El Supremo admite un recurso contra Hacienda por la deducción de guardería

El Tribunal Supremo decidirá si las madres tienen derecho a la deducción de 1.000 euros por guardería, sea cual sea el centro en el que están los hijos. El conflicto entre muchas madres y Hacienda, después de reinterpretar la ayuda incluida en los presupuestos de 2018 por primera vez, se decidirá en el alto tribunal.

El pleito llega al Supremo después de que los jueces de instancias inferiores se contradijeran. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falló a favor de una madre y, en un recurso por la misma deducción y argumento, el Tribunal Superior de Extremadura dio la razón a Hacienda. Las mismas contradicciones se vieron en tribunales económico-administrativos regionales, hasta que el central (TEAC) se posicionó a favor de Hacienda.

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La deducción que reclaman muchas madres es la de 1.000 euros por gastos de guardería, aunque Hacienda considera que solo tienen derecho las que tienen a sus hijos en centros de educación infantil, con autorización autonómica. El Supremo ha admitido un recurso alegando que la cuestión presenta interés casacional para formar jurisprudencia en torno a cómo debe interpretarse la expresión “guarderías o centros de educación infantil autorizados”. Dicho de otra manera, si la deducción es para ayudar en gastos de cualquier guardería o solo en los centros de educación infantil.

El recurso admitido es de Elena Manzano, profesora de Derecho Tributario en la Universidad de Extremadura y quien creó una asociación de afectadas para asesorar en las reclamaciones. Primero ante los tribunales económico-administrativos y, después, ante la vía judicial, para lo que la asociación trabaja con los letrados María Benito y Antonio Jiménez, del despacho extremeño Jiménez Bustamante.

En el auto del Supremo con el que admite el recurso indica que la interpretación de la expresión mencionada, “guarderías o centros de educación infantil autorizados”, contenida en el artículo 81.2, párrafo 1.º, de la Ley del IRPF, condiciona la aplicabilidad del incremento del importe de la deducción por maternidad. Así, el Supremo quiere “aclarar” si debe entenderse que la autorización exigida por el citado precepto es la otorgada por la administración educativa correspondiente.

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El origen de este conflicto está en los presupuestos de 2018, los últimos del exministro Cristóbal Montoro, cuando se incluyó la deducción por gastos de guardería de 1.000 euros como una ampliación de la bonificación por maternidad. Dicho texto señaló que "se incrementa el incentivo fiscal [sobre la deducción de 1.200 euros de maternidad] cuando tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos autorizados", y habla de "guarderías y centros de educación infantil".

Posteriormente, el reglamento redactado por Hacienda, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez y con María Jesús Montero al frente del ministerio, limitó la deducción a los centros de educación infantil, dejando fuera a miles de madres. La diferencia es que todas guarderías, aunque este no es un término regulado, cuentan con autorización municipal por cuestiones de seguridad o salubridad. Los centros de educación infantil, además, tienen autorización autonómica, ya que son las comunidades las competentes en educación y se considera en la ley que es el primer ciclo formativo, desde cero a tres años. Hacienda alega que la ayuda está orientada a dicho primer ciclo educativo, no en sí a la custodia de los niños para facilitar la conciliación laboral de las madres.

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Manzano, Asociación de Personas Afectadas por la Deducción de Gastos en Guarderías en el IRPF, recomienda a las madres que estén en la misma situación que se rectifiquen las autoliquidaciones del IRPF para solicitar la deducción y no esperar a que prescriba, para iniciar el proceso en los tribunales económico-administrativos y, posteriormente, en la Justicia, a la espera del Supremo. La primera declaración de la renta en la que apareció esta ayuda fiscal fue en la de 2019, con lo que el año que viene prescribirán estas declaraciones. Así, aunque el Supremo fije que tienen derecho, si no han reclamado después de cuatro años, ya no podrían solicitar la deducción sobre ejercicios prescritos.

Durante los últimos años, la Comisión de Hacienda del Congreso votó en favor de instar al Gobierno a rectificar el criterio, en la misma dirección que el Defensor del Pueblo. En cuanto a los tribunales, el Superior de Extremadura dice que el reglamento concretó el espíritu de la norma al enfocarse a las madres con niños en centros de educación infantil. Pero el Superior de Cantabria dictaminó lo contrario, dado que consideró que “la finalidad de la norma es favorecer la reincorporación de los padres trabajadores al mundo laboral", y que la ley "no busca favorecer la educación de los niños menores de tres años, por lo que sería excesivo exigir que las guarderías debieran tener carácter educativo”.