El pacto de Gobierno y funcionarios les quita 13 puntos de poder de compra desde 2008

El pacto del Gobierno con los sindicatos no evitará que los funcionarios sigan perdiendo poder adquisitivo, como llevan haciendo a lo largo de las últimas tres décadas. El acuerdo alcanzado este lunes en la Mesa de la Función Pública contempla un aumento de hasta el 9,8% en las retribuciones de los empleados de la Administración de aquí a 2024. Las centrales de clase, UGT y CCOO, se han sumado al pacto salarial, pero CSIF, mayoritario en el sector, se ha quedado fuera. Su argumento: las alzas son insuficientes para compensar la subida de precios causada por la espiral inflacionista. No le falta razón, tanto si se otea el futuro como si se traza el cuadro general de los últimos años.

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Cuando miren sus nóminas de 2024, los servidores del Estado habrán perdido 13 puntos de poder de compra desde la Gran Recesión de 2008. Ese es el resultado de la diferencia entre el incremento de la inflación y el de los salarios durante tres lustros nefastos para la función pública. En este periodo, los precios habrán acumulado un alza del 29,5%, mientras que las retribuciones solo se habrán incrementado un 16,5%. El cálculo realizado por El Confidencial tiene en cuenta la inflación media anual y los cambios en los sueldos reflejados en los presupuestos generales del Estado hasta 2021. A partir de ahí, se hace una estimación del IPC conforme a las últimas proyecciones del Banco de España, del pasado junio, y se refleja el escenario de mayores alzas salariales que contempla el acuerdo del Ejecutivo con Comisiones y UGT.

Los sindicatos han aceptado la última propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, lanzada el jueves pasado, pese a que ahondará en la erosión del poder adquisitivo que se arrastraba hasta ahora. Supone, sin embargo, un extraordinario avance respecto a la revalorización del 2% que contemplaban los presupuestos de este año, presentados cuando el IPC rondaba el 5% y la espiral inflacionista era considerada, como mínimo, transitoria. Finalmente, la subida de 2022 será del 3,5%, y la diferencia se abonará en una paga adicional antes del 31 de diciembre. Claro que la inflación en septiembre ascendió al 9% y el Banco de España calcula que la media anual se situará en el 7,2%.

Para los próximos años, los trabajadores públicos irán recuperando poco a poco parte de la capacidad de compra perdida este año, pero no será suficiente. En 2023 tendrán un alza fija del 2,5%, que con todo seguridad llegará al 3,5% tras añadirse dos incrementos variables ligados a la evolución de los precios. De la misma manera, para 2024 se aseguran un aumento del 2%, pero lo más probable es que sea de medio punto más. En el escenario más inflacionista, la revalorización se situará en el 9,5% durante el conjunto del trienio, pero, al irse consolidando las subidas año a año, el incremento final llegará al 9,8%.

Los funcionarios perderán más de dos puntos de poder de compra por el pacto firmado por los sindicatos de clase con el Ejecutivo

El problema es que los precios subirán más. De hecho, en 2024 se habrán incrementado un 12% respecto a 2021, siempre según las previsiones del Banco de España —que incluso son más modestas que las últimas de los principales organismos nacionales e internacionales—. En otras palabras: los funcionarios perderán más de dos puntos de poder de compra por el pacto firmado por los sindicatos de clase con el Ejecutivo, y que CSIF ha criticado duramente. "El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a sus servidores públicos", argumenta la fuerza mayoritaria de la función pública en un comunicado que avanza nuevas movilizaciones.

La actitud de los sindicatos de clase en este caso choca con la que mantienen en la negociación para el sector privado. Mientras la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde el 31 de diciembre de 2020, sigue bloqueada ante la negativa de la patronal a la exigencia sindical de establecer cláusulas de garantía salarial para actualizar los sueldos conforme a la inflación, las mismas centrales han aceptado para el sector público un pacto que no blinda el poder adquisitivo. UGT ofrecía este lunes una lectura pragmática: "El acuerdo amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los casi tres millones de empleados públicos de nuestro país". En contraste, la mayoría de los trabajadores del sector privado aún no ha visto actualizados sus sueldos a la espera del nuevo AENC, que sirve de referencia para los convenios.

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La actitud de los sindicatos tiene una segunda lectura. En una rueda de prensa para presentar las movilizaciones de este 'otoño caliente' contra los empresarios, los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, recordaron que en el sector público las reivindicaciones van más allá de los salarios. De hecho, el pacto de mínimos alcanzado este lunes también recoge otros avances, como el impulso del teletrabajo o la eliminación de las trabas para la jornada de 35 horas.

Con Felipe empezó todo

Las centrales han tirado de realismo para no cometer el mismo error de 1992, cuando rechazaron un aumento de los salarios del 3,8% para no perder poder adquisitivo frente a una inflación del 4,5%. Como protesta, convocaron una huelga a la que el Gobierno socialista de Felipe González respondió con la primera congelación de sueldos de los funcionarios hasta la fecha. A Felipe no le temblaba el pulso, y a José María Aznar menos: el presidente popular también congeló los sueldos públicos durante su primer mandato.

UGT: "Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial"

Los noventa iniciaron una progresiva tendencia hacia la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores de la Administración, que llegó a su cenit en mayo de 2010, cuando un José Luis Rodríguez Zapatero cariacontecido anunció la primera —y, hasta ahora, única— bajada de la retribución a los servidores públicos para luchar contra un déficit desbocado. El conservador Mariano Rajoy les quitó la paga extra de 2012, que se devolvería más tarde, e inició en 2016 la senda de alzas tras cinco años consecutivos de congelación. Desde 2018, el socialista Pedro Sánchez ha continuado ese camino.

Ahí está la mejor noticia para los que quieren ver el vaso medio lleno. Ya lo dice el comunicado de UGT: "Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos". Con una recaudación disparada y las reglas fiscales todavía suspendidas, Sánchez se ha podido permitir más benevolencia que los presidentes anteriores, pero la corriente de fondo sigue siendo la misma: a cada crisis que pasa, los servidores públicos cobran —en términos reales— un poco menos.