El Gobierno rompe el mercado del gas en pleno aluvión de clientes a la tarifa subvencionada

Las consultas de consumidores de gas a sus comercializadoras para solicitar el cambio a la tarifa regulada, conocida como TUR, se han disparado en los últimos días, según detallan fuentes empresariales consultadas por El Confidencial.

Ante el aumento exponencial del precio del gas natural en los mercados internacionales, el Gobierno ha decidido pagar con dinero público el 50% del recibo de los usuarios acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), tal y como anunció este sábado a Bruselas. Según el plan presupuestario 2023, el Estado "asumirá el déficit de las tarifas de último recurso de gas". Se trata de una medida, según el Gobierno, "relativa al gasto de 2022" a la que "se otorgará cobertura con el margen obtenido por el lado de los ingresos". También prevé pagar la mitad del recibo de los usuarios de comunidades de vecinos con caldera central, según avanzó este medio. Dicha medida se costeará dentro de una partida presupuestaria más amplia de 3.000 millones de euros, según anunció el Gobierno la pasada semana.

De esta manera, el Gobierno socialista subvencionará con dinero recaudado de los contribuyentes el recibo de más de tres millones de usuarios sin tener en cuenta ningún tipo de criterio de renta. Es decir, que cualquier familia que lo desee, por altos que sean sus ingresos, podrá acogerse a la tarifa regulada que se costea en parte con impuestos. "La desbandada va a ser tremenda", señala a El Confidencial otro alto ejecutivo de una comercializadora que ya está sufriendo la sangría de clientes. Cuantos más clientes se acojan a la tarifa regulada —y ahora también subvencionada—, más dinero público será necesario para este fin.

Este esquema de ayudas al gas ha espoleado a muchos de los 6,5 millones de usuarios que aún tienen contratos en mercado libre y que pagan el 100% del gas en sus facturas. Ante subidas de cuatro y cinco veces de los precios en las revisiones anuales de sus contratos, son muchos los que pretenden acogerse a la tarifa regulada, máxime después de que el Gobierno haya decidido pagar con dinero público una buena parte.

Diversos organismos internacionales están desaconsejando dar ayudas de forma indiscriminada y piden centrar los esfuerzos en los consumidores vulnerables. El Gobierno no solo está subvencionando a cualquier persona que lo pida el recibo de gas, sin tener en cuenta su renta, sino que también lo hace con la bonificación a los carburantes. El Ejecutivo está ahora debatiendo si extender las medidas energéticas para 2023, año de elecciones autonómicas, municipales y generales. Se espera que la crisis energética se mantenga e incluso se intensifique el próximo año.

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Las asociaciones de consumidores y expertos del mercado vienen desde hace meses recomendando a los usuarios acogerse a la tarifa regulada por ser mucho más barata que cualquiera de las de mercado libre.

En el sector, sin embargo, varios ejecutivos de comercializadoras prevén la destrucción del mercado libre, algo que siempre ha tratado de evitar Bruselas. Según explican, habrá muchas empresas de venta de gas que pueden pasarlo muy mal o directamente acabar en la quiebra. "Habrá compañías que ya hayan comprado mucho gas para suministrar este invierno a sus clientes que ahora van a tener un grave problema", señala, "ya que esos clientes abandonarán la compañía para acogerse a la tarifa subvencionada".

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En España, por ley, solo cuatro empresas dan esta tarifa regulada: Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies. La diferencia de precios entre la TUR subvencionada y el mercado libre es sideral. Según el comparador de la CNMC, un usuario medio con un consumo de 6.000 kWh al año, con la TUR, paga unos 517 euros por año, mientras que cualquiera del resto de ofertas de las compañías en mercado libre está por encima de los 1.000 euros al año.

La cuestión es comprensible, dado que la tarifa regulada no recoge el coste total de la materia prima que hay que comprar en los mercados internacionales. Es decir, que solo se paga una parte. Hasta ahora, el Gobierno decidió cargar ese déficit a las comercializadoras, que estaban asumiendo este año más de 200 millones de euros. Esta diferencia, sin embargo, debía ser devuelta.

Ante la escalada de precios del gas, sobre todo después de que Rusia haya cerrado el flujo a Europa, se preveía que el déficit para los tres millones de usuarios con tarifas reguladas se disparaseee este invierno hasta los 1.200 millones de euros, según calcula el sector con base en la fórmula de la TUR y los precios de los futuros. Es decir, que cada usuario de la tarifa TUR acumularía una deuda de 400 euros de media por hogar. La regulación actual decía que esta cantidad debía ser devuelta posteriormente dentro de la misma tarifa TUR.

Con la TUR se pagan unos 517 € por año, mientras que cualquier oferta de mercado libre está por encima de los 1.000 € al año, según la CNMC

Sin embargo, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos rectificó y señaló este mismo sábado que "esta solución solo es viable y sostenible si la duración de la medida fuera limitada en el tiempo, ya que el déficit acumulado se va a multiplicar en los próximos trimestres alcanzando unos importes que las compañías no pueden asumir en sus balances". Es decir, que ante este escenario y la recaudación récord de impuestos que está logrando, ha decidido pagar esta factura que asumían las eléctricas sin explicar por qué las compañías no pueden asumir la deuda en sus balances como venían haciendo.

"Desde octubre de 2021, el incremento trimestral de las tarifas de último recurso de gas (TUR 1, 2 y 3) está limitado a una variación máxima del 15% en el coste de la materia prima (lo que equivale aproximadamente a un 5% en precio final)", señala el Gobierno a la Comisión Europea. De ahí que esta tarifa se haya encarecido mucho menos que cualquiera de las de mercado libre.

La sangría en el mercado ya se está dejando notar. Las comercializadoras independientes han lanzado ya varios SOS, también a Bruselas. A la vista de los acontecimientos, Holaluz, una de las comercializadoras independientes más reconocibles, ha dejado ya de comercializar gas y ha pasado a sus 70.000 clientes a la comercializadora de referencia para que les suministre la TUR. Según la CEO de la compañía, Carlota Pi, el mercado del gas ha colapsado. "Esta tarifa es mucho más barata que la del mercado libre, de forma que mientras que una familia de cuatro miembros que viva en un piso de 80 metros cuadrados pagará este invierno una factura de calefacción de entre 400 y 600 euros al mes, quienes estén en el mercado regulado abonarán de 100 a 150 euros".

La factura de calefacción en mercado libre será entre 400 y 600 euros al mes, mientras que en el mercado regulado se abonarán de 100 a 150 euros

La cuestión no le ha salido gratis a Holaluz, que se ha visto impactada en sus cuentas por esta decisión. Además, cree que en este contexto no será la última compañía que se vea abocada a abandonar la comercialización de gas. Esto no solo afecta a las pequeñas, una fuente del sector señala que Iberdrola, que desde hace tiempo ha mostrado su desinterés por el mercado gasista, está ofreciendo precios muy elevados a sus clientes para reducir al máximo su cartera. En el comparador de la CNMC, no aparece ninguna oferta de Iberdrola entre las 14 más baratas.

El único consuelo que muestran las comercializadoras es que la mayoría de usuarios son absolutamente desconocedores de que tienen la posibilidad de pagar mucho menos, porque no entienden sus facturas, tal y como recuerda recurrentemente la CNMC. Sin embargo, ante la crisis de precios, cada vez más los usuarios se están preocupando de cómo ahorrar, de ahí la avalancha de consultas a las puertas del invierno.