Los países de la UE apuestan por descafeinar más los requisitos de capital para la banca

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han acordado este martes una posición común sobre cómo deben incorporarse al derecho de la Unión las nuevas reglas internacionales destinadas a reforzar los colchones de capital y la supervisión de las entidades, conocidas como Basilea III. La posición de los Estados miembros, que se ha alcanzado tras doce meses de negociación, establece una propuesta que reduce las exigencias para el sector respecto a la propuesta inicial que puso sobre la mesa la Comisión Europea.

Como respuesta a la crisis financiera de 2007 y 2008 los reguladores de todo el mundo acordaron en Basilea en los años siguientes una nueva serie de normas que endurecen los requisitos de capital y establecen controles más estrictos sobre el sector bancario. Basilea III limita la capacidad de los bancos para utilizar modelos internos a la hora de establecer su nivel de exposición, que es de lo que deriva la cantidad de capital que la entidad debe aprovisionarse para hacer frente a posibles turbulencias.

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Una de las claves es el llamado 'output floor' (que se podría traducir algo así como 'suelo de rendimiento'), que, literalmente, establece un 'suelo' para que los bancos no puedan calcular que su riesgo está por debajo de unos estándares que se consideran mínimos. “La principal preocupación es que los modelos internos podrían subestimar la cantidad de capital que necesitan los bancos”, explicaba hace un año la Comisión Europea cuando presentó su propuesta.

Aunque las normas llevan años encima de la mesa la Unión Europea, donde la industria y la economía requiere en gran parte del crédito bancario, a diferencia de por ejemplo el mercado americano, las autoridades han arrastrado los pies a la hora de ir implementando los acuerdos internacionales, aunque tanto Reino Unido como Estados Unidos van por detrás en la aplicación de los últimos elementos del acuerdo internacional.

Precisamente esa palanca negociadora, la estrecha conexión entre el crédito y la economía europea, ha sido uno de los argumentos que ha utilizado el sector que ha intensificado sus movimientos en Bruselas en los últimos meses para garantizar que se tuvieran en cuenta una serie de excepciones. Por ejemplo, los ministros de Finanzas han confirmado que la aplicación de las reglas de Basilea III se retrasarán hasta 2025, frente al 2023 que establecía el acuerdo internacional, y da hasta 2030 para completar su total implementación.

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“Uno de nuestros principales objetivos era evitar impactos en los bancos europeos que pudieran reducir su capacidad para financiar la economía europea”, ha explicado Zbynek Stanjura, ministro de Finanzas de República Checa, que ostenta la presidencia del Consejo de la Unión.

Las últimas desviaciones incluyen hacer que sea menos costoso para los bancos financiar el desarrollo y la construcción de terrenos. También hacen que sea más barato para los prestamistas tener deuda subordinada, una forma de préstamo más riesgoso y sin garantía, y más fácil distribuir las deudas entre su red de empresas del grupo.

Rebajando exigencias

La Comisión Europea hizo una propuesta el año pasado que ya generó inquietud en el Banco Central Europeo y en la Autoridad Bancaria Europea al considerar que se alejaba de algunos de los elementos clave del pacto de Basilea III. Ahora, la nueva posición acordada por los Estados miembros rebaja todavía más los controles, y servirá como mandato negociador del Consejo en las conversaciones a tres con la Comisión y el Parlamento Europeo de la que debe salir el texto final que incorporará Basilea III en el derecho de la Unión. Esas negociaciones, llamadas “trílogos”, suelen ser complejas y largas, y se trata de buscar un compromiso entre la posición inicial de la Comisión, que suele ser de máximos, y la del Consejo, que normalmente rebaja el nivel de exigencia que propone Bruselas.

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En diciembre de 2020, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), calculaba que los grandes bancos europeos tendrían que añadir 52.000 millones de euros a sus “colchones” para cumplir con los nuevos estándares. El estudio de impacto final que presentó la Comisión Europea calculaba que solamente se verían afectadas unas 10 entidades europeas y que el esfuerzo se reducirá casi hasta la mitad: tendrán que separar solamente 27.000 millones de euros. Ahora los Estados miembros rebajan las exigencias.

El BCE y la EBA ya hicieron saltar las alarmas hace un año y ahora vuelven a insistir en sus reservas. “Estamos muy preocupados de que en los debates legislativos en curso en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo sobre el paquete bancario de la UE, se hayan hecho numerosos llamados a desviarse de los estándares internacionales. El BCE y la Autoridad Bancaria Europea han abogado constantemente por una implementación completa, oportuna y fiel de Basilea III”, escribió la semana pasada José Manuel Campa, presidente de la EBA.