La Moncloa y la Generalitat se conjuran para salvar la planta de microchips en Cataluña

Pedro Sánchez convoca elecciones y todos a correr. Es lo que ha pasado con el proyecto de la fábrica de microchips en Cataluña. La Moncloa y la Generalitat se han puesto las pilas para que la llamada a las urnas no deje para otra legislatura el Perte de chips, que suma 2.720 millones. De esa cifra, más de 350 millones se han de destinar a un proyecto de diseño de chips avanzados que se ha de ubicar en Cerdanyola (Barcelona) junto al Sincotrón Alba. Para todas las partes es fundamental cerrar los fondos Next Generation que vendrán de la UE para un proyecto que se considera estratégico.

El presidente catalán Pere Aragonès fue la persona que avanzó que se estaba cocinando esta inversión en su participación en la última reunión del Cercle d’Economia, que se llevaba en secreto por todas las partes, en especial por el lobby Barcelona Global, que ha estado actuando de motor del proyecto en la sombra, según confirman fuentes de la Generalitat cercanas al proyecto. Pero la declaración de Aragonès quedó eclipsada por cuestiones políticas, cosa habitual en los últimos tiempos.

En el caso del proyecto en Cataluña, y a diferencia de la fábrica que se pretende construir en Tres Cantos, Madrid, aquí el 100% del dinero será público. Eso implica constituir un consorcio público que estará participado por el Gobierno español y la Generalitat, y algún otro organismo como el CSIC, aunque la participación de la Administración catalana será directa y también a través de diversos entes implicados como el ya mencionado Sincotrón Alba. También estarán el Instituto de Ciencias Fotónicas, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2).

El objetivo es levantar un centro de diseño avanzado de microchips que llevaría a cabo prototipados, y la validación de los mismos se podría cerrar gracias a los haces de luz superprecisos del Sincotrón. Fuentes tecnológicas conocedoras del proyecto explican que las previsiones son que se fabricarían 15.000 unidades durante los primeros cinco años de funcionamiento de la instalación.

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Creación de empleo

La nueva planta creará 200 empleos. Estará ubicada en un edificio de 2.000 m² en terrenos al lado del Sincotrón, un acelerador de partículas a pequeña escala que se construyó en la época de Jordi Pujol y que desde entonces se encuentra infrautilizado. La parte más importante será la sala blanca del complejo en la que se fabricarán estos nuevos microchips, que explorarían materiales avanzados más allá del silicio.

Pero si el Perte no se aprueba o se aplaza para después de las elecciones, todo el proyecto puede irse al garete. Una de las cuestiones que se está dilucidando en esta recta final es quién asume las pérdidas en los cinco primeros años que proyecta el plan de negocio del proyecto, que prevé que para operar cada año necesita un 10% de la inversión inicial. La idea del Gobierno de Pedro Sánchez es que, a cambio de los 350 millones que aportará el Ejecutivo español —a través de los fondos Next Generation—, la Generalitat cubra los déficits que se generen. En cinco años, la planta debería ser sostenible, es decir, operar con resultados equilibrados. Para la UE, este proyecto es estratégico porque a medio plazo no se quiere que la industria europea siga dependiendo tanto de los chips de una zona geopolíticamente tan inestable como Taiwán.

Si la política no interfiere la nueva planta de microchips, estará operativa en 2026

El calendario previsto para el proyecto es iniciar las obras en 2024 y que la nueva planta de microchips empiece a estar operativa en el año 2026. Para la industria y la alta tecnología catalana sería una instalación que operaría como palanca en los sectores más avanzados.

Calviño, al rescate

Para que el calendario electoral del 23-J no acabe llevándose el proyecto por delante, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha puesto las pilas. Esta misma semana, su ministerio ha enviado a Bruselas la adenda al plan de recuperación para recibir 94.344 millones, dentro de los cuales se encuentran los diversos Pertes pendientes, entre ellos el de los microchips, que ha de financiar esta operación en Cataluña, por lo que desde la Generalitat se ha seguido este proceso atentamente.

En todos los sentidos, esta es una operación de Estado. Generalitat y Gobierno español de la mano trabajando juntos en el marco de la UE. Justo la imagen que ERC quiere evitar, con un Gabriel Rufián que insiste en que se recupere el clima de confrontación Cataluña-España para frenar la sangría electoral de los republicanos. Estos días, los lectores de El Confidencial escucharán muchas declaraciones en mítines sobre cómo se caldea la situación política alrededor de la independencia de Cataluña. Pero, a lo mejor, una mirada a Cerdanyola y a la política industrial puede dar una imagen más real de lo que está pasando entre Barcelona y Madrid que todos los actos de campaña. Si la abstención crece en Cataluña, no es solo por consigna del independentismo radical. Es porque cada vez hay más distancia entre los discursos políticos y lo que de verdad se está negociando en la trastienda.