La inmigración alimenta al mercado de trabajo: aporta el 70% de la nueva fuerza laboral

La crisis migratoria está marcando la agenda política del verano. La cuestión humanitaria, la escasez de recursos para la gestión de quienes llegan al territorio nacional y los discursos populistas están condicionando el debate. Sin embargo, la gestión de la migración también es clave para el futuro económico de España. El país está perdiendo mano de obra nacional rápidamente y necesita fuerza laboral para satisfacer las demandas de las empresas.

En el último año, el 70% de las nuevas personas activas (ocupadas o disponibles para trabajar) tiene nacionalidad extranjera, y si se suman los de doble nacionalidad (española y foránea), representan la totalidad de los nuevos activos. Por el contrario, la fuerza de trabajo de los españoles está menguando, con una reducción de 54.000 personas en el último año (con datos hasta el segundo trimestre). Si se compara con los datos previos a la pandemia, los extranjeros suponen el 63% de los nuevos activos.

La población española con disposición a trabajar es cada vez más reducida. El envejecimiento provoca una pérdida continua de población activa. Esto ocurre a pesar de la gran incorporación de la mujer al mercado laboral, que ha aumentado las tasas de actividad en todas las franjas de edad. España llegó a tener casi 20 millones de nacionales en disposición de trabajar en el año 2014. En una década, ha perdido medio millón de personas activas, dejando la fuerza laboral en menos de 19,3 millones.

Esta pérdida de fuerza laboral nacional llevaría al país a una fase de decrecimiento si no existiese la inmigración. Sin embargo, lo que ha ocurrido es un boom del empleo que sitúa a España cerca de los 22 millones de ocupados. Este crecimiento ha sido impulsado por la migración. En el último año, todo el crecimiento de la fuerza laboral ha sido de origen extranjero. Se han incorporado a la actividad 154.000 personas con doble nacionalidad (española y extranjera) y 228.000 extranjeros.

La mayor parte de estos migrantes proviene de Latinoamérica. Solo en el último año se han incorporado 174.000 activos procedentes de los países de esa región, frente a los 61.000 activos procedentes de la Unión Europea y los 27.000 del resto del mundo. Esto significa que la mayor parte de la nueva fuerza de trabajo es hispanohablante, lo que facilita su integración en el mercado laboral.

Los patrones migratorios también han cambiado en los últimos años. Tradicionalmente, quienes llegaban a España no tenían cualificación, por lo que estaban destinados a ocupar los puestos de trabajo que no querían los nacionales: los más exigentes físicamente y peor pagados. Sin embargo, actualmente también se está produciendo la llegada de trabajadores con cualificación media y alta.

Este es el objetivo de cualquier país, ya que el envejecimiento está provocando la escasez de mano de obra en sectores cualificados. A medida que los nacionales se jubilan, no hay suficientes jóvenes para reemplazarlos. El FMI ya ha advertido a los países avanzados que diseñen estrategias para atraer migración cualificada. España está logrando este objetivo sin planificación explícita, gracias a la migración latinoamericana.

Uno de cada tres nuevos activos con estudios superiores tiene nacionalidad extranjera. Y, de estos, un 28% provienen de Latinoamérica (25.000 personas). En total, España tiene ya más de un millón de activos extranjeros con estudios superiores (universitarios y FP), a los que hay que sumar casi medio millón más con doble nacionalidad.

Para España, el gran reto de los flujos migratorios sigue siendo la gestión de las rutas migratorias de quienes escapan de la pobreza y de los conflictos sin recursos ni cualificación. Una gestión que, además de las cuestiones sociales y humanitarias, debe incorporar una visión estratégica para el mercado laboral.

Per cápita

La inmigración ha permitido cubrir las necesidades de mano de obra de las empresas. El crecimiento económico y laboral de los últimos tres años no habría sido posible sin la incorporación de casi 1,2 millones de activos extranjeros o con doble nacionalidad. Sin embargo, hay otro efecto secundario que no es tan positivo. La inmigración ha mantenido el exceso de oferta de trabajo (con más de un 11% de personas activas en paro), lo que ha permitido a las empresas encontrar trabajadores sin necesidad de mejorar los salarios ofrecidos.

Este fenómeno explica que España haya experimentado un gran crecimiento laboral agregado, sin una evolución tan favorable en términos per cápita. La disponibilidad de trabajadores ha facilitado el recorte de los salarios reales (han perdido poder adquisitivo) y la falta de inversión por parte de las empresas.

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En un escenario con restricciones de trabajadores, es probable que las empresas hubiesen tenido que competir para cubrir sus vacantes y aumentar la inversión para mejorar la productividad de sus empleados. De hecho, los inmigrantes desplazan en algunos sectores a la mano de obra nacional que exige mejores condiciones laborales.

Se genera así un efecto adverso de la incorporación de mano de obra foránea que provoca malestar social. De ahí que las ganancias de empleo no sean, por sí mismas, suficientes para mejorar la calidad de vida de la población. Es necesario elevar la producción y la remuneración per cápita para que la sociedad perciba avances reales de la economía y no meras cifras macroeconómicas. Si este aspecto no se incorpora al diseño de la gestión migratoria, los efectos positivos que tienen estos flujos para el país quedarán opacados por el malestar de una parte de la población local.