La pérdida de poder adquisitivo devuelve las huelgas a máximos de la crisis inflacionista

La conflictividad laboral repunta en España ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En el primer semestre, el número de trabajadores en huelga ha regresado a los niveles del mismo período de 2022, durante lo peor de la crisis inflacionista tras el estallido de la guerra en Ucrania. Entonces se registraron los máximos de la serie histórica del Ministerio de Trabajo, que empieza en 2012. El número de jornadas perdidas incluso supera la marca de hace dos años. La banca tiene buena culpa de ello.

La dinámica de las huelgas en los últimos tiempos ha ido muy ligada a los salarios. Como se puede apreciar en el gráfico, en mayo de 2023 se produjo un punto de inflexión: entonces, la patronal y los sindicatos firmaron el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que consagraba un incremento general de los sueldos del 4% para ese año y del 3% para los dos siguientes, con un punto adicional en caso de que la inflación superase ese umbral.

A partir de ese momento, el número de trabajadores que no acudió a su puesto de trabajo como protesta para mejorar sus condiciones empezó a descender respecto a los registros del mismo período del año anterior. Los sindicatos dejaron atrás su estrategia de Salario o conflicto para movilizar a todos aquellos que habían sufrido pérdidas de poder adquisitivo por la inflación. Desde entonces, no ha vuelto a haber ninguna campaña global de las centrales en este sentido, lo que no ha impedido el nuevo repunte de las huelgas.

El efecto balsámico del AENC duró muy poco. Tras un otoño irregular, la llegada de 2024 disparó la conflictividad, especialmente en un febrero que registró más de 62.000 trabajadores en huelga, casi cuatro veces más que el año anterior. Como es lógico, los datos mensuales son muy irregulares —si una gran empresa o un sector numeroso se pone en huelga, quedan alterados—, por lo que resulta mucho más útil coger un período más amplio.

La primera mitad de este año no deja lugar a dudas: con unos 158.000 participantes, se acercó a los 160.000 de los seis primeros meses de 2022, y superó con creces los 133.000 del período equivalente en 2023. En resumen: la conflictividad está en aumento tras la tregua conseguida por el acuerdo entre la patronal y los sindicatos.

En realidad, el acuerdo se sigue aplicando. Sin embargo, solo se trata de unas directrices generales, que quedan superadas por los convenios específicos en cada sector o empresa. Es decir: los trabajadores siguen teniendo en su mano el ejercer medidas de presión para ir más allá en la revalorización salarial. Y, ante el empuje de la inflación, lo están haciendo en forma de huelga.

El repunte del índice de precios de consumo (IPC), que tocó fondo en junio de 2023, y la entrada de un nuevo año, en el que la revalorización acordada en el AENC pasó del 4% al 3%, ha devuelto a la situación de 2021 y 2022: una pérdida de poder adquisitivo de los salarios establecidos por los convenios con efectos en 2024, que en lo que va de ejercicio han aumentado ligeramente por debajo de esa última cifra, medio punto menos que en la segunda mitad del año pasado. Como se puede apreciar en el gráfico, en el primer semestre, la línea azul (incremento de los sueldos) no fue capaz de igualar a la roja (incremento de los precios). Como consecuencia, las huelgas crecieron notablemente.

No es un hecho aislado. Desde el comienzo de la crisis inflacionista, en 2021, la conflictividad se ha incrementado, hasta superar los niveles de 2012, si se cuentan los participantes en las huelgas, o acercarse, si se miden las jornadas no trabajadas. La década pasada, caracterizada por una inflación bajísima —y, en ocasiones, hasta negativa—, supuso una caída en picado de los paros, que volvieron con fuerza tras la pandemia y el incremento de los precios.

390.000 jornadas perdidas

Ahora, ese proceso se ha acelerado, en un momento en que se pierde de nuevo poder adquisitivo mucho antes de que se haya recuperado todo el que se había quedado por el camino en 2021 y 2022. Solo en los seis primeros meses de 2024 se dejaron de trabajar 390.000 jornadas, unas cifras superiores a las del mismo período de 2023 (323.000) y de 2022 (370.000), así como a las del conjunto del año en todos los ejercicios que van desde 2014 hasta 2020. Paradójicamente, la buena marcha del mercado laboral ha podido fomentar la conflictividad, ante el menor miedo de los huelguistas a la pérdida de su empleo.

La gran protagonista del incremento ha sido la banca. La primera huelga en el sector en 40 años hizo que registrase casi 63.000 huelguistas en el primer semestre, frente a los datos anecdóticos del mismo período del año pasado. La educación fue el otro gran ámbito que impulsó la cifra global, con 25.000 huelguistas más. En cambio, el comercio, la Administración y la sanidad redujeron notablemente su conflictividad. Prácticamente todo el agravamiento de la situación es responsabilidad de los servicios, mientras que la agricultura y la construcción experimentaron un alivio.

Los datos podrían empeorar en el segundo semestre, aunque por motivos distintos. La moderación de la inflación (2,8%) y la ligera aceleración de los salarios establecidos por los convenios con efectos en 2024 (2,99%) han llevado a estos a recuperar poder adquisitivo en julio por primera vez desde el pasado febrero. Sin embargo, los sindicatos ya han amenazado con un incremento de la conflictividad si la patronal no se aviene a la reducción del tiempo de jornada laboral que propugna la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las negociaciones no avanzan y, aunque los más afectados serían los trabajadores de las pymes en los sectores menos sindicalizados (hostelería, por ejemplo), es posible que esta campaña reivindicativa también tenga su reflejo en el incremento de las huelgas.