La OCDE recorta 1,4 puntos su previsión de PIB de España con la inflación disparada al 8%

A medida que pasan las semanas, las previsiones económicas y de inflación se van oscureciendo como consecuencia de la guerra en Ucrania. Esta semana viene la 'traca fuerte' con la publicación de las nuevas estimaciones de la OCDE, el Banco Central Europeo el jueves y el Banco de España el viernes. La OCDE ha abierto el camino con una gran rebaja de sus previsiones globales, con el peor golpe concentrado en Europa, donde se libra la contienda militar. En el caso de España, ha dado un tijeretazo de nada menos que 1,4 puntos a su anterior previsión de crecimiento, la de diciembre, porque en marzo no actualizó las estimaciones ante la incertidumbre del impacto de la guerra.

De esta forma, deja la previsión de crecimiento de España para este año en el 4,1%, dos décimas por debajo de la previsión oficial del Gobierno. Y, lo que es más preocupante, también recorta la estimación para 2023, lo que significa que la OCDE estima que el efecto negativo de la guerra perdure durante varios trimestres. En concreto, estima que España crecerá un 2,2% en el próximo año frente al 3,8% que anticipaba hace medio año y al 3,5% del Gobierno. Si se cumplen sus previsiones, significará que España no recuperará el PIB anual previo a la pandemia hasta 2024, un año más tarde de lo previsto hasta ahora por todos los organismos nacionales e internacionales.

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Se trata, por tanto, de un panorama económico mucho más complicado en el que los riesgos están claramente sesgados a la baja. Esto es, si hay sorpresas en los próximos meses, lo más probable es que sean negativas. La duración de la guerra será clave para el escenario económico de Europa, explica la OCDE, pero también lo serán medidas como el embargo al petróleo que está ultimando la Unión Europea. Estas sanciones probablemente duren más allá del final de la guerra, lo que tendrá efectos sobre la recuperación a medio plazo.

En cualquier caso, la economía española mantendrá un ritmo de crecimiento superior al del resto de países del euro, mucho más afectados por sus relaciones comerciales con Rusia. De hecho, la OCDE ha recortado a casi la mitad la previsión de crecimiento de la eurozona en 2022, pasando del 4,3% al 2,6%. Estados Unidos, por el contrario, consigue evitar el impacto económico de la guerra por dos motivos: su escasa relación comercial con Rusia y su importante industria de extracción de petróleo y gas, que permite que las subidas de los precios no deterioren su balanza energética. En consecuencia, la OCDE ha recortado su previsión para el país en 1,2 puntos porcentuales, hasta el 2,5%.

El principal canal de contagio de la guerra sobre las economías europeas está siendo la inflación. La OCDE ya advierte claramente que los precios seguirán subiendo de forma intensa durante todo este año y también durante 2023. Para 2022, estima que el IPC medio será del 8,1%, esto es, más del doble de su previsión de diciembre (3,2%). El 8,1% es la inflación media registrada en España desde enero hasta mayo, lo que significa que la OCDE ya está anticipando que no habrá moderación de la inflación en la segunda mitad del año. De cara a 2023, estima que los precios subirán un 4,8% adicional. Esto supone una leve moderación de la escalada del IPC, pero igualmente se mantendrá en niveles muy elevados, generando riesgos de entrada en una espiral inflacionista persistente.

La OCDE hace un llamamiento a los agentes sociales para evitar que la inflación se traslade a los salarios y a los precios de otros productos: "Existe el riesgo de que una mayor inflación se consolide si se producen más perturbaciones en el mercado de la energía o una mayor transmisión a los precios y salarios finales". La evolución de la inflación subyacente es clave, esto es, el IPC descontada la energía y los alimentos frescos, ya que es el indicador que muestra cómo se está trasladando el incremento de los costes de la energía al resto de la cesta de la compra. La OCDE prevé que el IPC subyacente se sitúe en el 4,5% de media este año, casi un punto por encima de la media registrada entre enero y mayo, lo que significa que espera una aceleración de este indicador. De cara a 2023, prevé que se mantenga el mismo ritmo inflacionista, lo que significa que la moderación de los precios energéticos no conseguiría frenar al resto de bienes y servicios.

Uno de los efectos más preocupantes generados por el alza de los precios es la moderación del consumo de los hogares. La OCDE espera que el gasto real de las familias (descontada la inflación) sea el mismo que en 2021. Esto es, todo el desembolso adicional que van a hacer este año se va a destinar a cubrir la inflación, pero no a adquirir más bienes y servicios. Esto es muy relevante, ya que el principal motor del PIB estaría gripado este año. Tampoco espera el organismo que haya crecimiento en la inversión en vivienda, también como consecuencia del pesimismo creciente entre los hogares.

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Los motores del crecimiento serán la inversión pública (a través de los fondos Next Generation) y la recuperación del turismo. La vuelta de los viajeros internacionales permitirá que las exportaciones de bienes y servicios se disparen casi un 14% este año, según las estimaciones de la OCDE, mientras que las importaciones crecerán la mitad, un 7,5%. De esta forma, la demanda externa aportará más de la mitad del crecimiento económico de este año: 2,3 puntos del 4,1% de avance del PIB previsto. Por su parte, la inversión (FBCF) crecerá un 7,4% este año y un 4,7% el próximo, consolidándose como el otro pilar de la recuperación en este momento de gran incertidumbre.

En esta coyuntura tan complicada, la OCDE recomienda a España mantener una política fiscal expansiva, pero pide que no se realice un aumento de gasto generalizado, sino que se diseñen ayudas "bien enfocadas y temporales para proteger a los hogares y las empresas vulnerables de la alta inflación". Este mayor margen para las ayudas debe combinarse con "un ajuste fiscal gradual" que permita a España reducir el elevado déficit público posterior a la pandemia. El organismo prevé que el saldo negativo de las administraciones públicas se sitúe en el 5% del PIB en 2022 (casi dos puntos menos que en 2021) y seguiría bajando al 4,2% en 2023, en línea con las previsiones del Gobierno.