la burbuja y los años de entrecrisis (2014-2019), sin que se haya producido un incremento muy significativo de las competencias transferidas. Es cierto que existen importantes diferencias en el reparto de los recursos, con tres CCAA perjudicadas: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Sin embargo, el relato de la infrafinanciación generalizada no es tan evidente a la luz que arrojan los datos.

Para evitar una espiral de aumento de la financiación autonómica, los expertos han propuesto cuantificar primero el coste de los servicios públicos deseados por la sociedad, algo que no se ha hecho nunca en la historia de España. De lo contrario, el discurso de la infrafinanciación nunca se verá colmado y las regiones seguirán pidiendo más y más recursos.