El agua y la tasa de basuras sufren la mayor subida en 10 años por la sequía, la inflación y Bruselas

El cambio climático tenía un precio. Tras las fuertes subidas de la energía y los alimentos vividas en los últimos años, ahora se empieza a notar el incremento de otros suministros básicos que habían pasado desapercibidos hasta ahora, como el agua o la tasa de basuras.

Así lo revelan los datos del INE. Según muestra la estadística oficial, el suministro de agua ha subido un 5,4% en julio de 2024. Se trata de la mayor subida desde agosto de 2013, hace casi 11 años. Por su parte, el gasto de saneamiento se ha incrementado el pasado mes un 3,9%, lo que significa que es el repunte más elevado desde diciembre de 2014. La tasa de basuras se ha encarecido un 2,1%. No se veía una subida así desde diciembre de 2013, también hace más de una década.

Aunque se puedan considerar subidas tímidas, estamos hablando de suministros que prácticamente llevaban congelados desde hace 10 años, una situación que a ojos de expertos del sector era una anomalía que tarde o temprano debía actualizarse. Un informe de la Federación Europea de operadores de servicios de agua revelaba el pasado año que, pese a la escasez con respecto a nuestros vecinos del norte, el precio estaba un 48% por debajo.

A esta situación contribuye también la política municipal. Tanto el agua como la recogida de basuras depende de la acción de gobierno de los alcaldes, que siempre se han mostrado reacios a incrementar el coste de suministros básicos de primera necesidad. De hecho, los incrementos se han empezado a producir después de las elecciones de mayo de 2023, pese a que muchos ya eran conscientes de que debían incrementar precios. Durante el final de 2023 e inicio de 2024, cuando aún queda toda la legislatura por delante para los próximos comicios locales.

En el caso del agua, se juntan varios factores. En primer lugar, la inflación. La subida de costes generalizada que se desató tras la guerra de Ucrania no ha pasado desapercibida para este sector, que pese a todo arrastraba los pies y los incrementos de costes no los trasladaba al ciudadano. En segundo lugar, la fuerte sequía que aún azota a España, sobre todo en determinadas regiones como Andalucía y Cataluña, ha provocado que los operadores pidan subidas de precio de este bien para evitar el derroche.

La infraestructura obsoleta provoca fugas y pérdidas en un país cada vez más árido

Por último, está la necesidad de invertir en una infraestructura de agua obsoleta, según los expertos, que creen que el estado actual provoca fugas y pérdidas inasumibles en un país cada vez más árido y donde el agua será cada vez más escasa. En este frente busca actuar el Perte del agua, y empresas como Acciona o Sacyr, con amplia experiencia a nivel internacional, se vuelcan en la provisión de agua desalada para zonas donde es imposible desarrollar otras soluciones. En 2022, ya se hablaba de la necesidad de inversiones en infraestructuras de agua de 23.825 millones de euros para cumplir con los objetivos ODS, según la asociación Seopan.

La empresa de agua que abastece al área metropolitana de Sevilla justificaba a principios de mayo la necesidad de actualizar tarifas. "Los seis años de sequía que ha sufrido Sevilla y su área metropolitana han supuesto para Emasesa unos gastos extra cifrados en 14,5 millones de euros, al tener que destinar más recursos a tratamientos e infraestructuras para obtener y tratar el agua y facturar menos al reducirse el consumo", señala la firma.

"A ello se suma el aumento generalizado de precios. Si bien la última subida de tarifas del agua fue en 2020 y con anterioridad en 2013, el nivel general de precios se ha elevado durante estos años, suponiendo un acumulado del 18% (6,50% en 2021, 5,70% en 2022 y 4,90% en 2023) en los costes de la empresa, que también ha mermado las cuentas de la empresa metropolitana" añade.

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"Y también es reseñable que el precio del servicio, fijo desde 2020, no se ha actualizado al ritmo del IPC, algo con lo que contaba Emasesa para asumir su plan de inversiones, lo que ha lastrado el ritmo de estas", concluye la firma sevillana.

En el caso de un ayuntamiento grande como el de Sevilla, donde gestiona una empresa, la cuestión es más sencilla que en municipios pequeños, acostumbrados a pagar poco o nada por el agua y donde ahora se ven obligados a subir tarifas.

Una secretaria municipal de un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes de Valladolid explica que los alcaldes, de los que dependen estos funcionarios, son reacios porque se les echa el pueblo encima, pero los costes ya no cubren el pago de tasas y tienen que afrontar estar realidad. "Ya no me salen las cuentas y pese a las dificultades, la actualización de precios es algo que debemos afrontar". Muchos municipios y empresas de agua ya lo han hecho. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid advirtió el pasado 22 de mayo de que el Canal de Isabel II actualizaba las tarifas con el objetivo de fomentar la eficiencia tras permanecer 10 años congelados.

No reciclar tenía un precio

Al igual que con el agua, la otra tasa municipal que ya ha empezado a subir al mayor ritmo de la década -y aún subirá más- es la relativa a basuras. La concienciación en la lucha contra el cambio climático y la necesidad medioambiental de aplicar criterios de economía circular hacen cada vez más importante la gestión de los residuos.

En el caso de España, lo que se ha encontrado es con obligaciones regulatorias impulsadas desde Europa. La Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a que los ayuntamientos trasladen al 100% el coste de la gestión de la basura que generan los ciudadanos para hacer bueno el principio de "quien contamina paga". Es decir, prohíbe que los ayuntamientos asuman este gasto, que debe ser costeado por los vecinos. Esta ley debe aplicar en todas las entidades locales antes de abril de 2025, de ahí que ya se empiece a notar el incremento.

De esta manera, ya hay muchos ayuntamientos que se han visto obligados a incrementar el coste de esta tasa municipal, lo que ha generado malestar en los políticos locales de ambos signos, que incluso han denominado esta nueva normativa como el 'tasazo'. La Ley 7/2022 fue la transposición de la directiva europea que obligaba a España a aplicar las medidas medioambientales impulsadas por la Comisión Europea en lo relativo a residuos.

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Para muchos ayuntamientos, la cuestión exigida por Bruselas no es fácil de gestionar. Los vertederos han aplicado fuertes incrementos de costes a los consistorios por recoger y gestionar sus basuras. Un coste que se cobra en función de la cantidad de residuos y cuyo coste se incrementa si además la basura llega sin separar. Esto hace que los ayuntamientos paguen más si sus vecinos deciden no separar sus basuras. Pero en municipios más pequeños muchas veces ni siquiera hay contenedores para la recogida selectiva, lo que hace que además tengan que asumir costes para instalar contenedores de diferentes colores, etc.

En este contexto de lucha contra el cambio climático, también a través de la economía circular, se entiende que empresas como Urbaser, dedicada a la gestión de residuos a través de concesiones municipales, cada vez adquiera un valor mayor. La firma fue vendida en 2016 por ACS por algo más de 1.000 millones a un grupo chino, que posteriormente, en 2021, se desprendió de esta compañía por 3.500 millones. El fondo que se quedó entonces con la firma, Platinum, tiene previsto vender la misma a finales de este año o principios de 2025 por más de 5.000 millones. No reciclar tenía un precio.