Las empresas sacrifican inversión productiva para cubrir el aumento de la carga fiscal

Recientemente, ha ganado tanto terreno el debate sobre salarios y beneficios que ha oscurecido el resto de las cuentas de las empresas. En los últimos meses, los márgenes han crecido con fuerza, pero lo han hecho para compensar que durante la pandemia las empresas optaron por proteger las rentas de sus trabajadores. En los tres primeros trimestres de 2022, la masa salarial pagada por las empresas es un 6% superior a la del mismo periodo de 2019 y el beneficio empresarial después de impuestos es todavía un 3% inferior, según los últimos datos de las cuentas trimestrales no financieras del INE.

Pero más allá del reparto de salarios y beneficios, hay otras operaciones muy importantes en las cuentas de resultados. Destaca por encima de las demás el efecto que está teniendo el gran aumento de la carga fiscal que están soportando las empresas desde que comenzó la salida de la pandemia. En los tres primeros trimestres, las sociedades no financieras han pagado 4.800 millones de euros más en impuestos que antes de la pandemia (incluye cotizaciones sociales). Este dato es neto de subvenciones públicas, esto es, se trata de la factura fiscal sin contrapartida que soportan las empresas.

El pago de impuestos es ahora casi un 30% superior al del año 2019 y es solo inferior a los años de la burbuja inmobiliaria, cuando los beneficios extraordinarios generaban una recaudación récord. Este incremento de la carga fiscal ha permitido al Estado reducir intensamente su déficit público en los últimos meses y ha otorgado cierto margen fiscal al Gobierno para poner en marcha los tres paquetes anticrisis aprobados hasta la fecha. Sin embargo, este coste para las empresas implica un gran esfuerzo de gasto en una coyuntura ya complicada por el aumento de todos los costes de producción. Lo que han hecho las empresas es lo mismo que hizo el Estado en su momento, cuando los ingresos y los gastos se descuadraban en favor de los segundos: recortar la inversión productiva. Esto implica perder ingresos potenciales a futuro, pero a cortísimo plazo permite minimizar las necesidades financieras.

En los tres primeros trimestres del año, las empresas han realizado una inversión productiva (formación bruta de capital fijo) de 126.000 millones de euros. Esta inversión incluye desde la compra de maquinaria hasta activos inmobiliarios (locales y edificios), pasando por activos inmateriales, como bienes de propiedad intelectual. Esta cifra es un 5% inferior a la del mismo periodo de 2019.

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Estos pobres datos de la inversión muestran que el incremento de la carga fiscal conlleva otros efectos negativos sobre las decisiones empresariales. Máxime cuando se producen en un momento en que los beneficios todavía no estaban normalizados y con los gastos disparados. El mejor ejemplo es que los costes de personal han aumentado un 6% mientras que el valor añadido ha crecido un 4%.

La factura fiscal está siendo casi un 30% superior a la de 2019. En este periodo, se han producido algunas subidas de impuestos, como es el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades del 15%, la eliminación de la deducción total por beneficios de filiales en el extranjero, la creación de la tasa Google o la subida de las cotizaciones sociales a cargo del empleador. Esta estadística todavía no incluye el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.

Pero no todo el incremento de la recaudación se debe a la subida de impuestos. Hay dos factores que están jugando un papel clave. El primero, el florecimiento de economía sumergida durante la pandemia, que ha obligado a las empresas a elevar la parte de sus ingresos que declaran a Hacienda. La segunda es la propia inflación, que eleva la facturación en términos nominales, pero no reales, lo que implica más impuestos, aunque los beneficios no sean superiores.

El incremento en la carga fiscal que están soportando las empresas casi equivale a la reducción de la inversión. Todavía es pronto para pensar que las cuentas empresariales están normalizadas, ya que es necesario que la inflación se estabilice para que se defina el nuevo equilibrio entre salarios y beneficios. Pero todo apunta a que las empresas todavía tendrán por delante meses complicados en términos de costes por las demandas salariales crecientes. 2023 y 2024 serán años de intensas subidas de salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo de 2022, pero esto significa que el precio de producción para las empresas seguirá siendo creciente.

En este escenario, es posible que se produzcan efectos de segunda ronda, esto es, que las empresas protejan sus beneficios subiendo sus precios. En este pulso, es complicado que las empresas recuperen margen para invertir. Y esta es una noticia muy negativa, ya que el crecimiento potencial de las empresas y, por extensión, del conjunto de la economía depende precisamente de los proyectos que se pongan en marcha.

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El recorte en los planes de inversión permite a las empresas cambiar la necesidad de financiación por la capacidad de ahorro. De esta forma, muchas empresas están compensando las pérdidas que sufrieron en los peores meses del confinamiento con menores inversiones. Así, están recomponiendo su situación patrimonial a cambio de sacrificar crecimiento futuro. La capacidad de financiación de las sociedades está siendo la más elevada desde el año 2017, a pesar de la coyuntura económica tan complicada y de la subida de la presión fiscal.

Esta era la gran preocupación del Gobierno durante la pandemia: evitar que las pérdidas acumuladas lastraran la inversión en la salida de la pandemia. Para ello, puso en marcha el programa de ayudas directas, que fue un auténtico fracaso y que terminó con un tercio del presupuesto sin ejecutar. Esto explicaría, en parte, que las empresas hayan utilizado sus beneficios para mejorar su situación patrimonial en vez de invertir.

La gran esperanza para el crecimiento de la inversión el año que entra es la ejecución del plan de recuperación, que va cogiendo velocidad de crucero en los últimos meses. Sin embargo, la ejecución de algunos de los proyectos que tienen que arrastrar más inversión privada, como es el caso de los Perte, está todavía en una fase muy temprana. El más avanzado es el del vehículo eléctrico conectado (VEC) que, aun así, está sufriendo varios reveses por empresas que se están bajando del proyecto. Malas noticias que urge revertir.