Los eurodiputados españoles llevan las luchas partidistas a la visita por los fondos de la Unión Europea

España, como país pionero en la ejecución de los fondos europeos, es también laboratorio de experimento de cómo funciona la gestión de este ambicioso proyecto comunitario. La misión de eurodiputados del Parlamento Europeo es, en esencia, una supervisión de los mecanismos de control que ha establecido la Comisión Europea. Sin embargo, la composición de la delegación por eurodiputados ha provocado que la visita tenga un claro tono político. Y eso a pesar de que las intervenciones de los parlamentarios durante las reuniones se limitan a recabar información sobre la gestión del programa. Pero la intencionalidad de las preguntas también condiciona el sentido de las respuestas y los problemas que se analizan.

A lo largo del lunes, los parlamentarios europeos se reunieron con diversos consejeros de Economía de las comunidades autónomas, con representantes del mundo empresarial y con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Los encuentros contaron con “los más altos estándares europeos” de supervisión, explica una de las fuentes presentes en los encuentros, pero el enfoque de las preguntas estuvo marcado por el color político de los eurodiputados. Este carácter político de la delegación quedó claro con el rifirrafe que protagonizaron la vicepresidenta económica de España, Nadia Calviño, y la presidenta de la delegación, la popular Monika Hohlmeier.

Para Isabel Benjumea, parlamentaria del PP, uno de los enfoques clave de sus preguntas fue sobre la participación de las empresas y de las comunidades autónomas en el diseño de las ayudas. Este es uno de los puntos débiles del plan español, ya que las demandas de la patronal CEOE y de las comunidades autónomas para tener una participación activa en el diseño de las políticas han sido ignoradas de forma sistemática. Los consejeros autonómicos del Partido Popular presentes en la reunión, Carolina España, de Andalucía, y Javier Fernández-Lasquetty, de Madrid, mostraron abiertamente que los problemas en la ejecución y en los resultados obtenidos por el plan de recuperación son insuficientes, precisamente porque las CCAA no han podido participar en la elaboración de los planes de inversión.

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También la CEOE se ha quedado con las ganas de participar de forma activa en los proyectos, ya que todas las mejoras que propuso al Gobierno en la tramitación del real decreto sobre los fondos europeos en forma de enmienda llevan dos años bloqueadas. El motivo es que el Gobierno no quiere tramitar como proyecto de ley el real decreto-ley que aprobó a finales de 2020 para la ejecución de los fondos europeos, en el que se comprometió a aceptar enmiendas para mejorarlo. Han pasado ya más de dos años y la Mesa del Congreso sigue prorrogando el periodo de enmiendas para que nunca lleguen a discutirse.

El PP también preguntó sobre el retraso en la ejecución de algunos proyectos reservados al Estado, como es el caso del Kit Digital o los Perte, que dependen íntegramente del Estado. En definitiva, cuestiones dirigidas a evidenciar los problemas en la puesta en marcha de los proyectos.

Para los eurodiputados del PSOE, por el contrario, la preocupación sobre los problemas de la ejecución se centró en la parte que corresponde a las comunidades autónomas. Es cierto que el Estado transfirió los fondos asignados a las CCAA de forma intensa desde el primer momento y que ahí se generó un cuello de botella. Primero, porque las CCAA se encontraron con proyectos a ejecutar en cuyo diseño no participaron y sobre los que no tenían capacidad de modificación. Y segundo, porque después de una década de recortes en inversión, los aparatos de ejecución del presupuesto estaban oxidados. De ahí que el Gobierno dijera, poco después de comenzar la ejecución de los fondos, que el despliegue estaba siendo rápido y, al mismo tiempo, las empresas aseguraban que el dinero no les llegaba.

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Por parte de la presidenta de la delegación, las dudas se centraron en conocer la transparencia del proceso, la facilidad de acceso para empresas y administraciones y la participación de estas en el diseño de las medidas. En los tres casos, las respuestas tuvieron un tono de reproche al Gobierno. El diseño de los hitos de las inversiones y las reformas lo elaboró el Ejecutivo en solitario, aunque es cierto que con algunas consultas previas a los agentes sociales, comunidades y ayuntamientos. El acceso a los fondos ha tenido diversos problemas de implementación y los sigue teniendo, el más evidente parece el de los Perte.

Y, por último, en el caso de la transparencia, los interlocutores de las comunidades y de las empresas señalaron los graves problemas para conocer el grado de ejecución real de los fondos. Estos problemas se centran en la plataforma CoFFEE (Common FFEE Platform), diseñada para que las comunidades autónomas y entidades locales puedan incorporar el uso de los fondos europeos.

Esta plataforma, que tenía que estar plenamente operativa en otoño de 2021, comenzó a funcionar realmente a finales de 2022. Sin embargo, las CCAA siguen sufriendo graves problemas para poder utilizarla, tal y como trasladaron los consejeros de Aragón, Madrid y Andalucía durante la reunión. Entre los problemas que todavía tiene esta plataforma, están los de los funcionarios para identificarse, la incompatibilidad con los registros contables que utilizan y la escasa interoperabilidad que ofrece para los diferentes proyectos. “Los funcionarios se vuelven locos para usar la herramienta”, explica una fuente de la Consejería de Economía de Andalucía.

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Los problemas de implementación de esta plataforma explican que no exista información completa sobre el grado de ejecución de los fondos europeos. Los analistas tienen que recurrir a la plataforma de contratación pública para obtener información sobre el ritmo del gasto, con la dificultad que tiene acceder a cada una de las convocatorias. Los problemas de esta plataforma afectan también a la Comisión Europea, ya que es la herramienta que tendría que utilizar para supervisar la correcta asignación de los recursos en España.

La delegación todavía tiene por delante varios días de reuniones con representantes ministeriales, empresariales y sindicales antes de concluir su visita. Sin embargo, los expertos dudan de que vaya a tener una repercusión relevante. De hecho, el principal papel de esta delegación es comprobar hasta qué punto la Comisión Europea supervisa de forma correcta la ejecución de los fondos comunitarios. Para España, solo podría tener un efecto indirecto en el largo plazo si esto lleva a Bruselas a ser más severa en el control de los hitos de inversiones y reformas. Y, en cualquier caso, esto no llegaría a aplicarse hasta final de año, de modo que previsiblemente afectaría al próximo Gobierno de España.