Escrivá ofrece 6 euros a los trabajadores de la Seguridad Social por cada cita atendida durante las horas extra

La Seguridad Social sigue colapsada, y el Gobierno no acaba de dar con la tecla para desatascar el aluvión de peticiones de los ciudadanos que quedan desatendidas. Mientras continúa la negociación con los sindicatos, el Ejecutivo improvisa medidas que, según las centrales, no resuelven la cuestión de fondo: la falta de recursos humanos para garantizar un correcto servicio. El último movimiento del Ejecutivo ha sido el envío de una carta a las direcciones provinciales para que remitan una estimación del número de trabajadores que estarían dispuestos a participar en el nuevo Plan de intensificación de atención directa a la ciudadanía, a razón de seis euros por cada cita previa —presencial o telefónica— que gestionen fuera de su jornada laboral.

El documento, fechado este mismo lunes y al que ha tenido acceso El Confidencial, está firmado por la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmen Armesto, y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. En él se resumen las funciones que deberán desempeñar los trabajadores del organismo para obtener los incentivos: "Consistirá en la realización de tareas de atención directa al ciudadano, que deberán realizarse fuera de la jornada laboral ordinaria que corresponda a cada trabajador y una vez cumplido el volumen de la atención correspondiente a la jornada habitual". Es decir, horas extra, en un horario entre las 16:00 y las 18:00 horas, "en los días en los que no haya coincidencia con el horario ordinario de atención en jornada de tarde", aclara el texto.

Uno de los aspectos polémicos de la medida es que podrán sumarse a ella no solos los funcionarios destinados en los Centros de Atención e Información (CAISS), especializados en las labores de cara al público, sino "el personal de las Direcciones Provinciales que proponga el responsable de la dirección provincial". Fuentes sindicales denuncian que esto irá en detrimento del servicio prestado al ciudadano: "No serán trabajadores especializados, los llamados gestores informadores, sino que pretenden que al público lo atienda cualquier funcionario de la Seguridad Social".

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Además, las centrales ponen en cuestión el éxito de la medida, prevista para mayo, junio, julio y agosto, por el hecho de coincidir con las vacaciones de verano. Durante la temporada alta, los funcionarios están obligados a coger al menos la mitad de sus días libres, y en muchas oficinas se adaptan los horarios, lo que dificultará que haya personal suficiente para las horas extra.

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El Gobierno, además, quiere acelerar al máximo el proceso, y ha dado apenas 48 horas a las direcciones provinciales para que les remitan "una estimación del volumen de personal que estaría interesado en participar en el Plan, con detalle de las jornadas, horas semanales y atenciones que se prevé realizar". Esta previsión, basada en las necesidades de cada centro, tiene que estar lista antes de que acabe la jornada laboral de este miércoles. A partir de ese momento, las diferentes direcciones territoriales podrán "ajustar la parrilla" para ofrecer citas entre las cuatro y las seis de la tarde.

La negociación se complica

Los sindicatos no ven con buenos ojos el plan, que fue aprobado de forma unilateral por el Gobierno el pasado 25 de abril. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que se trata de una "medida organizativa interna que está dentro del plan de choque, cuya medida más grande es el refuerzo de personal". No es, por tanto, objeto de negociación de la Mesa Delegada de la Seguridad Social, en la que participan el ministerio y los representantes de los trabajadores, y que se vuelve a reunir en la tarde de este martes. El encuentro versará sobre la última propuesta del Ejecutivo, que ofrece 21 euros por cada hora extra.

Aunque constituyen dos documentos diferentes, fuentes sindicales consideran que el Plan de intensificación deja las negociaciones sobre el borrador en un callejón sin salida. "Esto rompe la negociación. Iremos allí a mandarlos a hacer puñetas", aseguran enfáticamente desde una de las centrales mayoritarias, donde se han desayunado con la carta. Y desde otra, que dice haberla conocido en la reunión del pasado 26 de abril, añaden: "Reunidos consigo mismos, han modificado su propio criterio. Y sin contar con los sindicatos. De chapuza en chapuza hasta la chapuza final".

El número de funcionarios de la Seguridad Social ha caído un 21,5% en las últimas dos décadas

Durante las últimas semanas, el departamento dirigido por José Luis Escrivá ha mantenido un discurso contradictorio. Mientras las diferentes propuestas impulsadas por la directora general del INSS —como esta última— están enfocadas en reforzar la atención con cita previa, el propio ministro animó recientemente a los ciudadanos a acudir a la Seguridad Social espontáneamente en casos urgentes, lo que redundaría en el colapso del sistema. "Es un sindiós, no se aclaran. El ministro dice una cosa y las oficinas van a hacer otra", añaden las fuentes sindicales consultadas.

Según los cálculos de UGT, el número de funcionarios de la Seguridad Social ha caído un 21,5% en las últimas dos décadas. Son 6.270 trabajadores menos para unas competencias mucho más amplias, que incluyen, por ejemplo, la tramitación del ingreso mínimo vital. Pedir cita previa resulta casi imposible, como demuestran varios estudios del sindicato en diferentes comunidades autónomas.

Recientemente, el propio Escrivá reconoció, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, problemas en la atención de la Seguridad Social, "debido a una mayor carga de trabajo para que sus prestaciones lleguen a todos los ciudadanos". Para solucionarlo, el ministerio ha ampliado de siete días a 28 días la parrilla de las citas y ha puesto en marcha un único teléfono nacional frente al caos que reina en las diferentes provincias.