El 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre

La mayor parte de las ayudas públicas en España va para quienes menos las necesitan. Nuestro país es el cuarto más regresivo del club de las naciones más ricas del mundo, que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 20% de los hogares más pobres solo recibe el 12% del total de las transferencias del Estado, mientras que el 20% más rico acapara más del 30%, casi el triple. Solo Italia, Grecia y Luxemburgo adolecen de más inequidad en sus políticas de rentas.

* Si no ves correctamente este formulario, haz click aquí

El informe de la OCDE, titulado Apoyo para los ingresos de los individuos en edad laboral y sus familias, analiza cómo las diferentes políticas públicas de transferencias de rentas afectan a los diferentes sectores de la población, en un contexto de paquetes fiscales multimillonarios para hacer frente a la pandemia, primero, y a la crisis energética después. Sobre la mesa, un debate: ¿debería el Estado apoyar a todas las familias para hacer frente a la inflación o solo a las más vulnerables? Los políticos han optado por la primera vía, sobre todo ante la urgencia de la situación tras el estallido de la guerra de Ucrania, que obligó a tomar medidas drásticas en poco tiempo. Los técnicos, en cambio, defienden que las ayudas se centren en los más vulnerables, como han pedido todos los organismos globales, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el Banco Central Europeo (BCE). Pero no está siendo así.

El gráfico habla por sí mismo. De los 36 países analizados, solo 21 tienen un sistema de ayudas que premia al quintil más pobre (es decir, el 20% de los individuos en edad de trabajar con menor renta disponible), frente al quintil más rico (el 20% con mayor renta disponible). En los otros 15, la situación es la contraria, lo que genera una extraordinaria paradoja: el Estado está completando en mayor medida los ingresos de las clases acomodadas que los de los más desfavorecidos. España se sitúa 12 puntos por debajo de la OCDE en el porcentaje que reciben las rentas bajas y 12 puntos por encima en el porcentaje que reciben las rentas altas.

Esto no quiere decir que la intervención del Estado redistribuya necesariamente la renta hacia los más ricos, ya que para sacar esa conclusión habría que tener en cuenta cuánto contribuyen estos a las arcas públicas. Este aspecto no se recoge en el informe, y matiza las conclusiones precipitadas, ya la mayoría de los países tienen sistema fiscales progresivos, en los que las rentas altas pagan más impuestos. Además, habría que tener en cuenta los efectos predistributivos de otras políticas públicas, como la sanidad y la educación, para constatar la equidad o inequidad que se deriva de la intervención del Estado.

El sistema tributario no es progresivo: la presión fiscal es similar para todos los grupos de renta

En cualquier caso, España no sale bien parada ni por el lado de los impuestos ni por el de las transferencias. En términos relativos, el efecto redistributivo del sistema fiscal es mínimo, como demostró un reciente informe del laboratorio de ideas EsadeEcPol (puede consultarlo aquí). El porcentaje de gravámenes que soportan los españoles se sitúa cerca del 30% en todos los deciles, y el más rico paga menos (27%) que el más pobre (28%). Lejos de cerrarse, esta brecha se ha agrandado durante los últimos años, con una política tributaria cada vez más regresiva que ha ido aplanando la curva ascendente de la presión fiscal en función de la renta disponible.

Las clases acomodadas cada vez pagan menos impuestos, mientras se benefician de las ayudas públicas indiscriminadas que se han aprobado al amparo de la crisis energética. Además de las pensiones, las transferencias del Estado ya no se reducen a subsidios asistenciales, como el paro y el ingreso mínimo vital, que solían beneficiar a los ciudadanos que más lo necesitaban, sino que abarcan otro tipo de medidas de carácter universal, como la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible, en la que el Gobierno ya se ha gastado 5.752 millones de euros este año, según el Ministerio de Hacienda.

TE PUEDE INTERESAR

El IPC de los pobres castiga dos veces: consumen los productos que más se encarecen

Marcos Lema

No es un fenómeno exclusivo de España: todos los socios europeos lo han hecho, como constata el informe, para luchar contra la inflación. Sin embargo, no todas las medidas son igual de efectivas, al menos en lo que respecta a la redistribución de la renta. Los expertos de la OCDE recomiendan que sean "focalizadas y acotadas en el tiempo" y defienden el uso de aquellas destinadas directamente a mejorar los ingresos de las familias, en lugar de las que alteran la señal de precios. En otras palabras: mejor dar un cheque para compensar a los vulnerables por el encarecimiento de la energía que establecer un tope en la factura que favorezca a todos los hogares por igual.

Solo así, consideran los expertos de la OCDE, será posible cerrar la brecha entre las familias más y menos acomodadas generada por una inflación que golpea dos veces a los desfavorecidos, ya que son los que más porcentaje de su renta destinan a los bienes y servicios que más han subido, entre ellos la propia energía o los alimentos. Además, "en países donde las transferencias sociales existentes no llegan a los pobres [España sería un ejemplo, como muestran los datos], las ayudas ad hoc pueden estar entre las únicas opciones para llegar a los vulnerables. Pero, cuando no están focalizadas, es probable que las medidas sean más costosas que aumentar o complementar los beneficios sociales", concluye el informe.

El debate sobre qué hacer con las medidas del escudo anticrisis que caducan este 31 de diciembre está abierto en el seno del Gobierno

En otras palabras: el bono social de la luz y la calefacción permite compensar parte del aumento de la inflación a las familias pobres que no reciben transferencias suficientes del Estado, y lo hace sin un coste excesivo para el erario público. En cambio, la subvención a los combustibles apenas les resuelve nada, pero supone un coste altísimo para el erario público debido al gran número de beneficiarios de rentas medias y altas.

El debate sobre qué hacer con las medidas del escudo anticrisis que caducan este 31 de diciembre está abierto en el seno del Gobierno, y se resolverá en el nuevo paquete que tiene previsto aprobar el último Consejo de Ministros del año. Con el paso de las semanas, cada vez parece más claro que la subvención a los combustibles no se extenderá para el conjunto de los ciudadanos, sino que se enfocará a algunos colectivos, como ha hecho Francia. Así lo han dejado entrever todas las ministras del área económica. Unidas Podemos presiona para que ese dinero se dedique a transferencias para ayudar a los más necesitados a pagar la cesta de la compra.

La nueva medida casaría mucho más con las buenas prácticas que defiende el club de las economías más ricas del mundo. Sin embargo, no resolverá un problema que aqueja a todos los países mediterráneos: un Estado del Bienestar donde el diseño deficiente de las ayudas y la asimetría en la información para acceder a ellas acaban beneficiando a los más ricos frente a los más pobres. Una anomalía que nos sitúa más cerca de Turquía que de Alemania y que, de momento, el Gobierno progresista no ha sido capaz de resolver.