Feijóo promete abolir la ley 'antiopas' con la que Sánchez blinda al Ibex 35

Alberto Núñez Feijóo ha dicho públicamente que, si llega a la Moncloa, cambiará las polémicas ley del solo sí es sí y la ley trans, calificadas por el líder del Partido Popular como "chapuzas legales". Pero, además, en petit comité ha comunicado a varios empresarios que también echará abajo la conocida como norma antiopas, el real decreto aprobado durante la pandemia y prorrogado, con el covid ya superado, por Pedro Sánchez para proteger a las compañías calificadas como estratégicas por el Ejecutivo del PSOE y de Unidas Podemos.

Según fuentes financieras, Fejióo ha asegurado a algunos de los ejecutivos del Ibex 35, con los que se ha reunido en las últimas semanas para sondear el pulso empresarial, que, si es elegido presidente en las elecciones previstas para finales de 2023, anulará la ley que impide a un inversor comprar más del 10% de una compañía sin obtener previamente la autorización de la Moncloa. Una norma que también obliga al interesado a pedir permiso al Gobierno actual para toda adquisición de un activo cuyo valor supere los 500 millones de euros.

El entorno de Feijóo considera que este real decreto persigue, en realidad, proteger a empresas próximas a Sánchez

Este real decreto, promulgado por Sánchez en la primavera de 2020 tras el desplome de las cotizaciones por el impacto de la pandemia, permitió alejar potenciales opas consideradas hostiles por parte del Gobierno y de la alta dirección de las empresas clasificadas como estratégicas. Ese blindaje cubrió a compañías de sectores sensibles y siempre en las quinielas de potenciales operaciones corporativas, como Naturgy, Repsol, Telefónica, Indra y también el sector bancario.

El decreto fue extendido posteriormente en diciembre de 2021 por un periodo de 12 meses, y la pasada Navidad, por dos años más, hasta finales de 2024. La justificación para esta última prórroga fueron los efectos de la inflación, que el Gobierno dice que está bajando, y la subida de los tipos de interés, dado que el covid-19 ya se ha dado por superado institucionalmente. Pero lo cierto es que las empresas cotizadas han obtenido en su mayoría beneficios récord en este entorno convulso, como demuestran los resultados récord de energéticas y banca.

Dados estos números, el entorno de Feijóo considera que este real decreto persigue, en realidad, proteger a empresas próximas a Sánchez, como Prisa, convertida en su buque editorial de cabecera desde El País y Cadena SER, medios afines a la Moncloa y más críticos con el Partido Popular. Prueba de ello es que el Gobierno socialista prohibió a Vivendi llegar al 29,9% del capital, como solicitó por los canales reglamentarios de la citada ley, al considerar que el grupo francés era más cercano a la derecha conservadora. También se opuso a la entrada de Mediaset en el capital de Prisa, ya que es propiedad de los Berlusconi, reconocidos empresarios poco amigos de la izquierda.

Además, el Gobierno ha usado el poder que le otorga este escudo antiopas para tratar de influir en las negociaciones concursales entre acreedores y accionistas, como ocurrió en el caso de Celsa, cuando representantes de Moncloa advirtieron a los fondos prestamistas de que el Ejecutivo estaba en condiciones de vetar su toma de control de la compañía.

El Gobierno ha aprobado dos leyes que castigan tanto al sector energético como al bancario

El Gobierno ha aprobado dos leyes que castigan tanto al sector energético como al bancario, por lo que han denominado beneficios caídos del cielo. Es decir, las ganancias extraordinarias derivadas del incremento de los precios de la luz y el gas y de la subida de los tipos de interés para combatir la inflación. Empresas como Iberdrola, Endesa y Repsol ya han recurrido en los tribunales estos impuestos, que afectarán a su cuenta de resultados de 2023 y 2024. Los bancos han hecho lo propio, porque durante casi una década han vivido con el precio oficial del dinero a cero o en negativo, por lo que la actual cotización del euríbor se asemeja más a la evolución histórica del indicador desde la entrada del euro en vigor.

Los ataques de ministras como Ione Belarra (Derechos Sociales) también han ido contra Juan Roig, el presidente de Mercadona, al que aquella calificó de "capitalista despiadado", y Florentino Pérez, al que acusó de ser "más rico" cuando hay mujeres que no se pueden ir de la casa de su maltratador por no tener independencia económica. Algunos de los interpelados han optado por responder al Gobierno en las recientes presentaciones de resultados anuales, al tiempo que han mantenido reuniones privadas con Feijóo para saber cuál sería su hoja de ruta en el caso de llegar a la Moncloa.

La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores ha criticado esta medida de Sánchez

En estos encuentros, a los que han acudido Carlos Torres, presidente de BBVA, o Borja Prado, de Mediaset, entre otros, el político gallego se ha comprometido a levantar estos impuestos especiales y la ley antiopas, que impide que un inversor pueda lanzar una oferta de compra sobre una empresa cotizada para beneficio de todos los accionistas si no tiene el visto bueno del Gobierno. El líder del PP, a diferencia de su postura sobre la ley del solo sí es sí o la ley trans, no ha querido hacer pública su postura empresarial, por temor a perder votos y darle munición al PSOE en su cruzada contra el Ibex 35.

La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha criticado esta medida de Pedro Sánchez al abogar por impedir a los accionistas "beneficiarse de las primas que se suelen pagar al presentar ofertas de compras u otras operaciones de control de las empresas". Desde el organismo regulador, se sostiene que "desde el punto de vista del mercado de valores y los intereses de los accionistas e inversores, la apertura internacional es un valor en sí misma. Por ello, será positivo una normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas".

Además, aunque la Comisión Europea ha adoptado una estrategia de laxitud y pasividad en este frente, el escudo antiopas afecta a inversores tanto con sede en la Unión Europea como en terceras jurisdicciones, lo que supone una restricción flagrante a la libertad de circulación de capitales que protegen los tratados comunitarios.