El próximo viernes se constituirá en Zaragoza la Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis de Argelia (AECA). La presidirá Julio Lebrero, gerente de Aecomhel, un fabricante de maquinaria aragonés con el 95% de negocio en el país africano, y de ella formarán parte una quincena de empresas y asociaciones sectoriales como la de fabricantes de cerámica de Castellón (ANFFECC), cuya portavoz, Bárbara Breva, cifra sus pérdidas por el giro diplomático español en más de cien millones de euros.
Los integrantes tienen la intención de “tomar el camino de llevar a cabo una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado” por los daños sufridos a causa de una decisión política del Gobierno, según anunció Lebrero por escrito al Ministerio de Industria y Comercio. Con tal propósito ya han contactado con algunos bufetes de abogados. El contencioso-administrativo es una vía larga, pero sirve para presionar al Ejecutivo sobre todo en tiempos de elecciones.
Muchas de las empresas perjudicadas son pymes aragonesas, valencianas y catalanas, que han perdido uno de sus mercados de referencia. Algunas de ellas rehúsan afiliarse a la asociación por el temor a que el día de mañana no puedan regresar al mercado argelino por haber levantado la voz en España. Los titubeos de directores y gerentes han retrasado la creación de la AECA.
El papel del Gobierno
España sigue manteniendo una "relación estrecha", una "relación extraordinaria" con Argelia, afirmó Hector Gomez, entonces portavoz del PSOE en el Congreso, cuando, el 8 de junio pasado, se debatió en la cámara baja el alineamiento del presidente Pedro Sánchez con la solución que propugna Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
Entonces hacía ya dos meses y medio que Argelia había llamado a consultas a su embajador en Madrid, Said Moussi, en protesta por el apoyo de Sánchez a Marruecos. Hacía además dos meses que había paralizado la repatriación de inmigrantes irregulares. Ese mismo día suspendió el tratado de amistad y buena vecindad con España.
Ahora Hector Gomez es ministro de Industria y Comercio y quizás tome más conciencia del deterioro de la relación de España con la principal potencia económica del Magreb. Desde que el presidente Abdelmajid Tebboune suspendió el tratado las exportaciones españolas han caído casi un 95% (comparación de febrero 2023 con el mismo mes de 2022). Lo poco que se vende aún a Argelia corresponde a contratos antiguos. Las pérdidas para las empresas españolas rebasan ya los 2.000 millones de euros. De aquí a fin de año no habrá exportaciones a Argelia. Hoy miércoles 10 de mayo, el ministro comparece, por primera vez, ante la Comisión de Industria y Comercio del Congreso.
A esa parte cuantificable del daño comercial causado por el cambio en la política exterior española hay que añadir otra imposible de calcular con precisión. Las empresas españolas han sido sistemáticamente excluidas de las licitaciones de infraestructuras públicas en Argelia, un país donde el Estado lo es todo.
"No nos han dejado ni disponer de un stand en la feria de pesca y agricultura de Argel (Sipsa Agrofood) que se celebra a finales de mayo y seguir así dando a conocer nuestros productos de cara al día en que se levante el castigo", se lamenta un empresario español que prefiere no dar su nombre. Él y otros hombres de negocios optan por permanecer en el anonimato temerosos de que, el día en que levanten las sanciones a España, las autoridades de Argelia les pasen factura por sus quejas públicas.
Basta, sin embargo, con leer la prensa argelina para darse cuenta de que, en realidad, en Argel desean que los perjudicados hagan ruido y que los medios de comunicación españoles se hagan así eco de la eficacia de sus medidas de retorsión ante el "acto hostil" de España, como lo describió el presidente Tebboune.
Los empresarios españoles afectados por el veto argelino llevan meses solicitando ayudas al ministerio que, hasta finales de marzo, dirigía Reyes Maroto. En sus correos a Ana de Vicente, subdirectora general de países mediterráneos, pedían además “al menos algo de empatía de la Administración Central con nuestros problemas”, según escribió Julio Lebrero, que ahora presidirá la asociación de empresas afectadas y a principios de año evaluaba sus pérdidas en más de dos millones de euros.
La respuesta de Comercio
"Estamos trabajando intensamente en las diversas vías (...), en los contactos diplomáticos para la resolución del conflicto, en la implicación de la Unión Europea para que nos ayude a resolver el tratamiento discriminatorio a las empresas exportadoras a Argelia (...) y la definición de posibles ayudas a las empresas afectadas", respondió el 26 de enero la subdirectora a los empresarios.
"Tengo que avanzarle que la cuestión es muy compleja, no sólo por las limitaciones presupuestarias que tenemos, sino también por la normativa de la UE que debemos cumplir obligatoriamente", añadió en alusión a las ayudas de Estado a empresas que prohíbe Bruselas.
El conflicto que menciona la subdirectora no parece tener solución mientras el Gobierno no vuelva a adoptar una posición equidistante con relación al Sáhara. En cuanto a la implicación de la Unión Europea, que firmó en 2005 un Acuerdo de Asociación con Argelia, esta ha sido más bien escasa desde hace ya once meses.
A su paso por Castellón, en febrero, Denis Redonnet, director general adjunto de Comercio de la Comisión, reconoció que las medidas argelinas "son una coacción económica" y se comprometió en público "a que sean levantadas y eliminadas". Al mes siguiente Josep Borrell, el Alto Representante para la política exterior de la UE, viajó a Argel, pero no logró ablandar al presidente Tebboune.
Las medidas argelinas "son una coacción económica" y se comprometió en público "a que sean levantadas y eliminadas"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, podía haber sometido al Consejo de Asociación, que regula el buen funcionamiento del acuerdo, sus quejas por la discriminación comercial de España por parte de Argelia. Si el consejo no le hubiese resuelto el contencioso podría haber dado un paso más y solicitar un arbitraje previsto por el artículo 104.2.
Si, al concluir el arbitraje, quedase establecido que Argelia incumple, el Gobierno español podría entonces instar a la Comisión Europea a proponer al Consejo de Ministros de la UE la adopción de medidas sancionadoras. "Nada de esto se ha hecho", según una fuente diplomática española.
Es verdad que es un camino tortuoso por dos razones. Primero las autoridades de Argel no han promulgado ninguna norma legal que discrimine a España. La Asociación de la Banca y Establecimientos Financieros de Argelia, un organismo semioficial, aprobó el 8 de junio una circular que vetaba las domiciliaciones bancarias necesarias para importar mercancías desde España, pero la retiró en 48 horas. En la práctica sí se aplica. Demostrar la discriminación requiere primero que la Comisión abra una investigación como se hizo el año pasado con Lituania, sometida a restricciones comerciales por parte de China.
En segundo lugar, recuerda un funcionario de la dirección de comercio de la Comisión, "Argelia es una alternativa a los hidrocarburos de Rusia y los Estados miembros que han reforzado su relación energética con ese país, como Italia y Francia, no son nada proclives a que desde Bruselas se la ponga en apuros".
La diplomacia española se ha conformado, por ahora, con el pataleo. Impidió la celebración anual de la reunión ministerial UE-Argelia que repasa el funcionamiento de su acuerdo de asociación que Argel aspira a actualizar. Borrell lo insinuó en marzo en una entrevista con el diario "El Khabar", justo antes de viajar a Argel. Amar Belani, “número dos” de la diplomacia argelina, reprochó entonces a Albares “abusar de la regla de la unanimidad” en la UE.
Varios pequeños "ferroviales"
Desde la misiva del mes de enero los empresarios no han recibido más comunicaciones por parte del Gobierno, algo que ha agotado su paciencia. "El Gobierno mostró su enfado" por la mudanza de la sede social de Ferrovial, recuerda Julio Lebrero. "A mi, en cambio, me empujan a deslocalizar al extranjero mi producción de maquinaria de obra pública, para poder seguir trabajando con Argelia, y también a despedir en España", se indigna el empresario. "El Gobierno no hace nada por retenerme", concluye apesadumbrado.
Aquellos para los que Argelia era un mercado clave buscan ahora otras vías para no perderlo del todo. Algunos intentan llevar a cabo operaciones de triangulación, exportando, por ejemplo, desde Francia su producto a Argelia y haciéndolo pasar por francés. "Argelia se esfuerza, sin embargo, en que no entre el producto español por ninguna vía", recalca Bárbara Breva, de la asociación castellonese ANFFECC. “Vigila muy de cerca”, añade.
Antonio Santcreu, de Metropolitan Industrial de Terrassa (Barcelona), ha trasladado su sede social a Lisboa, pero las autoridades argelinas piden tres años de balance general de la empresa, un documento contable financiero que refleja su situación, y que los recién llegados a Portugal no pueden proporcionar.
Morenot, la filial tarraconenses de una multinacional danesa especializada en granjas de acuicultura, podrá, en cambio, mantener sus exportaciones a Argelia, pero no desde España. "Ahora lo hace la casa madre con sede en Copenhague", explica al teléfono uno de sus socios argelinos. "Así resolvimos el escollo", añade satisfecho.
"No nos preocupa el de Túnez porque su calidad deja que desear, pero la de los italianos es similar a la nuestra"
"Hemos perdido dos contratos el año pasado", recuerda el empresario vetado en la feria Sipsa Agrofood de Argel que no quiere que se publique su nombre. "Uno ha ido a parar a una compañía de Túnez y otro a una de Italia", prosigue. "No nos preocupa el de Túnez porque su calidad deja que desear, pero la de los italianos es similar a la nuestra", continúa. "Hasta el año pasado nosotros éramos el referente en ese sector concreto en Argelia", añade. "Si pasa mucho tiempo hasta que se levante el castigo es probable que, cuando queramos volver, los italianos sean el referente y en el mejor de los casos nos quedará sólo un hueco", vaticina. "Y llevábamos 40 años trabajando en Argelia", se lamenta.
Las sanciones argelinas no solo golpean hoy en día a las empresas españolas. Es probable que sus efectos les sigan perjudicando incluso cuando ya no estén en vigor porque sus competidores habrán ocupado el hueco que se han visto obligadas a dejar.
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