Payeses independentistas rescatados por el Reino de España

En 2017, los agricultores catalanes se volcaron con el independentismo. Cualquier buena movilización que se preciase tenía que tener su cuota de tractores, que era recibida con algarabía por los manifestantes. Esta semana, la pagesia ha seguido la senda que ya iniciaron otros sectores en Cataluña, como la deuda de la Generalitat con el FLA, o la industria con la SEPI: el rescate español como destino final.

Las medidas aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros han sido bien recibidas por los agricultores, que solamente han dicho que necesitan aún más dinero. Para ello, Unió de Pagesos está solicitando a la conselleria de Acció Climàtica un paquete de ayudas complementarias que siga la senda marcada por el Gobierno español.

La situación de los agricultores catalanes es desesperada por la sequía. El 80% de las cosechas de trigo, cebada y avena de este año se da por perdida. En la fruta de Lleida se calcula que se recolectará un 70% menos en melocotones, peras y manzanas. Los fondos del Ministerio de Agricultura, que suman un total de 636 millones de ayudas directas para agricultores, no servirán para paliar el estropicio —la inflación seguirá alta por este motivo— pero han de lograr para que no desaparezcan explotaciones agrarias que en un marco de despoblación como el que también afecta a las zonas rurales catalanas. Como las ayudas ICO en la época de la pandemia, estas ayudas directas buscan lo mismo para el sector: liquidez para garantizar supervivencia. En muchas zonas rurales catalanas se sacrificará la fruta para salvar el árbol. Pero para eso hacen falta esos fondos públicos que en esta primera fase llegarán desde el Gobierno español.

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Desde Unió de Pagesos se ha reconocido que la medida aprobada esta semana en el Consejo de Ministros "va en la buena dirección". Pero piden más fondos. La conselleria de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, explica que ya prepara paquetes de respaldo. Fuentes este departamento explican que están en contacto semanal con las organizaciones agrarias a través de la mesa agraria técnica de sequía y ya tenemos estas demandas sobre la mesa”.

"De la misma forma que fuimos con las heladas, con la sequía complementaremos lo que haga falta. Todavía es pronto para evaluar daños y dar una cifra exacta, ya que la situación cambia semana a semana, cuando se verifica la pérdida entra Agroseguro. Después hay que revisar lo que anunció ayer desde Madrid. Así que lo que estamos haciendo desde hace dos semanas es llevar a cabo un seguimiento semanal de la evolución por territorio/tipo de cultivo/tipo de explotación", explican desde Acció Climàtica.

"Todavía es pronto para evaluar daños y dar una cifra exacta, ya que la situación cambia semana a semana"

Los primeros en recibir esta ayuda complementaria de la Generalitat serán los cereales, se prevé que dentro de dos o tres semanas, añaden estas mismas fuentes de la conselleria que encabeza Teresa Jordà, una persona muy cercana a los problemas del campo catalán.

Varas de medir

Esta situación de ayuda al campo en Cataluña está siendo prácticamente ignorada por las autoridades. La Generalitat se encuentra más centrada en acusar a España de expolio, esta vez a cuenta de los problemas en Cercanías, tan persistente como la pertinaz sequía. Esta semana, el presidente catalán, Pere Aragonès, se trasladó en persona a la estación de Gavà para reivindicar un aumento de las inversiones en esta red de ferrocarril. Sin duda una exigencia del todo justificada.

Cataluña se queda además la gran inversión de la desaladora de Blanes: 220 millones

El problema es lo otro. Cuando España paga, cuando España respalda la deuda de la Generalitat, cuando España va a invertir 220 millones en la nueva desalinizadora de Blanes, clave del plan de la lucha contra la sequía presentado esta semana por el Gobierno español, es porque es su obligación. Cuando el Estado falla, como pasa con Cercanías, es que el Gobierno español está robando a Cataluña y a los catalanes.

Lógica perversa

Evidentemente, esta lógica perversa no se aplica nunca a la propia administración catalana. Cuando la Generalitat falla, no roba, es una desgracia. Mala suerte. Por ejemplo, si tiene la ocurrencia de externalizar unas oposiciones que acaban de manera tan desastrosa que hay que repetir todo el proceso. Y eso que había un precedente con unas oposiciones de bomberos llevadas por la misma empresa que también fueron un caos y en las que aspirantes suspendidos están presentando recursos y ganándolos ante la Generalitat.

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En situaciones así, la Generalitat asume la responsabilidad mínima. Obliga a dimitir a una directora general que ni siquiera estaba en el cargo cuando se hizo el concurso para licitar el proceso de oposiciones. En cambio, en la crisis del cercanías, no se conforman ni con la cabeza del presidente de Renfe. Se exige, y se consigue, la reprobación de la ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez, aun a costa de tener que aliarse con el PP en las votaciones.

Todo esto pasa a la vez en el tiempo, en dos semanas. El doble rasero en la política resulta un tanto evidente, pero en Cataluña este tipo de cosas se consideran normales. Es la política catalana clásica desde la época del pujolismo: si algo va mal es culpa de Madrid. Y si no se puede culpar a Madrid, seguro que es mala suerte. Llegue el dinero que llegue.