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Bruselas insiste en que Escrivá planea ampliar el periodo de cálculo de las pensiones
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El ministerio lo niega

Bruselas insiste en que Escrivá planea ampliar el periodo de cálculo de las pensiones

La reforma pendiente del sistema de pensiones sigue generando problemas de comunicación entre el Gobierno, la Comisión Europea y los ciudadanos por la materia tan delicada a tratar

Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
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La segunda parte de la reforma de las pensiones promete alta tensión en la política española durante los próximos meses. El Gobierno prometió a la Comisión Europea que en esta segunda fase se garantizaría la sostenibilidad financiera del sistema, pero para conseguirlo tiene que pedir esfuerzos a los trabajadores, una vez que ha quedado blindado el estatus de los pensionistas. El Gobierno ya ha subido las cotizaciones sociales y el siguiente paso será buscar fórmulas para moderar el gasto por las futuras pensiones. Una de las medidas que estudió en su momento el Ministerio de la Seguridad Social es elevar el periodo de años que se utilizan para el cálculo de la pensión, para subirlo desde los 25 años actuales hasta los 35 años. Esto es, utilizar años con salarios más bajos de los trabajadores para así reducir las pensiones iniciales de los futuros jubilados.

Esta medida generó una gran polémica dentro y fuera del Gobierno y finalmente fue descartada. Sin embargo, la Comisión Europea asegura que el Gobierno incluirá la ampliación del periodo de cómputo en su futura reforma. Así lo asegura en el 'Country Report' de España, que publica anualmente en el contexto del Semestre europeo. La Comisión explica que, después de la reforma inicial que vincula las pensiones al IPC, el Gobierno está preparando "otras medidas" destinadas a "apoyar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones". Entre ellas, se incluye la "extensión del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones".

Foto: El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

El informe de la Comisión no da más detalles al respecto de esta medida. Esto es, no hay referencias al número de años en que se aumentaría el cálculo de las pensiones. Pero sí concreta que habrá una extensión del periodo de cómputo. Desde el Ministerio de la Seguridad Social, se insiste en que no hay ninguna novedad respecto a la futura reforma del sistema y que cualquier medida tiene que pasar por el diálogo social con sindicatos y patronales.

De hecho, desde que saltara la polémica en el año 2020, el Gobierno se ha preocupado mucho de no concretar en qué consiste esta medida. El último documento oficial que envió el Gobierno a la Comisión Europea, el Programa de Estabilidad, insiste en dejar abiertas todas las posibilidades. En concreto, se refiere a la "adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión". La ampliación de este cálculo es una de las opciones que están sobre la mesa, pero también cómo cubrir las lagunas de cotización para quienes hayan sufrido alguna interrupción en su carrera profesional, o permitir que los trabajadores elijan sus mejores años de cotización. Desde entonces, no se ha producido ninguna novedad y todo queda pendiente del diálogo social, asegura el ministerio.

Foto: Anciano saca dinero de un cajero. (EFE) Opinión
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Sin embargo, la Comisión Europea ha vuelto a incluir esta "extensión" del periodo de cómputo en su documento sobre las reformas que están en proceso en España, pese a que públicamente el Gobierno insiste en que no hay novedades. Son, por tanto, comunicaciones contradictorias que generan mayor incertidumbre sobre el futuro del sistema para los trabajadores actuales.

La Comisión Europea también asegura que el Gobierno busca medidas para "aumentar la relación entre contribuciones y derechos [de pensión]". Este es también uno de los grandes retos que tiene la futura reforma del sistema. El motivo es que España es uno de los países europeos con mayor esperanza de vida y mayor tasa de sustitución. Esto implica que los jubilados cobran una prestación muy superior a lo que aportaron al sistema, incluso si se tiene en cuenta la revalorización. Según los cálculos de Miguel Ángel García, publicados en Fedea, un jubilado cobra un 32% más de lo aportado al sistema (una vez descontada la rentabilidad de sus contribuciones a lo largo del periodo vital).

Foto: Imagen de una familia en Oviedo. (EFE)

El reto ya estaba identificado por el ministerio, de hecho, en su Programa de Estabilidad ya señala que uno de los objetivos de la futura reforma será "reforzar la contributividad del sistema de pensiones". La Comisión Europea lo explica de forma diferente y señala claramente a la "relación entre contribuciones y derechos". Aunque no señala específicamente a la tasa de sustitución, para aumentar la relación entre lo aportado y lo que se va a cobrar es necesario ingresar más por cotizaciones o reducir las prestaciones.

La Comisión Europea también señala que la segunda parte de la reforma de las pensiones incluirá también el nuevo régimen de los autónomos (RETA), medida que ya está negociando el ministerio en el diálogo social. El objetivo inicial del ministro Escrivá era diseñar ya el sistema definitivo para que las cotizaciones se ajusten a los ingresos reales de los autónomos, dando un periodo transitorio de una década para que entrara en vigor íntegramente. Sin embargo, la oposición de la patronal ha llevado al ministro a reconsiderar la magnitud de la reforma, que finalmente se limitará a un cambio del sistema para los próximos tres años.

Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE/Fernando Alvarado)

Estos son ahora los principales retos para el ministerio de cara a los próximos meses, una vez quede aprobado el fondo público de pensiones para el desarrollo del segundo pilar de las pensiones (los planes de empresa). Por ejemplo, la "extensión" o "adecuación" (según quién firme el documento, la Comisión Europea o el Gobierno) del periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación tiene que estar aprobada antes de final de año, según se comprometió España en el marco del plan de recuperación. Y la renovación del RETA tiene que estar lista en el primer semestre del año (antes de julio).

La Comisión Europea advierte al Gobierno de que debe ser "cuidadoso" en el diseño de la segunda parte del sistema de pensiones para "asegurar que contribuye positivamente a mitigar los riesgos de medio y largo plazo". Bruselas recuerda que con la reforma de Mariano Rajoy del año 2013 "se preveía una reducción del gasto", pero esta normativa ha quedado derogada. Además, subraya que España ha realizado "progresos limitados" en la recomendación de garantizar la sostenibilidad de las pensiones, pero espera "medidas relevantes" en los próximos meses para corregir esos riesgos.

La segunda parte de la reforma de las pensiones promete alta tensión en la política española durante los próximos meses. El Gobierno prometió a la Comisión Europea que en esta segunda fase se garantizaría la sostenibilidad financiera del sistema, pero para conseguirlo tiene que pedir esfuerzos a los trabajadores, una vez que ha quedado blindado el estatus de los pensionistas. El Gobierno ya ha subido las cotizaciones sociales y el siguiente paso será buscar fórmulas para moderar el gasto por las futuras pensiones. Una de las medidas que estudió en su momento el Ministerio de la Seguridad Social es elevar el periodo de años que se utilizan para el cálculo de la pensión, para subirlo desde los 25 años actuales hasta los 35 años. Esto es, utilizar años con salarios más bajos de los trabajadores para así reducir las pensiones iniciales de los futuros jubilados.

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