La 'federalización' es inviable: extender el cupo a todas las CCAA costaría el gasto en educación

Extender el cupo catalán al conjunto de las comunidades autónomas, como sugiere el Gobierno cuando abre la puerta a que todas ellas cuenten con una financiación singular, se antoja inviable. El privilegio fiscal que el PSC ha pactado con ERC costará entre 6.600 y 13.200 millones al año a la caja común, lo que irá en detrimento de las demás regiones, especialmente las más pobres. Pero concederlo en las mismas condiciones a todas las demás es, simplemente, una quimera.

La federalización del sistema propugnada desde La Moncloa, que algunos expertos califican de mutación constitucional que convertiría a España en una suerte de confederación, tendría un coste de entre 31.000 y 62.000 millones de euros para las arcas del Estado. Esta última cifra equivale al gasto público anual en educación. Son cálculos de Ángel de la Fuente, el mayor experto del país en financiación autonómica, que ha publicado este miércoles la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El principal problema se derivaría de la salida del sistema de otras comunidades que, como Cataluña, aportan más que la media a la solidaridad interregional, debido a su mayor riqueza. Solamente extendiendo el sistema a Madrid y Baleares, el Estado perdería 37.500 millones en ingresos, casi el triple que con la estimación más elevada del cupo catalán. Esto es así porque el cálculo de este mecanismo, por el que las regiones recaudan el 100% de los impuestos y ceden una parte a la Administración central por los servicios que presta en su territorio, siempre se hace a la baja, sujeto a negociaciones políticas más que a criterios técnicos. El País Vasco y Navarra, donde se aplica actualmente en cumplimiento de la Constitución, es el mejor ejemplo.

A la espera de saber cómo se concretará exactamente la implantación del cupo catalán, De la Fuente ha hecho los cálculos suponiendo que Cataluña aumentará su financiación homogénea entre un 25% y un 50%. "Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría, otras cosas iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral" añade el informe.

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Fedea avisa de que el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) "tendrá que salir de algún sitio" y, si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la Defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos.

En este sentido, si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto, tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña. Si, en su lugar, optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CCAA, esta tendría que reducirse en un 10,7% en promedio.

Un déficit fiscal sesgado

De la Fuente recuerda que una recurrente reivindicación nacionalista es la de eliminar el déficit fiscal de la comunidad con el Estado, o más bien la estimación de esta magnitud que la Generalitat calcula todos los años por el cuestionable procedimiento del flujo monetario. De acuerdo con la última estimación del Govern, la brecha entre lo que la comunidad aporta a y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB, una estimación que "está muy sesgada al alza".

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Según Fedea, para el último año en el que la comparación es posible (2014), el déficit de máximos que estima la Generalitat fue un 65% superior al calculado por el Ministerio de Hacienda con un enfoque de carga-beneficio, que es lo más parecido a un estándar metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta literatura. De haberse mantenido este sesgo, la eliminación del déficit de máximos supondría, de hecho, dejar a la región con un superávit de unos 8.700 millones de euros con el criterio de carga-beneficio. "Esto es, concederle una subvención nada desdeñable a una comunidad rica", han apuntado desde Fedea.

Pese a tratarse de un cálculo "muy cuestionable", según Fedea, la estimación de máximos del déficit fiscal que elabora la Generalitat se ha convertido en la referencia dominante para el debate público en Cataluña y, como tal, condicionará directamente la actuación de los partidos regionales en la negociación de los parámetros del nuevo sistema. Con todo, cabe esperar que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30% y un 60% del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales.

"A largo plazo, las cosas pintan aún peor, porque el cambio en las reglas reforzará a la Generalitat frente al Gobierno central", concluye De la Fuente. En cuanto el Gobierno regional tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas. Una excepción para Cataluña que, de convertirse en regla para todos, vaciaría prácticamente el Estado.