Las pensiones se han llevado el 45% del aumento de la recaudación de las dos últimas décadas

España es el cuarto país de la eurozona que más ha incrementado su gasto público en las dos últimas décadas. Ha pasado de estar por debajo del 39% a principios de siglo a superar el 46% en la actualidad. Sin embargo, la situación de los servicios públicos parece muy deteriorada. Las listas de espera en la sanidad son interminables, la inversión pública nacional lleva años bajo mínimos y hasta la educación parece colapsada, a pesar de la baja natalidad.

Una de las principales causas es el aumento del gasto en pensiones, que consume la mayor parte del incremento de los ingresos públicos. El 45% de la recaudación adicional generada en las dos últimas décadas (desde 2002 hasta 2022) se ha destinado al pago de pensiones, incluidas jubilación, incapacidad y supervivencia. El envejecimiento y la generosidad del sistema (es el segundo de la UE con una tasa de sustitución más alta tras la última reforma) exigen concentrar la mayor parte de los ingresos públicos en el pago de las jubilaciones.

El dato lo dice todo: casi la mitad del aumento de los ingresos públicos se ha destinado al pago de las pensiones, sin tener en cuenta los datos de 2023, que fue el año de la gran revalorización de las pensiones por la crisis inflacionaria, cuyos datos aún tardarán unos meses en publicarse.

En este periodo, los ingresos públicos de España aumentaron en 287.000 millones de euros al año, de los cuales 130.000 millones se destinaron a financiar las pensiones. Esta ha sido la partida de los presupuestos públicos más cuidada por los diferentes gobiernos por razones electorales, generando tensiones de gasto que han obligado a congelar otras partidas.

España es el país de la eurozona que más porcentaje de los nuevos ingresos ha destinado al pago de pensiones, el ya mencionado 45,4%. Le siguen Italia y Finlandia, con el 43% y 42,2%, respectivamente. Si se compara con el conjunto de la eurozona, España ha destinado 10 puntos más de la nueva recaudación a pagar las pensiones. Y eso a pesar de que España ha sido uno de los países que más ha incrementado su presión fiscal. En concreto, es el quinto en el que más han crecido los ingresos públicos en porcentaje del PIB, con un aumento de 4,5 puntos porcentuales.

El envejecimiento y la indexación al IPC exigen concentrar los esfuerzos del país en el pago de las pensiones, restando atención a otras partidas. Por ejemplo, en esas dos décadas el gasto sanitario aumentó en 55.000 millones de euros frente a los 130.000 millones destinados a las pensiones, un 138% más. Por el contrario, la inversión pública en vivienda ha caído casi un 17%, una reducción de 1.300 millones de euros en gasto anual. Este dato es el mejor ejemplo de cómo las prioridades políticas implican la protección de unos grupos sociales frente a otros.

Se ha producido un aumento paulatino de la presión fiscal en el país, dirigido especialmente a sufragar las pensiones. Entre las medidas adoptadas en estos años se ha incrementado el IRPF, el IVA, las cotizaciones sociales y se han creado nuevos impuestos especiales. Todo esto no ha sido suficiente: a principios de siglo, España no tenía déficit fiscal y actualmente se sitúa cerca del 3% del PIB.

Los impuestos sobre la renta, que a principios de siglo representaban poco más del 9% del PIB, actualmente suponen ingresos próximos al 12% del PIB. Esta diferencia, en precios actuales, implica cerca de 50.000 millones de euros al año en subidas de impuestos. El IVA, por su parte, ha pasado de recaudar algo menos del 6% del PIB a situarse cerca del 7%, y las cotizaciones sociales han pasado del 12,5% a cerca del 13,5%.

El propio Gobierno explicaba que las subidas de impuestos son necesarias para mantener la generosidad actual del sistema de pensiones. Así lo expuso en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: “Nuestro sistema tributario [...] tiene margen de crecimiento a medio plazo. Este Gobierno está decidido a impulsar este incremento, acercándonos a la media de los países europeos, especialmente en las figuras medioambientales y digitales, y utilizar estos aumentos para ajustar el déficit estructural. Este proceso es crucial, ya que áreas como la sostenibilidad del sistema de pensiones dependen de este aumento de ingresos”.

Este proceso de incremento del gasto en pensiones apenas ha comenzado, porque la generación del 'baby boom' todavía está trabajando. El pago de la carga demográfica (el opuesto al dividendo demográfico) exigirá a la sociedad un esfuerzo adicional para el pago de pensiones, ya sea con aumentos adicionales de la recaudación o con reducciones de otras partidas presupuestarias.