La subida de los costes de la deuda amenaza con agrietar las finanzas autonómicas

Un agujero de más de 10.000 millones de euros. Este es el cálculo que Ángel de la Fuente, director de Fedea, ha hecho sobre la situación financiera de las comunidades autónomas españolas.

La imagen contrasta con la que reflejan los datos oficiales. Al cierre de 2021, las cuentas públicas mostraban que las administraciones autonómicas españolas habían cerrado con un saldo negativo de apenas 334 millones de euros, un escaso 0,03%, que permitía hablar de que al fin se había alcanzado el equilibrio presupuestario.

Sin embargo, como advierte en su informe De la Fuente, estos datos están distorsionados por el apoyo extraordinario que el Gobierno central ha venido prestando a las regiones a raíz de la crisis del coronavirus y que ha supuesto, en cierto sentido, la continuación de una política ya iniciada durante la crisis del euro, para proteger a las regiones que pudieran enfrentarse a dificultades para financiarse en los mercados.

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Mediante una serie de transferencias extraordinarias, el Estado habría cubierto los déficits generados por la crisis económica en las cuentas autonómicas, permitiéndoles, además, seguir mejorando su balance. Un objetivo deseable, pero que, por la forma en que se ha conseguido, encierra algunos riesgos. "El precio es, por supuesto, un mayor déficit del Estado y el gradual debilitamiento de la responsabilidad fiscal de unas comunidades autónomas que están siendo sobreprotegidas, tanto en esta crisis como en la anterior", observa en su informe De la Fuente.

Lo cierto es que las finanzas autonómicas, fuente de profundas tensiones durante los momentos más severos de la pasada crisis del euro, han quedado en los últimos años desterradas del listado de inquietudes de los inversores sobre la economía española, gracias a los distintos programas de apoyo que han implementado los gobiernos centrales a lo largo de la última década. Las facilidades de financiación generadas por las políticas de estímulo del BCE han permitido al Estado aprovisionarse de fondos suficientes y asequibles para respaldar a las autonomías que lo necesitaran y, al mismo tiempo, han dado pie a las mejor posicionadas para, progresivamente, ir regresando al mercado en busca de los fondos necesarios para cubrir sus gastos.

Pero el súbito encarecimiento que están registrando los costes de financiación ante la perspectiva de una próxima subida de los tipos de interés en la eurozona representa un cambio de juego que amenaza con volver a poner en el foco la situación fiscal de las distintas autonomías españolas. En paralelo al incremento de los costes de la deuda estatal, los bonos de las comunidades autónomas que han emitido en los mercados en los últimos años han experimentado subidas de rentabilidades igual de bruscas.

Los bonos de las CCAA que han emitido en mercado se han encarecido en 2022

Así, por ejemplo, los 1.000 millones de euros en bonos sostenibles a 10 años que la Comunidad de Madrid colocó en marzo de 2021, en las "mejores condiciones de nuestra historia", según anunció entonces la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, han pasado de rentar un 0,59% al cierre del año pasado a alcanzar el 2,76% actualmente. Una evolución que prácticamente calca la del bono español a 10 años, que ha pasado en este periodo de marcar un 0,56% al 2,74% actual. Y pocas diferencias pueden apreciarse en el desempeño de los títulos comparables de Andalucía, Canarias, Galicia o País Vasco, entre otros.

La similitud en la evolución de los bonos de unas y otras regiones evidencia que el mercado no está discriminando entre aquellas que ve mejor preparadas para afrontar el encarecimiento de su deuda y las que no. A diferencia de lo que sucede a escala de los distintos países de la eurozona, donde el riesgo de fragmentación ya ha obligado al BCE a prometer una nueva herramienta para contener las primas de riesgo periféricas (incluida la española), el mercado parece confiar aún en que el Estado seguirá dando abrigo a las autonomías para evitar crisis particulares.

"Es pronto para determinar el impacto del incremento del precio de la deuda sobre las cuentas autonómicas en 2022, pero, en cualquier caso, los mecanismos estatales seguirán cubriendo los vencimientos de deuda y necesidades de financiación de déficit, incluyendo los gastos financieros (derivado también del incremento de gastos financieros) y seguimos previendo que las finanzas regionales mejorarán en 2022 como resultado de un mayor incremento de los ingresos (relativo a las entregas a cuenta, e ingresos extraordinarios)", explica Julia Carner, directora asociada de Instituciones Públicas de la agencia de calificación Fitch.

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Pero es obvio que esta coraza que el Estado sigue prestando a las comunidades autónomas no sale gratis. "En la prima de riesgo española ya se incluye de forma implícita una prima por ese respaldo que el mercado asume que seguirá otorgando a las autonomías y por la incertidumbre sobre las cuentas de estas", considera Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research.

Cardoso, como otros muchos economistas, defienden que sería preferible que los distintos entes autonómicos se fueran independizando de los mecanismos de apoyo estatales y se responsabilizaran de sus propias políticas de financiación, lo que implicaría un mayor incentivo para ajustarse a sus capacidades presupuestarias. Sin embargo, las tensiones que se registran actualmente en los mercados hacen inviable que esta situación se dé a corto plazo.

Además, esta cuestión entronca con uno de los grandes problemas políticos que España viene arrastrando desde hace años sin que se atisbe solución a corto plazo: la reforma de la financiación autonómica. Algunas de las comunidades que presentan a día de hoy unos niveles de endeudamiento más elevados, como es el caso de Cataluña o la Comunidad Valenciana, se cuentan, precisamente, entre las que más abogan por un cambio en un sistema que consideran que les penaliza. "Hay regiones que están esperando la negociación del sistema de financiación autonómico para valorar cuál es su situación real", comenta el experto de BBVA Research, quien considera que este es uno de los puntos más relevantes que tiene que resolver el país para apuntalar la confianza de los agentes del mercado.

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Sin embargo, el coste político que puede llegar a tener cualquier iniciativa en este sentido la convierte en muy controvertida para cualquier Gobierno. Máxime a medida que se acerca un nuevo ciclo electoral ante el que los distintos partidos políticos probablemente preferirán evitar pasos en falso, que pueden tener un alto coste en aquellas regiones que se puedan sentir penalizadas por cualquier reforma.

Así las cosas, cabe esperar que el Estado siga esforzándose por taponar cualquier riesgo de nuevas tensiones en torno a las finanzas autonómicas. En los últimos años, este intento ha resultado exitoso. Pero ahora, en un contexto de costes de la deuda al alza, el riesgo de que la situación financiera de las comunidades autónomas vuelva a convertirse en un foco de inquietud para los inversores va ganando terreno.