Los transportistas vuelven a desafiar al Gobierno, pero esta vez no lo tendrán tan fácil

Manuel Hernández lanzó la advertencia el pasado 2 de abril: "Esto no se ha terminado". El carismático presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte deponía las armas tras quedarse solo en su movilización contra el Gobierno, pero avisaba, con un lenguaje bélico, que no había perdido la guerra. Dicho y hecho. Siete meses después de aquel pulso, que llegó a paralizar el país, los camioneros outsiders volverán a levantar el pie del acelerador en la madrugada del próximo domingo al lunes, a 11 días del Black Friday y un mes de la Navidad, las dos fechas de mayor consumo del año. Pero esta vez no lo tendrán tan fácil: están solos y cuentan con menos argumentos que entonces.

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La plataforma ha convocado un nuevo paro indefinido para reivindicar el cumplimiento de las medidas pactadas el pasado 24 de marzo entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Transporte en Carretera (CNTC). Este organismo es el interlocutor oficial del sector, pero la asociación de Hernández, que agrupa a autónomos y a algunas pequeñas empresas, no forma parte de él y siempre le negó cualquier legitimidad. De hecho, la plataforma restó validez a aquel acuerdo que ahora reivindica y continuó la movilización durante nueve días más, pero ya sin fuerza.

Tras reaccionar muy tarde, el Gobierno consiguió desactivar la protesta con unas cesiones que las cinco patronales sentadas a la mesa no podían rechazar: una subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible —que se acabaría extiendo al conjunto de los vehículos—, 450 millones de euros en ayudas directas para el sector, flexibilización de las condiciones de los créditos ICO, el doble de presupuesto para las ayudas al abandono de la profesión, devolución mensual de la bonificación del gasóleo profesional —desde diciembre era trimestral y antes, anual— y garantía legal de no trabajar a pérdidas. Tres meses antes, el Ejecutivo ya había logrado abortar un primer paro al aceptar otra reivindicación histórica: la prohibición de que los transportistas se ocupasen de la carga y descarga de los vehículos.

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Todas estas medidas, sin excepción, ya están en marcha. Al menos sobre el papel. Este mismo lunes, el Ministerio de Transportes anunció que repartirá 20 millones en ayudas de 30.000 euros para los autónomos que cesen su actividad a lo largo del año. La ayuda para el combustible continúa, y se da por hecho que, aunque no se prolongue para el conjunto de la población, sí se mantendrá en el sector profesional. Además, la conocida como ley de la cadena del transporte impide desde el 1 de agosto contratar a un transportista por una cantidad inferior a sus costes, y un real decreto ley regula la carga y descarga desde el 2 de septiembre, tras la moratoria inicial de seis meses.

Pese a todo esto, la plataforma considera que los transportistas autónomos sufren una situación peor que en marzo. Carlos Domínguez, su delegado en Cataluña, resume la justificación del paro: "Nos sentimos engañados, el Gobierno nos dio unas esperanzas que no está cumpliendo". Los argumentos de Hernández son más débiles ahora que hace siete meses, y, ante el escaso margen de maniobra para conseguir nuevas cesiones, los camioneros se agarran al incumplimiento de lo acordado entonces.

El Gobierno pidió a la Guardia Civil no hacer controles para asegurar que se cumple la ley

El casus belli llegó el 5 de octubre, cuando la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre, Alicia Rubio, envió una circular a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la que pedía que los agentes no hiciesen controles para comprobar la correcta aplicación de las normas aprobadas el pasado verano. La supervisión quedaría en manos de las inspecciones de transportes de las comunidades autónomas. Incluso recriminaba a la Benemérita el trabajo que había realizado hasta ese momento. "Se han recibido distintos boletines de denuncias en los que se propone sancionar por carencia de carta de porte, falta de consignación en ellas del precio del transporte, así como no reflejar las horas de recepción y entrega de la mercancía que, por los motivos anteriormente expuestos, señalar que no proceden dichos boletines de denuncia", reza el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Desde ese instante, asegura Domínguez, la ley no se está cumpliendo, ya que el número de inspectores es muy escaso y los autónomos no se atreven a denunciar por miedo a perder a sus clientes. Los mismos porteadores que algunas empresas habían contratado a la vuelta del verano para realizar la carga y descarga ahora han sido despedidos ante la sensación de impunidad, denuncia el transportista al otro lado del manos libres. La plataforma exige que se endurezca el régimen sancionador, como ocurre en Francia.

Este mismo lunes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reconoció que hay margen de mejora en la supervisión y se excusó en que la nueva legislación solo lleva en funcionamiento desde el verano. El Gobierno presentará en las próximas semanas un plan de refuerzo de la inspección, pero ha hecho caso omiso a las peticiones de Hernández, que solicitó hace una semana una reunión con Sánchez que hasta ahora no se ha producido (este martes, la ministra se ha mostrado dispuesta a dialogar con los transportistas autónomos).

Este es uno de los factores que más peso han tenido en la convocatoria del paro. La plataforma se vuelve a sentir ninguneada por el Ejecutivo, igual que ocurrió durante la protesta de marzo. El hecho de no pertenecer al Comité Nacional del Transporte en Carretera los excluyó de las negociaciones entonces, y la ministra solo los recibió cuando las agrupaciones que sí forman parte de ese foro (en orden de representatividad: CETM, que está ligada a la patronal CEOE; Fenadismer; Fetransa; Astic, y Feintra) alcanzaron el acuerdo con Transportes que dejó solo a Hernández en defensa de la movilización.

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Desde entonces, el presidente de la plataforma se ha reunido en varias ocasiones con representantes del ministerio, y entre los transportistas autónomos se consideró que el Ejecutivo por fin los había reconocido como interlocutores válidos. Tanto que en julio decidieron darle una oportunidad al diálogo y descartaron retomar los paros. Nada más lejos de la realidad. La polémica circular que irrita a los camioneros llegó tras un encuentro con el propio CNTC, que este lunes ha criticado la protesta: "Un paro indefinido no es la solución. El diálogo con el ministerio será el que permita la consecución de los objetivos".

De Telegram a la jerarquía

Una vez más, la plataforma está sola. Su rivalidad con el resto de actores, a los que acusa de estar comprados con subvenciones, es total. Esto dificulta el éxito de la movilización, pero no lo impide. En marzo, el siempre combativo Hernández logró resucitar a una asociación que llevaba 14 años latente hasta provocar importantes problemas de desabastecimiento con su jaque al Gobierno. Al noveno día, la presión era tal que a Fenadismer, Fetransa y Feintra no les quedó más remedio que unirse. La organización espontánea de cientos de transportistas que hasta ese momento se habían sentido huérfanos de representación logró una capacidad de movilización inesperada y cogió con el pie cambiado al Ejecutivo, cuyo único argumento durante los primeros días fue calificar de "extrema derecha" a los manifestantes.

"Nos dicen que necesitan tiempo, pero no hay. El Gobierno tiene una semana para recapacitar"

Entonces jugaron con el factor sorpresa, pero la plataforma ha cambiado. El caos inicial ha dado paso a una organización bien estructurada, tras una ronda de Hernández por los diferentes territorios. El presidente ha elegido a dedo a sus delegados autonómicos y provinciales, como Domínguez, que está al frente de un equipo de 18 personas para controlar toda Cataluña. Alrededor de ellos, decenas de militantes —algunos pagan la cuota; otros, no— que se organizan a través de grupos de WhatsApp oficiales. Los de Telegram han quedado para la propaganda, pero ya no se utilizan para convocar las actividades de la asociación, y algunos usuarios incluso alertan de la presencia de infiltrados. La horizontalidad que marcó las protestas de marzo ha dado lugar a una estructura mejor engrasada, que se pondrá a prueba en la madrugada del domingo al lunes.

De momento, se nota menos actividad que entonces y los mismos apoyos políticos de siempre (Vox), pese a los esfuerzos de los camioneros autónomos por permanecer al margen de la refriega partidista. Los de la ciudadanía, reconoce Domínguez, serán más difíciles de conseguir esta vez —sobre todo después de los perjuicios causados por el paro anterior—, aunque espera recabar apoyos entre otros huelguistas, como los médicos. El Ejecutivo no se ha movido, y empieza la cuenta atrás. El delegado de la plataforma en Cataluña sentencia: "Nos dicen que necesitan tiempo, pero tiempo no hay. El Gobierno tiene una semana para recapacitar". Para el Black Friday quedan 17 días.