La CEOE rompe el diálogo con Trabajo tras pactar que Inspección controle los ERE

Tensión entre la patronal y Yolanda Díaz. La CEOE ha roto la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla "tramposa y contraria a la buena fe" tras la enmienda, pactada con Bildu, sobre el control de la Inspección de Trabajo de las causas en los despidos colectivos (ERE).

En un duro comunicado, la CEOE considera que la enmienda transaccional es una "traición" al acuerdo alcanzado en la reforma laboral y le pide una rectificación para poder retomar el diálogo en un fin de año marcado por temas clave como el alza del salario mínimo interprofesional (SMI).

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"En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial (...) actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable".

A la espera de una rectificación, inciden, "los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe". La CEOE esperará esta rectificación de Trabajo y verá en la junta directiva del próximo 21 de diciembre cómo afrontar esta situación con relevantes mesas de negociación abiertas como el SMI, las pensiones o el Estatuto del Becario. Además, advierte de que esta modificación "tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea".

Sin reintroducir la autorización previa

Trabajo y Bildu han acordado, vía enmienda en la Ley de Empleo, un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que la Inspección de Trabajo elabore un informe sobre cada ERE en el que constate la concurrencia de las causas especificadas por la empresa para alegar el despido colectivo.

Este cambio, que se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, no supone una recuperación de la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012, sino un mayor papel de la Inspección en el control de estos despidos colectivos.