El abogado general de la UE pide recalcular las devoluciones de ayudas millonarias a astilleros

El abogado general de la Unión Europea, Pritt Pikamäe, quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ponga fin definitivamente a uno de los mayores y más largos culebrones judiciales que arrastra España en los tribunales europeos: el referente al régimen fiscal español que establecía beneficios tributarios a los astilleros por contratos de arrendamiento financiero, que permitía que las empresas navieras adquirieran buques de astilleros españoles con un descuento de entre un 20% y un 30% de su precio.

El caso lleva en los tribunales de Luxemburgo desde el año 2013 y el abogado general quiere evitar que el proceso se siga alargando. Pikamäe considera que el régimen, que estuvo vigente entre 2002 y 2011, era efectivamente ilegal, como concluyó la Comisión Europea, pero pide recalcular el montante que debe ser devuelto. La opinión del abogado general no es vinculante, pero el tribunal suele seguir su consejo.

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La cuestión se remonta a 2006, cuando la Comisión Europea recibió denuncias sobre el “sistema español de arrendamiento fiscal” (SEAF). Siete años después, en julio de 2013, el departamento de Competencia del Ejecutivo comunitario concluyó que era una ayuda ilegal al ser selectiva y que, por lo tanto, las autoridades nacionales debían recuperar las ayudas. Comenzó entonces un largo periplo judicial. En septiembre la cuestión ya estaba registrada en Luxemburgo, ante el Tribunal General (TUE), que en 2015 anuló la decisión de la Comisión al considerar que la “facultad discrecional atribuida a la Administración tributaria no bastaba para conferir carácter selectivo” a las ayudas derivadas del sistema español.

La Comisión recurrió esta decisión del TUE ante el más alto tribunal de la Unión, el TJUE, que en 2018 le dio la vuelta a la cuestión y anuló la sentencia del TUE, y devolvió el asunto a la cámara al considerar que sus errores de interpretación no permitían cerrar el litigio. Y vuelta a empezar. En septiembre de 2020, el Tribunal General decidió desestimar los recursos de los demandantes, es decir, España, Lico Leasing y una asociación de pequeños astilleros, dándole la razón a la Comisión Europea. Los demandantes decidieron entonces recurrir, una vez más, al TJUE. Y en ese punto llega la opinión de Pikamäe: es hora de frenar la tómbola judicial.

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Por eso el abogado general considera, por un lado, que la Comisión Europea lleva razón: las ayudas son selectivas. Las ventajas fiscales estaban supeditadas a recibir la autorización para practicar la amortización anticipada, algo que dependía de la administración tributaria que tenía una “amplia facultad discrecional” que se enmarcaba “en criterios vagos y carentes de todo carácter objetivo”.

Sin embargo, y al mismo tiempo, Pikamäe considera que el método de cálculo de la ayuda ilegal es equivocada y debe ser parcialmente anulada, porque con el actual cálculo “llevaría a exigir a los inversores la devolución de una cantidad superior a la que realmente recibieron como consecuencia de la concesión de la ayuda, ya que parte de esa cantidad fue transferida sistemáticamente por dichos inversores a las empresas navieras”, señala el abogado general. Pikamäe alerta de que el objetivo de la devolución debe ser “restablecer la situación anterior a la concesión de la ayuda”, porque “la recuperación de un importe más elevado debilitaría la posición competitiva previa del beneficiario de la ayuda y, por lo tanto, tendría carácter de sanción”. El abogado general subraya que “cuando una empresa ha trasladado parte del beneficio resultante de una medida estatal a otra entidad, es necesario cuantificar con exactitud la ayuda que debe recuperarse de dicha empresa, de modo que esta pierda únicamente el beneficio de que disfrutó frente a sus competidores”.

Por eso Pikamäe pide que se recalcule el montante que debe devolverse. Nunca llegó a estar claro de cuánto dinero se estaba hablando. El Gobierno calculó en 2013 que las ayudas equivalían a unos 2.000 millones de euros, aunque poco después esa cifra cayó hasta los 126 millones.