El PSPV/PSOE se hace fuerte en Política Territorial en pleno envite de Cataluña
Los socialistas valencianos han copado el ministerio de Política Territorial en pleno envite de Cataluña por la financiación. Además del secretario de Estado de Política Territorial, su nuevo director general también procede de allí
La reforma de la financiación autonómica, tras el pacto entre ERC y el PSC, oculta múltiples frentes, pero hay uno menos visible que involucra a dos regiones vecinas, aunque con intereses territoriales muy distintos en sus respectivos gobiernos: Cataluña y la Comunidad Valenciana. Lo curioso es que el escenario de confrontación no se encuentra fuera del Gobierno, sino dentro del propio Ejecutivo.
Por un lado, está el Ministerio de Hacienda, que ha asumido el acuerdo entre socialistas y republicanos por mandato imperativo de Moncloa, y por otro, el Ministerio de Política Territorial, que, en teoría, tiene mucho que aportar sobre el despliegue legislativo que el Gobierno debe realizar durante el primer semestre de 2025 para cumplir con lo pactado. El acuerdo establece que en ese plazo se formalice el detalle en la Comisión Mixta Estado-Generalitat.
Lo que ocurre es que los socialistas valencianos han ocupado el Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres. Su segundo al mando es el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, quien fue, en tiempos de Ximo Puig, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y, sobre todo, conseller de Hacienda. No está solo.
El Consejo de Ministros acaba de nombrar a Rafael Francisco Briet Seguí, su anterior jefe de gabinete, como nuevo director general de Cooperación Autonómica y Local. Briet ha desarrollado toda su carrera política en el Partido Socialista Valenciano, que, al igual que otras fuerzas políticas, ha sido muy crítico con el modelo actual. Básicamente, porque la Comunidad Valenciana está infrafinanciada. Aunque su peso político en relación con la vicepresidenta Montero es limitado, el hecho de que su ministerio tenga un papel clave en el desarrollo legislativo es relevante. Entre otras cosas, porque la propia líder del PSPV/PSOE es la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien públicamente ha apoyado el acuerdo, argumentando que "es beneficioso para el resto de España", pero siempre que se reconozca "la singularidad de todos los territorios en ese nuevo modelo de financiación".
Más o menos recursos
No en vano, los altos cargos de Política Territorial deben gestionar ahora, junto con Hacienda, la financiación autonómica, pero con la dificultad de que el pacto ERC-PSC, a falta de detalles más concretos, reducirá los recursos globales del régimen común, lo que necesariamente afectaría a la Comunidad Valenciana, que es la peor financiada. Y la financiación autonómica, como es sabido, actúa como vasos comunicantes: lo que afecta a una comunidad (más recursos) afecta al resto (menos recursos), o viceversa.
Un informe del comité de expertos reunido por las Cortes Valencianas, por ejemplo, calculó a principios de este año que, para igualar la financiación media (alcanzar el 99%), se debería aprobar una transferencia transitoria de nivelación para la Comunidad Valenciana equivalente a 1.782 millones de euros anuales, lo que sumaría 7.128 millones en cuatro años.
Los socialistas han considerado históricamente que la región está infrafinanciada, y de ahí la complicada posición de los políticos valencianos que hoy ocupan puestos clave en el Ministerio de Política Territorial, que se encuentran entre la espada y la pared, y no es una figura literaria. Entre otras razones, porque en las Cortes, el PP y Compromís –aliado de Sánchez en el parlamento– han unido fuerzas en favor de establecer un mecanismo de nivelación, esos 1.782 millones de euros anuales hasta 2027, que chocan con el modelo pactado entre ERC y el PSC, que se sitúa, al menos en teoría, fuera del régimen común. Los socialistas votaron en contra de la propuesta, pero más por una cuestión de forma que de fondo, ya que entienden que el PP hace "politiqueo" al querer poner en un aprieto al PSPV/PSOE. La propuesta aprobada por el PP y Compromís insta a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera defienda que "no se generen desigualdades entre españoles".
Aquí surge otro de los problemas del acuerdo en Cataluña. Compromís cuenta con cuatro diputados, pero dos de ellos proceden del entorno de Sumar (Txema Guijarro y Nahuel González López (Esquerra Unida PV). Sin embargo, los otros dos, Águeda Micó y Alberto Ibáñez, forman parte del núcleo duro de Compromís, que reclama una mayor financiación hasta alcanzar al menos la nivelación media.
Singularidad contra singularidad
Esa nivelación media, necesariamente, es más complicada si se retiran fondos del régimen común para que los gestione directamente la Generalitat, aunque en paralelo se pretendan aprobar mecanismos de solidaridad aún sin definir. El síndic de Compromís en Les Corts, el exdiputado nacional Joan Baldoví, advirtió ayer que su coalición no apoyará "ninguna singularidad" ni en materia de financiación autonómica ni en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 que prepara el Ejecutivo, si no se aprueba el citado fondo de nivelación. "Votaremos a favor de la financiación singular de Catalunya si se aborda también la financiación singular valenciana. No votaremos en ningún caso ninguna singularidad si no se aborda la singularidad de los que estamos peor financiados", aseguró.
Este 'frente valenciano' representa más que un simple problema para el Gobierno, sin contar la oposición que desde otros ámbitos ya se ha manifestado en contra del contenido del acuerdo. Tampoco se puede obviar la célebre ‘cláusula Camps’ incluida en el Estatuto de Autonomía valenciano. La disposición adicional segunda, en concreto, establece que "cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias". Es decir, si se aplica el acuerdo PSC-ERC, que establece que Cataluña debe gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos, habría que extenderlo, al menos, a la Comunidad Valenciana.
La reforma de la financiación autonómica, tras el pacto entre ERC y el PSC, oculta múltiples frentes, pero hay uno menos visible que involucra a dos regiones vecinas, aunque con intereses territoriales muy distintos en sus respectivos gobiernos: Cataluña y la Comunidad Valenciana. Lo curioso es que el escenario de confrontación no se encuentra fuera del Gobierno, sino dentro del propio Ejecutivo.
- Borrell reitera que el pacto fiscal con Cataluña "es un concierto": "No hay que tener miedo" Europa Press
- Montero niega un cupo catalán: "Ni es un concierto ni es una reforma del modelo de financiación" Ignacio S. Calleja
- Concierto económico y tijeretazo a la solidaridad: así quedaría la financiación de Cataluña Javier Jorrín