La Justicia de la UE sentencia que afectados por el 'dieselgate' tienen derecho a indemnización

La Justicia Europea ha dictado este martes que los propietarios de vehículos equipados con dispositivos que manipulan sus emisiones tienen derecho a indemnización, una noticia muy esperada por los clientes afectados por el escándalo conocido como dieselgate, destapado en 2015 y por el que se supo que el grupo Volkswagen había equipado a millones de sus vehículos con un dispositivo que les permitía emitir 40 veces más de lo permitido. La Justicia alemana y las organizaciones de consumidores alemanes ya han logrado algunas indemnizaciones por parte de la empresa.

La sentencia se refiere a un caso que enfrenta a un particular y a la compañía Mercedes-Benz. El consumidor reclama ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Ravensburg (Alemania) una indemnización por parte de la empresa por la instalación de un programa informático que reduce la tasa de recirculación de los gases de escape cuando las temperaturas exteriores se sitúan por debajo de un determinado umbral, aumentando así las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).

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Agencias

La sentencia se basa en el Reglamento número 715/2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor, por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros, una norma europea que, según el TJUE, “establece un vínculo directo entre el fabricante de automóviles y el comprador individual de un vehículo de motor, que tiene por objeto garantizar a este último que dicho vehículo cumple la legislación pertinente de la Unión”. Corresponde al tribunal regional alemán considerar si el programa informático que incluía el Mercedes-Benz afectado puede ser considerado como un “dispositivo de desactivación”, que es la clave para proceder a la indemnización.

Ese vínculo directo entre el fabricante y el comprador se establece porque las normas europeas obligan a la empresa a entregar “un certificado de conformidad” que, entre otros aspectos, “certifica que este cumplía con todos los actores reglamentarios en el momento de su fabricación”. Eso “permite proteger al comprador individual de un vehículo frente al incumplimiento, por parte del fabricante, de su obligación de comercializar vehículos que respeten el reglamento”. En otras palabras: el fabricante y el comprador tienen un acuerdo de que el vehículo respetará las normas europeas, y eso incluye que no cuente con dispositivos de desactivación prohibidos.

Según el TJUE, la ley "establece un vínculo directo entre el fabricante de automóviles y el comprador individual de un vehículo de motor"

Por eso, el alto tribunal, con sede en Luxemburgo, sentencia que las normas europeas “protegen, además de los intereses generales, los intereses particulares del comprador individual de un vehículo de motor frente al fabricante de este cuando dicho vehículo esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido”. “Por tanto, los Estados miembros están obligados a prever que el comprador del vehículo goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante de este”, señala el texto.