Hacienda aprieta y multiplica por cuatro la cuantía de los delitos enviados a la Fiscalía
Menos expedientes, pero de mucha mayor cuantía. Así puede resumirse la actuación de Hacienda en relación a los delitos fiscales enviados a la Fiscalía. Lo revela la última Memoria Tributaria. La AEAT reclama más de 600 millones
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F679%2Fcc2%2F0a3%2F679cc20a34ec153fd023a7ced838f707.jpg)
La propia Agencia Tributaria califica el ejercicio como extraordinario, y no es para menos. Se refiere al año 2022, periodo en el que los inspectores de Hacienda levantaron actas por delitos fiscales por algo más de 612 millones de euros, muy lejos de los 156 millones de un año antes. Se trata de la cantidad más elevada desde 2011, en plena crisis económica, cuando la Agencia Tributaria llevó a la Fiscalía delitos tributarios por valor de más de 909 millones de euros.
Hay, sin embargo, una diferencia muy relevante. Los 612 millones de euros que reclama ahora Hacienda son fruto de sólo 184 informes de inspección, mientras que en 2011 se levantaron nada menos que 1.014 actas para alcanzar esa cantidad.
Esto significa, en el primer caso, que la cuantía del delito fiscal medio se sitúa hoy en 3,3 millones, mientras que aquel año la cuantía era equivalente a 1,1 millones. Lo normal en los últimos diez años es que la cuantía media del delito fiscal se sitúe en torno al millón de euros, lo que explica, precisamente, que el año 2022 (último ejercicio publicado) pueda considerarse extraordinario. En concreto, se han triplicado las cantidades medias defraudadas a la Agencia Tributaria, según sus inspectores.
Lo que ha cambiado, por lo tanto, es que los presuntos delitos fiscales enviados a la Fiscalía son ahora de mayor envergadura, aunque también su número, pero en sentido contrario, ya que ha pasado de los 1.014 en 2011 a menos de 200 entre 2018 y 2022. Los años más duros de la crisis, como se ha dicho, hubo más actas, pero de una cuantía menor por expediente. Fue entonces, y a causa de la dureza de la crisis y de la falta de recursos del Estado, cuando Hacienda intensificó la lucha contra el fraude fiscal. No sólo eso, sino que el Gobierno endureció las penas en casos de la existencia de delitos fiscales agravados (superiores a los 600.000 euros).
Así, por ejemplo, en 2012, en tiempo de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, se aprobó una norma que preveía un nuevo tipo agravado en el marco del artículo 305 del Código Penal. El objetivo era tipificar las conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad en su descubrimiento debido a que el contribuyente, de forma deliberada, oculta información. En este caso, se sancionan con una pena máxima de seis años, lo que, por aplicación del artículo 131 del Código Penal, lleva aparejado el aumento del plazo de prescripción a diez años para dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo, como explicaba la norma.
“Excepcionalmente elevados”
Los datos aparecen en la Memoria Tributaria, que califica los expedientes elevados a la Fiscalía como “excepcionalmente elevados”, aunque no da detalles sobre la naturaleza ni, por supuesto, la identidad de los infractores, ya que son datos confidenciales.
No en vano, las actuaciones de Vigilancia Aduanera, que depende de Hacienda, en delitos de fraude fiscal han supuesto además la remisión de otros cinco informes por un valor de 10,5 millones de euros, a los que hay que añadir 83 actuaciones adicionales por delitos de blanqueo de capitales por un total de 216 millones de euros. Asimismo, recuerda la Agencia Tributaria, se han realizado 12 denuncias tempranas de delitos. Es decir, producidas sin la instrucción previa de procedimientos de comprobación (operaciones judicializadas que cuentan con la participación de los servicios de inspección como denunciante o auxilio judicial).
El Código Penal fija en 120.000 euros la frontera del delito fiscal, y aunque el castigo para los condenados puede oscilar entre uno y cinco años de prisión, lo cierto es que son excepcionales estos casos, ya que la mayoría de las actuaciones acaban con pactos entre las partes. La ley, de hecho, permite regularizar siempre que no se haya recibido un requerimiento previo de Hacienda. En los últimos años, algunos de los casos más llamativos son los que afectan o han afectado el exvicepresidente Rodrigo Rato, caso Nummaria (Imanol Arias y Ana Duato), Jaime Botín, Carlo Ancelotti, caso Tandem (excomisario Villarejo), Shakira, el industrial José María Aristrain o Alberto González Amador (pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid).
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F5a7%2F444%2F2f4%2F5a74442f4baf07b16b9cc49a220c9d14.jpg)
En ocasiones, sin embargo, es la propia Agencia Tributaria la que se lleva el revolcón, como sucedió hace unos meses en el caso del exfutbolista y entrenador Xabi Alonso. Hacienda, de hecho, y como es lógico, no siempre gana en las acusaciones de delito fiscal. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2022 el total de sentencias dictadas en 1.ª y 2.ª instancia por delitos contra Hacienda ascendió a 294, con un porcentaje de fallos condenatorios del 83%. Es decir, el 17% de los presuntos delitos no fueron tales.
La propia Agencia Tributaria califica el ejercicio como extraordinario, y no es para menos. Se refiere al año 2022, periodo en el que los inspectores de Hacienda levantaron actas por delitos fiscales por algo más de 612 millones de euros, muy lejos de los 156 millones de un año antes. Se trata de la cantidad más elevada desde 2011, en plena crisis económica, cuando la Agencia Tributaria llevó a la Fiscalía delitos tributarios por valor de más de 909 millones de euros.